Fiscalía investiga supuesto caso de corrupción en las filas policiales en Pedernales, Manabí
Dos policías en servicio activo del cantón Pedernales, en Manabí, son procesados por el delito de concusión. Según las investigaciones, ellos intimidaron a una mujer haciéndole creer que había cometido un delito y para dejarla en libertad le habrían cobrado USD 2.500.
Un procedimiento policial en Pedernales (Manabí), en marzo de 2026.
- Foto
Cortesía
Autor:
Actualizada:
Compartir:
La Fiscalía General del Estado investiga en Manabí una presunta red de corrupción conformada por dos policías y un ciudadano chino, quienes habría exigido dinero a cambio de “favores de libertad”.
Cerca de las 15:00 del domingo 26 de abril de 2026, según consta en el expediente judicial, en la calle Malecón y Plaza Acosta, del cantón Pedernales, al norte de Manabí, dos servidores policiales, uno agente de la Policía Judicial (PJ) y el otro un cabo primero de la Unidad de Centro de Acopio y Evidencias de Pedernales, detuvieron a una mujer por el delito de receptación de un vehículo.
Hasta ahí parecería un procedimiento normal, pero, de acuerdo con información del proceso judicial, los policías exigieron a la ciudadana USD 2.500 para dejarla en libertad, monto fue transferido por el novio de la víctima a una tercera persona, un ciudadano chino, quien habría recibido el dinero en su cuenta.
La víctima denunció que la intimidaron diciéndole que su carro estaba reportado como robado y que iba a ser detenida. Sin embargo, las investigaciones determinaron lo contrario.
Una vez que la Sección de Investigación de la Conducta Policial conoció el caso, el 27 de abril de 2026, a las 00:15, se reportó la captura de los sospechosos, incluido el ciudadano chino.
Además, en el reporte policial consta que se hizo una verificación en las instalaciones de la Policía Judicial del cantón y que un servidor en grado de cabo segundo, que cumplía labores de Técnico Operativo de la Policía Judicial de Pedernales, estaba “ausente en el servicio”.
Esta cuarta persona, según el documento judicial, "está huyendo”, por lo que una vez que se dé con su paradero se determinará su responsabilidad en el caso.
El caso se lleva en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Pedernales y los sospechosos guardan prisión en el Centro de Rehabilitación Social Pichincha Número 2, conocido como la cárcel 4.
De extorsión al delito de concusión
La instrucción fiscal dura 30 días y en primera instancia se los procesó por el delito de extorsión, pero durante las diligencias, y al existir policías involucrados, el delito se cambió a concusión. Todos son acusados en calidad de autores.
A la fecha, las pesquisas han avanzado y dentro de la investigación previa se ha pedido la recepción del testimonio urgente de la víctima y su novio para el 22 de mayo de 2026, a las 10:00, en la cámara de Gessell de la Unidad Judicial de Pedernales.
Además, el juez de la causa ha autorizado el reconocimiento, apertura, extracción, transcripción y materialización de las imágenes, audios, videos y afines de los dispositivos móviles (celulares) incautados, que permanecen como indicios e ingresados bajo cadena de custodia en las bodegas de la Policía Judicial del cantón norte.
De igual forma, las víctimas ya cuentan con medidas especial de protección a la integridad personal con boleta de auxilio. Es decir, los procesados tienen prohibido acercarse a las víctimas, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren.
La medida incluye que los sospechosos no pueden realizar actos de persecución o de intimidación a las víctimas o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros.
'Embestida 51' y otros casos
A finales de noviembre de 2025, en el operativo ‘Embestida 51’, ejecutado en Manabí y otras zonas del p, fueron capturados 13 ciudadanos, siete de ellos son policías en servicio activo.
La causa se originó a raíz de la desarticulación de una presunta red delictiva dedicada al robo agravado en Manta y que tenía nexos con policías de la Sierra Centro y Guayas.
El caso se remonta al 22 de febrero de 2025, cuando un grupo de personas armadas, portando uniformes y utilizando logística institucional policial, ingresó a una vivienda en Manta para sustraer USD 100.000 en efectivo, joyas y otros bienes, bajo la fachada de un allanamiento legal.
Según el expediente, los policías están acusados de utilizar información sensible, emitir órdenes de allanamiento, simular operativos e ingresar a domicilios para apropiarse de armas, municiones, drogas y dinero.
Dentro de esta investigación, el fiscal del caso deberá sustentar y presentar su dictamen el 22 de mayo de 2026, durante la audiencia de evaluación y preparatoria al juicio, a realizarse desde las 09:00,
En abril pasado, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que, en 2025, a escala nacional, más de 400 uniformados fueron depurados (separados) de las filas de la Policía por estar inmersos con distintos actos que no están apegados a la ley.
Mientras que, en 2024, según información de la Policía Nacional, se desvincularon 425 agentes por delitos e inconductas, como resultado de un proceso de autodepuración.
Compartir: