SNAI solo ejecutó el 11% de su plan de inversión en 2024, en medio de un incremento de muertes en cárceles de Ecuador

En medio de una crisis carcelaria marcada por el hacinamiento, la violencia y el alza de fallecimientos por enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ejecutó apenas el 11,13% del presupuesto de inversión asignado para 2024.

El servicio ejecutó solo USD 8,6 millones de los USD 77,9 disponibles de su presupuesto de inversión en las cárceles de Ecuador, según el informe de rendición de cuentas de la entidad, presentado el pasado 9 de julio de 2025.

El SNAI le atribuyó la baja ejecución presupuestaria a la imposibilidad de ejecutar completamente dos proyectos fundamentales del plan de Reestructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, dos cárceles cuya ejecución registra retrasos.

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Los 35 centros penitenciarios del país cuentan con una capacidad que se mantiene constante en casi 28.000 plazas, pero están sobrepoblados con más de 33.000 reclusos, uno de los problemas crónicos del sistema de rehabilitación del país. La meta es reducir el hacinamiento a menos del 10%.

El indicador de hacinamiento fue en constante crecimiento en 2024, es así que se inició en promedio en enero con 13.05% y para el final del año, en diciembre, el promedio fue de 21.05%.

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'Cárcel del encuentro' debió entregarse en abril

La construcción del centro de privación de libertad en Archidona (Napo), con una asignación de USD 25,1 millones, no pudo arrancar el año pasado debido a la oposición de la población local. El Gobierno Nacional anunció en diciembre que esta prisión se construiría en Salinas (Santa Elena), pero más de seis meses después aún no se ha colocado la primera piedra. 

Mientras que la construcción de la denominada ‘cárcel del encuentro’ en Santa Elena, con un asignación de USD 44 millones en 2024, se vio afectada por la paralización de la obra tras un atentado criminal con explosivos en diciembre de 2024. Apenas si se ha avanzado con la obra, desde entonces.

El contrato -por un total de USD 52,1 millones- se firmó el 27 de junio de 2024 y el plazo de ejecución de la obra era de 300 días (unos 10 meses). Es decir, la nueva cárcel debía entregarse hasta abril de 2025 y ahora se espera que se concluya hasta fin de año.

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Durante 2024, el sistema penitenciario de Ecuador registró 11 amotinamientos y 141 evasiones o fugas, de las cuales 73 personas fueron recapturadas y 68 permanecen prófugas. 

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De hecho, la cárcel de Santa Elena registró un avance del 27,75% hasta diciembre de 2024, tras medio año de ejecución. Mientras en los primeros seis meses de 2025 solo ha avanzado 7,5%, hasta un 35% del proyecto, de acuerdo a datos proporcionados por el coronel Mauricio Mayorga, director del SNAI.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló el mes pasado que se espera que esta cárcel de máxima seguridad esté concluida para finales finales de 2025 y que uno de sus primeros inquilinos sería William Joffre Alcívar Bautista, alias 'Comandante Willy', cabecilla de Los Tiguerones, a quien España espera extraditar a Ecuador, si se cumplen condiciones de seguridad penitenciaria.

La nueva prisión -que se construye en un área de 16,8 hectáreas al sur de la comuna Juntas del Pacífico- prevé contar con cinco pabellones y tendrá capacidad para albergar a 736 presos. 

Las muertes aumentaron un 28%

En 2023, el SNAI ejecutó el 42% de su plan de inversión y organismos como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y el Observatorio de Contratación Pública acusaron la “ineficiencia” y la falta de planificación de la institución. La baja ejecución contrasta con un incremento del hacinamiento y las muertes en el sistema penitenciario.

En 2024 se registraron 322 fallecimientos en los centros de privación, teniendo como variables cuatro posibles causas, según el SNAI: muerte por causa natural, violencia, suicido y muertes aún “por determinar”. Mientras que en 2023 se contabilizaron 250 fallecidos. 

El incremento interanual de los fallecimientos es del 28% dividido de la siguiente manera:

Además, se reporta un aumento del 45% en las muertes naturales de reclusos, relacionado principalmente por un brote de tuberculosis provocado por desnutrición de la población carcelaria, según un diagnóstico de la Defensoría del Pueblo.

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En materia de salud, 6.200 personas privadas de libertad recibieron atención médica por enfermedades como tuberculosis, VIH, influenza y COVID-19 el año pasado, según cifras del SNAI.

Los gastos más significativos del sistema carcelario corresponden a los servicios de alimentación para los privados de libertad, que le representaron al SNAI egresos por USD 10,2 millones el año pasado.

El director del SNAI destacó en la rendición de cuentas que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encargaron de la seguridad intramuros y extramuros tras los decretos presidenciales de inicios de 2024, lo que contribuyó a reducir la tasa de mortalidad por enfrentamientos armados en comparación con años anteriores.

El cuerpo de seguridad penitenciaria, integrado por más de 4.000 funcionarios civiles, se encarga de la seguridad dinámica, que incluye la supervisión y la relación directa con los reclusos.

En materia disciplinaria, se procesaron el año pasado 1.136 sumarios administrativos contra estos funcionarios, que provocó 33 destituciones, 62 sanciones económicas y 523 procesos archivados. Hasta finales de año, 731 procesos seguían en trámite.