La interceptación de las conversaciones permitió la desarticulación de una organización integrada por policías activos y pasivos que negociaban la venta de repuestos, incluso un carro en USD 12.000, que habían sido retenidos como evidencias en procesos judiciales en Guayaquil.

• Detienen a 12 policías por presunta manipulación de evidencias y robo de carros retenidos en Guayaquil

En 16 allanamientos, la madrugada del 30 de septiembre de 2026, la Policía detuvo a 13 personas, entre ellos 10 policías activos, uno pasivo y dos particulares que integraban una presunta red delictiva a la que Fiscalía comenzó a investigar a raíz de un parte informativo elaborado por la Unidad de Inteligencia de la misma Policía el 8 de enero de 2026.

El parte denunciaba la formación de una “presunta estructura criminal en el centro de acopio de indicios y evidencias de la Policía Judicial de la Zona 8”. La investigación comenzó por el delito de delincuencia organizada, pero la Fiscalía le dio un giro al caso cuando descubrió que en la red no había jefes o roles y que para unirse bastaba la "voluntad o un simple acuerdo".

Así, el caso se cambió a asociación ilícita, un delito que se castiga con privación de libertad de tres a cinco años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La investigación identificó a servidores policiales que “alteraban evidencias en beneficio de terceros”.

Modus operandi de la red

¿Cómo se daba esta alteración de evidencias? La Fiscalía sostiene que la red operaba en los patios de la Policía Judicial, ubicados en dos oficinas: en las bodegas de la avenida Rodríguez Bonín (conocida como PJ) y en el canchón de retención vehicular en Chongón.

Hasta allá llegan a diario miles de evidencias recogidas por la Policía en los allanamientos a domicilios, oficinas o locales donde se detiene a los procesados por algún delito de acción pública. Desde chips, celulares, laptops hasta motocicletas, vehículos o camiones se acumulan en estas bodegas bajo la custodia de la Policía Judicial, a disposición de peritos o jueces.

Chats de policías

La explotación de los chats entre los detenidos arroja conversaciones en las que usuarios se contactan con policías para negociar repuestos de vehículos, piezas y hasta carros.

“¿Cuándo puedo ingresar nuevamente a los patios para cambiar repuestos de motocicletas?”, consta en una conversación sostenida entre el policía Iván P. L. y un usuario desconocido. Como repuesta, el servidor policial le envía el contacto telefónico de otro policía, Alejandro Ch., quien laboraba en los patios de evidencias.

Con autorización judicial, la Fiscalía intervino los teléfonos de otros dos policías, David O. B. y Douglas G. M., a quienes constató diálogos en los que hacían referencia a “retirar piezas, aflojar tuercas, lavar un vehículo, sacar una llanta y completar trabajos”. La ubicación de esas conversaciones tenía como escenario los patios de la PJ, en la avenida Rodríguez Bonín.

En otro chat se mencionaba que alias ‘el mecánico’ hacía presencia en los patios de Chongón y que robaba partes de los vehículos que luego negociaba con terceros. En la investigación policial se atribuye el nombre de Darío a alias ‘el mecánico’.

“Otras comunicaciones aluden a tacómetros y piezas de vehículos. Fiscalía sostiene que los registros técnicos y las diligencias de campo evidencian una dinámica coordinada respecto del acceso, custodia, manipulación o disposición de teléfonos, vehículos y autopartes bajo responsabilidad policial”.

Fiscalía

Cinco alertas del delito

Desde hace dos años, en los dos patios, de la PJ y de Chongón, se han presentado las primeras denuncias de irregularidades en la manipulación de evidencias y negociación de partes de vehículos, las que marcaban una secuencia y permanencia en los hechos delictivos:

• En septiembre de 2024, dos policías fueron mencionados en una denuncia sobre “una presunta negociación de autopartes de vehículos bajo custodia institucional”.
• En octubre de 2024 se investigó la presunta venta del vehículo Kia Sportage, en USD 12.000, cuya entrega fue presenciada por dos policías activos, pese a que el automotor tenía orden de retención por una investigación de tráfico de drogas.
• El 26 de mayo de 2025 se detectó que un teléfono incautado a un procesado David Joel C. S., que había ingresado al centro de acopio el 30 de abril, había sido reiniciado y que presentaba restablecimiento de fábrica al momento de realizarse una pericia judicial.
• El 28 de octubre de 2025 se detectaron alteraciones en un dispositivo perteneciente a María Gabriela F. M. mientras estaba bajo custodia.
• El 25 de mayo de 2026 se obtuvo información sobre la presencia de una persona conocida como “el mecánico”, quien operaba en los patios de Chongón y que estaba relacionado con “una posible sustracción de autopartes”.

Evidencias manipuladas

David C. S., un empleado público de 41 años, había sido procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y por ingresar artículos prohibidos a los centros de rehabilitación cuando prestaba servicios en el SNAI. El mismo procesado admitió su responsabilidad y se acogió al procedimiento abreviado tras admitir que recibía pagos por beneficios penitenciarios.

Mientras que María Gabriela F. M., de 42 años y excoordinadora de Patrocinio Judicial y Extrajudicial de la Autoridad de Tránsito de Guayaquil (ATM), fue procesada por asociación ilícita en enero de 2026 en medio de un operativo que desarticuló una red que alteraba documentos públicos para permitir la evasión de infractores de tránsito detenidos.

Los teléfonos de David C. y de María Gabriela F. constaban como evidencia de sus presuntos delitos, por lo que fueron requeridos para peritajes durante el proceso judicial. No obstante, cuando los peritos intervinieron los dispositivos constataron que habían sido manipulados. En el caso de María Gabriela F., fue declarada inocente en el proceso por asociación ilícita.

De los 13 procesados, cinco policías, cuatro de ellos en servicio activo, recibieron orden de prisión y se encuentran en la Penitenciaría del Litoral, mientras que a los ocho restantes, seis policías y dos particulares, se les impuso otras medidas como la prohibición de salida del país y la presentación obligatoria dos veces por semana ante la Fiscalía.