Personal militar realiza estudios de suelo y abre trochas en límites entre las comunas Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy. Comuneros denuncian que polígonos de la cárcel afectan a posesionarios de tierras ancestrales.
Los militares entraron hace dos semanas con camiones y camionetas al lugar donde se ubicará la nueva cárcel de Santa Elena, al sur de la comuna Juntas del Pacífico. Abrieron una trocha en el monte y volaron drones para establecer el polígono de construcción.
Además, de acuerdo a personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial de Simón Bolívar, el personal militar realizó los primeros estudios de suelo.
La presencia inicial de soldados por poco más de una semana y el inicio de los trabajos en una zona de caminos destapados, rutas de tercer orden y con problemas de acceso debido a las lluvias, genera denuncias y rechazo de comuneros de la zona.
Es más, la Federación de Comunas Ancestrales de la Provincia de Santa Elena (Fedecomse) manifestó este lunes 25 de marzo su total rechazo a la construcción de una nueva cárcel en territorio peninsular.
De hecho, el rechazo de la federación se acompañó de denuncias de afectación a socios de las comunas Juntas del Pacífico, en Simón Bolívar, y Bajada de Chanduy, en Chanduy, en los límites donde se ubicará la nueva mega prisión.
Y es que no hay claridad sobre el polígono en el que se construirá la infraestructura en un terreno de 300 hectáreas revertido al estado por una hipoteca. Luego se redujo a 50 hectáreas el predio de construcción de la nueva prisión y más tarde a 37 hectáreas.
Además, la Fedecomse denuncia que se están moviendo coordenadas fuera del polígono inicial, afectando a terceros, según señaló Walter Hermenegildo, presidente de la comuna Bajada de Chanduy. “Este es el inicio del apoderamiento de todo ese sector”, dijo.
El sitio de construcción se encuentra unos ocho kilómetros lineales al norte de Cerecita (Guayas), a la altura del kilómetro 90 de la vía a la Costa. Se trata de un sector rural de difícil acceso y escasa señal telefónica cerca a los límites de las provincias de Guayas y Santa Elena.
Familias afectadas en dos comunas
Donald Cabrera, comunero de la zona, denunció en rueda de prensa que se está afectando parte de 435 hectáreas del predio La Envidia, de propiedad de 12 familias posesionarias de la tierra por cerca de un siglo.
Los Cabrera Parrales y Cabrera Villón denuncian que militares están abriendo trochas en sus predios y volando drones para trazar nuevos polígonos que afectan sus derechos.
Mientras en el lado de Juntas del Pacífico persisten también las denuncias de afectación a predios de socios comuneros, de 20 familias, entre ellos los Lainez Ramírez. Y es que en ese sector temen que una parte de 100 hectáreas se puedan ver afectadas por una "errada planimetría".
Cabrera argumenta que el terreno en cuestión nunca ha sido del Estado y exhibe documentos que datan desde 1933, como el pago de impuestos prediales rurales. También mostró un certificado del Municipio de Santa Elena que certifica la posesión desde 1955.
“Nosotros no hemos hecho préstamos a ningún banco como para que digan que nuestras tierras han sido revertidas al Estado. Las tierras comunales, ancestrales, son intransferibles”, dijo el comunero.
Federación de Comunas de Santa Elena ofreció una rueda de prensa este 25 de marzo de 2024 para rechazar la construcción de la cárcel en la parroquia Simón Bolívar, también conocida como Julio Moreno. PRIMICIAS
Félix de la Cruz, presidente de Juntas del Pacífico, informó que las 300 hectáreas fueron hipotecadas en 1993 al Banco del Azuay. Como no se canceló la hipoteca, tras la bancarrota se transfieren los dominios al Banco Central del Ecuador (BCE).
De hecho, en 2015 el Gobierno mostró su interés de devolver esos predios a las asociaciones de comuneros, pero no sé logró finalmente una nueva adjudicación, explicó.
Según De La Cruz, ya se adjudicaron 39 de esas 300 hectáreas al Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) en el Registro de la Propiedad de Santa Elena, “donde los 'errores' han sido constantes respecto a las tierras comunales”.
“Estamos pidiendo las coordenadas para verificar el sitio con un perito”, dijo el dirigente.
El recinto Don Lucas, de una docena de vivienda y parte de la parroquia Bajada de Chanduy, será la población más cercana a la nueva cárcel, un kilómetro al sur de donde militares abrieron una trocha. PRIMICIAS
Temen tráfico y despojo de tierras
La Federación denunció que están apareciendo títulos de propiedad sobre un territorio que es intransferible e inembargable. En las comunidades preocupa que el proyecto sea la punta de lanza para el despojo de tierras en la zona o la proliferación de asentamientos irregulares.
“Consideramos que este puede ser el punto de partida para el despojo de 30.000 hectáreas de tierras ancestrales en disputa, desde la nueva cárcel hasta la comuna de Ciénaga, lo que afectaría a nueve comunas”, aseguró Luis Castellano, vicepresidente de la comuna Sucre.
Además, aseguran que el proyecto es inconsulto y no ha sido debidamente socializado en poblaciones afectadas como Bajada de Chanduy, violando el derecho a la consulta previa.
Cabrera sostuvo que incluso en el caso de “la supuesta hipoteca” de las 300 hectáreas se trata de un “proceso impugnable, viciado de ilegalidad y de corrupción desde 2017”.
“Lo que se pretende es convertir a un territorio de paz en una zona de guerra; porque esas son las cárceles, grandes focos de corrupción y de violencia”.
Donald Cabrera, comunero afectado.
La disputa por la tierra se extiende también a la preservación de un ecosistema diverso y de modos de vida tradicionales de estas comunidades, herederas de la cultura huancavilca.
Con la construcción de la cárcel se amenaza el territorio y la forma de vida de comuneros que viven de la agricultura en la zona, aducen los comuneros.
Finalmente, la Federación no descartó realizar en los próximos días un plantón de protesta en la Gobernación de Santa Elena, en rechazo a la construcción de la cárcel.
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