El Consejo de la Judicatura declaró la necesidad extraordinaria y emergente en la Función Judicial para nombrar a 222 jueces temporales de Unidad Judicial. La medida busca evitar la parálisis operativa en dependencias con déficit de magistrados y alta carga procesal.

Esta decisión responde a la falta de un banco de elegibles activo en la carrera ordinaria, el cual venció el 3 de enero de 2024 tras cumplir seis años de vigencia. Desde 2017 no se realiza un concurso general para jueces titulares.

El Informe Técnico CJ-DNTH-SA-2026-1289 identificó a Guayas como la provincia con mayor impacto operativo, registrando 58 vacantes en Unidades Penales, Violencia y Trabajo. Asimismo, juzgados en Catamayo, Oña, Rocafuerte, Portovelo, Chaguarpamba y La Mariscal en Quito afrontan un riesgo de parálisis de sus despachos.

Para cubrir vacantes por la jubilación de 62 jueces titulares al 30 de junio de 2026, la entidad evaluará a servidores judiciales activos. Secretarios y ayudantes judiciales asumirán despachos tras aprobar un examen interno.

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Una década sin concursos ordinarios

El modelo actual de nombramiento de jueces se inició tras el mandato de la consulta popular del 7 de mayo de 2011, impulsado por el expresidente Rafael Correa, con el que se conformó el Consejo de la Judicatura. El 11 de julio de 2011 asumió sus funciones la conformación transitoria del organismo, integrada por Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, con la tarea de reorganizar el sistema.

En agosto de 2011, ese organismo aprobó el reglamento e instructivo para el primer concurso de méritos y oposición. El proceso culminó el 25 de enero de 2012, mediante el cual se nombró a 21 jueces titulares para la Corte Nacional de Justicia.

Posteriormente, el 24 de febrero de 2012, se oficializó el nombramiento de 21 conjueces de la Corte Nacional. Ese mismo año, el 11 de septiembre de 2012, el Pleno emitió una resolución para convocar a concurso público nacional destinado a seleccionar a 1.284 juezas y jueces ordinarios para el país.

El Consejo de la Judicatura definitivo, presidido por Gustavo Jalkh, asumió funciones en enero de 2013. El 15 de abril de ese año, la entidad aprobó el informe final del concurso masivo y procedió a nombrar a los primeros bloques de jueces titulares en diversas provincias.

Para gestionar las vacantes continuas en las dependencias judiciales, la administración de Jalkh implementó la unificación sistemática de los bancos de elegibles. Se creó el primer banco unificado nacional, sumando a los postulantes aprobados en las convocatorias iniciales.

Estos bancos de elegibles integran a los postulantes que aprueban el concurso público de méritos y el curso de formación inicial, pero no alcanzan una plaza titular inmediata. La lista se aplica en orden de calificación para cubrir vacantes definitivas provocadas por renuncia, destitución o jubilación. 

Entre 2016 y 2017 se convocó el último concurso público ordinario para juzgados de primer nivel, tribunales penales y cortes provinciales. La Resolución 061-2017 declaró a los elegibles para salas provinciales y tribunales distritales, mientras que la Resolución 170-2017 conformó el banco inicial para las unidades judiciales de primer nivel.

Desde ahí no se han vuelto a convocar concursos para jueces titulares.

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El banco y su caducidad

A finales de 2017, el Consejo de la Judicatura enfrentaba una alta demanda de personal para cubrir vacantes en juzgados y salas provinciales de todo el país. Con el objetivo de ordenar la cobertura de plazas por renuncia, jubilación o destitución, la entidad decidió consolidar un listado único de elegibles.

El 3 de enero de 2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por Jalkh, expidió la Resolución 003-2018, conformando el Banco Único de Elegibles de Jueces a Nivel Nacional estructurado por zonas. 

El artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece que la permanencia en un banco de elegibles tiene una vigencia máxima e improrrogable de seis años. Durante ese lapso, la Judicatura emitió nombramientos para llenar plazas vacantes y suplir destituciones o renuncias en las distintas provincias del país.

Resoluciones oficiales de la Judicatura revisadas por PRIMICIAS registran decenas de nombramientos individuales otorgados año a año entre 2018 y 2023, así como las exclusiones de quienes no se posesionaron a tiempo.

Sin embargo, al cumplirse el plazo de seis años el 3 de enero de 2024, la Resolución 003-2018 caducó, por lo que la Judicatura se quedó con cero elegibles activos para jueces ordinarios.

La temporalidad como regla

Tres años antes del vencimiento legal del banco de elegibles, la carga procesal y la negativa de algunos elegibles a asumir reemplazos provisionales llevaron a que el Consejo de la Judicatura normara los nombramientos temporales.

Durante la gestión de María del Carmen Maldonado, el Pleno aprobó el 20 de agosto de 2020 una resolución que reguló la asignación de encargos, subrogaciones y nombramientos de jueces temporales para atender vacantes urgentes en cantones con juzgados únicos o con alta carga procesal en el país.

Entre 2022 y 2023, bajo las presidencias de Fausto Murillo, Wilman Terán y Álvaro Román, la Judicatura otorgó nombramientos temporales en Pichincha, Guayas, Azuay, Loja y Tungurahua.

Dichas resoluciones autorizaron enviar en comisión de servicios a jueces titulares de primer nivel para que actúen temporalmente como jueces de Corte Provincial y Tribunales Penales. Asimismo, en Manabí se extendieron prórrogas a jueces temporales.

Tras la caducidad legal del banco de elegibles el 3 de enero de 2024, la temporalidad se hizo regla. Ante la imposibilidad de nombrar jueces titulares, el Pleno aprobó la Resolución 070-2025 para prorrogar de forma general la vigencia de los nombramientos temporales en funciones.

Pero este esquema de prórrogas consecutivas se volvió insuficiente a mediados de 2026 tras la aplicación del Plan Institucional de Desvinculación por Jubilación en las Resoluciones 108-2026 y 153-2026. 

Frente al desabastecimiento, se declaró la necesidad extraordinaria y emergencia nacional, fijando un déficit de 222 vacantes de jueces de Unidad Judicial, que volverán a ser llenadas con magistrados temporales.

Normativamente, el Consejo de la Judicatura debió convocar y ejecutar el nuevo concurso público ordinario en 2023. Sin embargo, tres años y varias administraciones después, el concurso no inicia y, nuevamente, se recurrirá a magistrados temporales.