El Observatorio de Contratación Pública tacha de “ineficiente” al Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), al frente de las cárceles. También cuestiona un contrato de provisión de alimentos por USD 27 millones.
En medio de una honda crisis penitenciaria, el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) planificó en 2023 gastos de inversión por USD 16,8 millones. Pero sólo ejecutó el 42,92% de esa cifra, es decir USD 7,2 millones, según datos de la entidad.
Ese presupuesto de inversión no permanente correspondía al proyecto de Reestructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que no llegó a ejecutarse de forma integral, a pesar las grandes falencias y de las necesidades en las cárceles del país.
Según un análisis del Plan Anual de Contratación (PAC) del SNAI, realizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y el Observatorio de Contratación Pública, la brecha en millones de dólares, entre lo planificado y lo ejecutado, sería aún mayor.
En todo caso, la FCD y el Observatorio encontraron que el nivel de ejecución es del 40%. "Esta discrepancia revela una brecha entre la planificación y la ejecución, evidenciando ineficiencia en la institución", reza un informe reciente de las entidades.
El análisis al plan de contratación revela como un solo proveedor se encargó, por ejemplo, de los servicios alimenticios de los presos por un monto de USD 27 millones en 2023, sin que medien procesos de contratación pública y abusando del mecanismo de convenio de pago.
Así, el Observatorio pide tomar medidas administrativas más decisivas en el proceso de restablecimiento del control de las prisiones y para garantizar la seguridad de los reclusos.
El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad ejecutó en 2023 un presupuesto de USD 108,4 millones y destinó más de la mitad, USD 62 millones, al pago de personal.
Según el organismo que administra el sistema penitenciario, el porcentaje de ejecución presupuestaria fue del 95% del gasto corriente; pero solo del 42% en el gasto de inversión.
Servicios de alimentación vía acuerdo entre partes
De acuerdo a datos de la Plataforma de Contrataciones Abiertas, la empresa Lafattoria S.A ha sido la proveedora de alimentos para los centros de privación de libertad en Ecuador desde 2015. También provee servicios de alimentación al Ministerio de Educación.
En primera instancia, la Secretaría de Derechos Humanos se encargó de contratar sus servicios hasta 2018 y en adelante esa responsabilidad se transfirió al SNAI. Desde 2000 se han formalizado al menos 13 convenios de pago entre ambas entidades por USD 77 millones.
Solo en 2023 se registran nueve acuerdos de convenios de pago por más de USD 27 millones. Es más, se suscriben los convenios meses después de proporcionados los servicios de alimentación penitenciarios a escala nacional.
El SNAI reconoce en su rendición de cuentas de 2023 que esta figura del convenio se aplica por excepción, cuando no es posible celebrar un contrato observando formalidades de la Contratación Pública. Pero su aplicación se volvió sistemática, según los registros de la entidad.
Intervención del bloque de seguridad en una de las cárceles de Guayaquil, 18 de enero de 2024. Cuenta X de SNAI
El Observatorio de Contratación Pública subraya que estos acuerdos de pago son mecanismos excepcionales y llama a examinar la relación entre la agilización de los procesos y el respeto a los procedimientos legales.
De acuerdo a los testimonios de los presos en Guayaquil, la alimentación es tan mala, que incluye por ejemplo un “encebollado de la muerte que te manda directo al baño”. Antes de la militarización, los detenidos que tenían la posibilidad preferían cocinar sus propios alimentos.
Además, este año se han documentado casos de enfermos que han llegado con cuadros de desnutrición al hospital de Monte Sinaí.
Lafattoria S.A, la empresa proveedora de alimentos, tiene como beneficiarios finales, según la Super de Compañías, a Richard Villagrán Freire, estadounidense, con el 99% de las acciones de la compañía; y a Rosa Mueckay Morales, ecuatoriana, con el 1% de las acciones.
Pabellones destruidos desde 2021
Con las prisiones convertidas en centros de mando, donde las bandas criminales luchan por el control del territorio y las rutas del narcotráfico, el SNAI fue incapaz de mantener el control, a pesar de un presupuesto asignado de USD 138 millones, el año pasado.
De hecho, el Gobierno Nacional mantiene la militarización de las prisiones vía decreto desde el 9 de enero.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se seguirán encargando de la seguridad intra y extramuros, mientras al SNAI se le asigna “el proceso de la gestión penitenciaria".
Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante una incursión en la Penitenciaria del Litoral, en búsqueda de armas, municiones y explosivos. API
En 2023 se realizaron 10 intervenciones de repotenciación de infraestructura en las cárceles por USD 2 millones. La más grande consistió en la reparación de los pabellones 6 y 7 de la Penitenciaría del Litoral, por un presupuesto de USD 829.841.
Pero, por ejemplo, en la misma Penitenciaría, al norte de Guayaquil, los pabellones 2 y 10 permanecen destruidos desde las masacres carcelarias de 2021.
Los militares que intervienen en la prisión conocen a esos espacios destruidos por balazos y explosiones como el “callejón de la muerte”. Allí se lanzaban cadáveres desde los pabellones colindantes durante masacres y amotinamientos, refirió un oficial.
De hecho, Luis Eduardo Zaldumbide, director del SNAI desde diciembre pasado, reconoció que el Estado había perdido el control de los centros carcelarios.
Es más, se detectó que no existen procesos establecidos para la solución de conflictos en los diferentes escenarios, tanto en el área administrativa y técnica, lo que conlleva una debilidad en prevención, apuntó el funcionario en una reciente rendición de cuentas.
“Esto ha provocado que se reduzca y debilite la capacidad de planificación y cumplimiento de las necesidades y exigencias en los centros de privación de libertad a escala nacional”, agregó Zaldumbide.
Altos niveles de hacinamiento
La nueva administración se propone ejecutar de forma urgente proyectos de reinserción y de mantenimiento de las cárceles. Y tiene a cargo el plan de construcción de las dos nuevas prisiones en Santa Elena y Pastaza, a fin de reducir el hacinamiento.
- La población de las 36 cárceles de Ecuador alcanzó una media de 31.273 privados de libertad, el año pasado.
- Es decir, con una sobrepoblación de 3.707 privados de libertad, se excedió la capacidad instalada y el nivel de hacinamiento se ubicó en 13,45% en 2023, en promedio.
- Pero en la cárcel de Machala (El Oro) el hacinamiento bordeó el 75% en 2023. Mientras, en la Penitenciaría del Litoral (Guayas) el hacinamiento se situó en 40,85% el año pasado y hasta febrero de 2024 se incrementó hasta el 54%.
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