La Federación denunció un presunto movimiento de coordenadas de predios estatales que están afectando a comuneros de Juntas del Pacífico y de Bajada de Chanduy. Militares comenzaron a abrir trochas en la zona.
La Federación de Comunas Ancestrales de la Provincia de Santa Elena (Fedecomse) manifestó su total rechazo a la construcción de una nueva cárcel en territorio peninsular.
En rueda de prensa, la Federación denunció que presuntamente se están moviendo coordenadas de 300 hectáreas de predios estatales.
Esto, aseguran, afecta a comuneros posesionarios de tierras ancestrales en límites entre las comunas Juntas del Pacífico, de la parroquia Simón Bolívar, y Bajada de Chanduy, de Chanduy.
Además, en la Federación confirmaron que personal militar comenzó a abrir trochas en la zona previo a la construcción de la cárcel de máxima seguridad.
El sitio de construcción se encuentra unos ocho kilómetros al norte de Cerecita (Guayas), a la altura del kilómetro 90 de la vía a la Costa, en un sector rural de difícil acceso cerca a los límites de Guayas y Santa Elena.
Un problema de tierras
Elvis Suárez, presidente de la Fedecomse, informó en rueda de prensa, este lunes 25 de marzo, que el rechazo al proyecto se aprobó por unanimidad en una asamblea general el pasado 20 de marzo.
“Toda gran construcción nos genera a la larga un problema de invasión de tierras”, dijo Suárez. Además, siguen apareciendo títulos de propiedad sobre un territorio que es intransferible e inembargable, dijo.
En las comunidades preocupa que el proyecto sea la punta de lanza para el despojo de tierras en la zona. Walter Hermenegildo, presidente de la comuna Bajada de Chanduy, dijo que el proyecto es inconsulto y que no ha sido socializado en la comunidad, violando el derecho a la consulta previa.
El polígono de 300 hectáreas de tierras estatales luego se redujo a 50. Hermenegildo aseguró que el problema es que las coordenadas del polígono se están moviendo hacia otros lugares, lo que está afectando a socios comuneros.
Una vista del ingreso a la comuna Juntas del Pacífico, ubicada al norte de donde se prevé construir una nueva cárcel, en el interior de la provincia de Santa Elena. API
Félix de la Cruz, presidente de Juntas del Pacífico, manifestó que las 300 hectáreas fueron hipotecadas en 1993 al Banco del Azuay. Como no se canceló la hipoteca, tras la bancarrota se transfieren los dominios al Banco Central del Ecuador.
En 2015, el Gobierno mostró su interés en devolver esos predios a asociaciones de comuneros, pero no se logró adjudicar, explicó.
Pero Donald Cabrera, uno de los perjudicados, dice que la propia adjudicación e hipoteca de tierras comunales es "un proceso viciado de ilegalidad y de corrupción desde 2017".
El personal militar está abriendo trochas en terrenos de 12 familias en la finca La Envidia, de Bajada de Chanduy. “Se nos quiere arrebatar lo único que tenemos. Estas tierras nunca han sido del Estado”, dijo.
La Federación no descartó realizar en los próximos días un plantón de protesta en la Gobernación de Santa Elena, en rechazo a la construcción de la cárcel.
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