Los apacibles paisajes de la parroquia rural Simón Bolívar, en Santa Elena, pronto se verán alterados con la construcción de una nueva cárcel entre Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy. Los impactos a la seguridad preocupan en la zona.
Como un oasis de paz. Así describen los habitantes de la parroquia rural Simón Bolívar, en la provincia de Santa Elena, a sus ocho comunas y tres recintos. Se trata de una tierra pacífica de raíz ancestral que albergará una de las nuevas megacárceles de Ecuador.
La población tiene 5.000 habitantes, pero está dispersa en pueblos ubicados a lo largo de 40 kilómetros. Solo dos policías están a cargo de ese territorio, una zona con escasas muertes violentas, pero donde los robos han venido creciendo desde fines del año pasado.
Estadísticas: estos son los números históricos del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC
La seguridad es la principal preocupación en las comunidades rurales del sector, sobre todo de Julio Moreno (Simón Bolívar o La Barranca) -la cabecera parroquial- y Juntas del Pacífico, las comunidades más cercanas al norte de la zona donde se levantará la nueva prisión.
El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que las dos nuevas prisiones –la segunda estará en Pastaza– se construirán con material prefabricado y deberán estar operativas entre 10 a 11 meses, antes de que concluya 2024.
Pero en Santa Elena ni siquiera inician los movimientos de tierra. La nueva cárcel se prevé construir en terrenos estatales, en medio de apacibles paisajes, en una antigua hacienda de 300 hectáreas cuya propiedad se revirtió a la banca pública tras la ejecución de una hipoteca.
Sitio El Corralito, en la comuna Juntas del Pacífico, ubicada en el límite norte de los terrenos donde se prevé levantar nueva cárcel. API
Se trata de una zona de difícil acceso, con caminos rurales destapados -terciarios-, que se vuelven intransitables durante la etapa lluviosa.
En El Corralito, al norte donde se prevé construir la cárcel, se cultiva maíz, ciruelas y pitahayas en medio de valles y colinas, un sector de constante “sube y baja” por los cerros.
De hecho, a Juntas del Pacífico se la conoce como la capital mundial de las ciruelas (se elaboran vinos y mermeladas para un festival anual, a inicios de noviembre).
Reclamos y prevenciones de comuneros
El jueves 8 de febrero, el gobernador de Santa Elena, autoridades del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y del Ministerio de Agricultura visitaron Simón Bolívar para apaciguar a los comuneros.
La segunda gran preocupación en la zona es que el proyecto toque tierras comunales, que pertenecen a las familias de Juntas del Pacífico.
En la familia Laínez Ramírez temen que por una presunta mala planimetría se intercepte y afecte a 100 hectáreas de tierras comunales.
“No nos oponemos a que se construya la cárcel, pero que se no toquen tierras que venimos trabajando 20 familias desde hace más de 80 años”, indicó Orlando Lainez, uno de los comuneros, a quien también le preocupa convertirse en vecino de la nueva prisión.
Karina Balón, presidenta de la Junta Parroquial de Simón Bolívar, informó que las autoridades aclararon que los terrenos pertenecen al Estado y que no habrá un gran impacto a los comuneros. Aún se están realizando estudios antes de comenzar la construcción, agregó.
“Queremos que nos garanticen la seguridad porque nuestra parroquia ha sido tranquila. Que se minimice el impacto social y que no se perjudique a todo este territorio”.
Karina Balón, Junta Parroquial Simón Bolívar.
Balón subrayó su preocupación por la seguridad en la zona, debido a robos recientes en los extremos de una vía principal, de segundo orden, que conecta a los pueblos. Las comunidades desean mantener la tranquilidad con la que han contado tradicionalmente, dijo.
Por lo pronto se solicitó aumentar al menos a cinco policías el contingente en la zona y mejorar su equipamiento, porque según Balón, el vehículo con el que actualmente cuentan los agentes ni siquiera puede subir las cuestas de sectores rurales.
Dos opciones de ingreso
José Daniel Villao, prefecto de Santa Elena, aseguró que la entidad está ofreciendo la apertura necesaria -en el ámbito de su competencia como institución- “para la ejecución de este importante proyecto para el país”.
El Ministerio de Ambiente y el SNAI ya contactaron al Gobierno Provincial. “Y entiendo que la Gobernación está realizando las socializaciones en el área de influencia”, dijo Villao.
La construcción se desarrollaría entre la comuna Juntas del Pacifico y Bajada de Chanduy, en un sector del recinto Don Lucas, ratificó el Prefecto.
“Sería más cómodo el ingreso por Cerecita, aunque se podría ingresar a la nueva cárcel por distintos lugares, incluido Juntas del Pacífico”.
José Daniel Villao, prefecto de Santa Elena.
Vista de la vía rural en el sector El Corralito, en la comuna Juntas, al norte de donde se prevé construir megacárcel. API
En criterio de Villao, lo mejor sería construir una nueva carretera de acceso desde la vía a la Costa (estatal E-40), a la altura de Cerecita, en el límite con la provincia de Guayas.
Desde la vía a la Costa hasta los terrenos estatales, donde se prevé levantar la cárcel hay una distancia de unos ocho kilómetros, en línea recta.
Es más, la Prefectura cuenta con un estudio contratado con anterioridad para esa vía, correspondiente al eje vial rural primario de la provincia de Santa Elena.
Mientras que la carretera secundaria que une a las comunidades de la parroquia rural Simón Bolívar se encuentra en estado aceptable, aunque con tramos puntuales de baches. A la comuna Juntas del Pacifico se ingresa por el kilómetro 30 de la vía a la costa.
Según Villao, la carretera de ingreso a la zona rural requiere de mantenimiento y recapeo total. En mayo próximo, la Prefectura de Santa Elena prevé intervenir con bacheo y con una nueva carpeta asfáltica, en un proyecto que se socializará tras la etapa lluviosa.
Lo último