A pesar de caminos inaccesibles, dificultades de acceso al agua potable o a señal telefónica, los habitantes de Don Lucas ponderan un modo de vida pacífico. El proyecto de nueva cárcel de Santa Elena amenaza la tranquilidad del recinto.
Las referencias de búsqueda en Internet hablan de forma equívoca de un “pueblo fantasma”. El recinto Don Lucas tiene una sola calle con una docena de casas dispuestas en hilera. Burros y vacas pastan en el camino. Y los niños reposan la tarde con sus mascotas, bajo dos árboles.
El agua potable llega en una camioneta, una vez al mes, por caminos intransitables para los autos, por los que transitan mayormente motocicletas en la temporada de lluvias.
La trabajosa ruta en moto por un camino sin asfaltar, con tramos enlodados, toma casi media hora a pesar de que el recinto Don Lucas, perteneciente a la comuna Bajada de Chanduy (Santa Elena), está a sólo cinco kilómetros lineales de dos comunas peninsulares.
Don Lucas se encuentra en los límites entre Bajada de Chanduy, de la parroquia Chanduy, y Juntas del Pacífico, de Simón Bolívar, al interior de Santa Elena.
Hace dos semanas militares abrieron una trocha a un kilómetro al norte del recinto, en los terrenos donde se prevé construir una nueva prisión. El pueblito será el lugar poblado más cercano a la megacárcel que planea construir el Gobierno Nacional.
Según una denuncia de la Federación de Comunas Ancestrales de la Provincia de Santa Elena (Fedecomse), personal militar voló drones para definir el perímetro de la prisión y abrió trochas en tierras de socios comuneros, violando el derecho de posesión ancestral.
Un celular público para 60 habitantes
La señal de telefonía móvil “también llega cansada” a Don Lucas, dicen los vecinos. Y en un cercado que hace de parque infantil, en un soporte de madera, reposa bajo un paraguas de colores descoloridos un celular. Se trata de un teléfono público para los 60 habitantes.
Las llamadas telefónicas solo entran a una marca y serie especial de celular en ese sector del pueblo. Y la otra opción para llamar es subir hasta lo alto de un cerro cercano.
“Esa es nuestra cabina telefónica, cuando llaman a alguien toca gritar o correr a buscar a los vecinos”, dice divertida Lidia Avelino, habitante del pequeño pueblo.
El recinto entraña un oasis de simplicidad campestre ahora bajo la sombra del proyecto de presidio de máxima seguridad.
Vicente Quimí, quien ha vivido sus 70 años en el recinto, dice que ni personal militar ni del Gobierno han llegado al pueblo. “Usted es el primer periodista que nos visita, licenciado. Y la última brigada médica llegó por acá hace dos años”, dice.
Los terrenos donde se prevé construir la nueva cárcel se ubican en un camino de tercer orden entre Don Lucas y Juntas del Pacífico.
Los militares abrieron la primera trocha a cerca de un kilómetro al norte del recinto y realizaron los primeros estudios de suelo. Allí solo dejaron una marca referencial en un poste eléctrico: “P 23”.
“No tenemos policías, pero aquí nunca pasa nada, esto es pacífico. Lo que tememos es que se armen estas matanzas horribles, como las de Guayaquil”.
Vicente Quimí, habitante de Don Lucas.
Quimí tiene sentimientos encontrados sobre la construcción de la megacárcel en vecindades. La obra les traerá seguramente mejoras en las vías de acceso, pero amenaza la tranquilidad de un sector que parece anclado en el siglo pasado.
Niños reposan bajo arboles en el sitio que hace parque infantil del recinto de Don Lucas, de la parroquia Bajada de Chanduy, anclado en el siglo pasado.
Dos horas de camino en burro por comida
A los agricultores de las 12 casas del recinto -15 con las familias que viven en fincas aledañas- les toma dos horas en burro sacar sus productos hasta Bajada de Chanduy, a poco más de cinco kilómetros al sur del recinto, por vías destrozadas por las lluvias.
“Son dos horas de viaje de ida y dos de venida. Vamos hasta Bajada de Chanduy en busca de la ‘sustancia’, de carne, pescado, pollo…”, agrega Quimí.
La población de 60 habitantes varía según la época del año, pues los niños y adolescentes salen a estudiar a comunas vecinas o incluso a Guayaquil.
El recinto tiene más de 100 años de historia y toma su nombre de uno de los primeros habitantes del sector, cuentan los vecinos.
“Lo que pedimos es que ahora que pasen las lluvias al menos envíen una máquina para arreglar el camino a Bajada de Chanduy, la comuna a la que pertenecemos y con la que tenemos más relación” agrega Avelino.
El agua potable llega al reciento Don Lucas desde Palo Santo o Cerecita (Guayas) una vez al mes, en una camioneta. Cada familia adquiere en promedio cuatro tanques de agua a un costo de USD 12, incluido el flete del vehículo.
“Vivimos prácticamente aislados", reclama Higinio Villón, habitante de 85 años de Don Lucas y quien vive en el lugar desde los 12 años. "Solo se acuerdan de nosotros para hacer una cárcel”.
La familia Quimí Bernabé charla afuera de una de las casas del recinto Don Lucas, con solo una docena de viviendas el poblado más cercano al sitio de construcción de nueva cárcel. Alexander García / PRIMICIAS
Las denuncias sobre el sitio de la nueva cárcel:
- El sitio de construcción de la cárcel se encuentra unos ocho kilómetros lineales al norte de Cerecita (Guayas), a la altura del kilómetro 90 de la vía a la Costa.
- Son 300 hectáreas de terrenos de propiedad estatal revertidas al Estado por una hipoteca. Pero se encuentra en medio de tierras comunales "intransferibles e inembargables", según reclama la federación de comuneros.
- En 1993, Guillermo Ramírez vendió las 300 hectáreas a Carlos Rodríguez, quien a su vez lo traspasó a una compañía, de acuerdo a documentos de la Fedecomse.
- Ese mismo año se hipotecan los terrenos al Banco del Azuay. Y en 2012 esa entidad financiera se declara en bancarrota y el Banco Central del Ecuador (BCE) absorbe sus propiedades. En 2015 el Gobierno Nacional buscó revertir las tierras a los comuneros.
- Pero en medio de la creciente aparición de escrituras irregulares, Donald Cabrera, uno de los comuneros afectados por el proyecto en Bajada de Chanduy, indicó que la propia adjudicación e hipoteca de tierras es "un proceso viciado de ilegalidad y de corrupción".
- Los Cabrera Parrales y Cabrera Villón, posesionarios de 12 lotes de 435 hectáreas, denuncian que militares están abriendo trochas en predios de la finca La Envidia, en un remanente de bosque seco tropical y trazando nuevos polígonos que afectan sus derechos. De hecho, el recinto Don Lucas está en la esquina este, fuera de La Envidia.
- La Gobernación de Santa Elena les aseguró a los comuneros de Juntas del Pacífico que se afectaría lo menos posible sus tierras. Pero también en esa comuna hay familias que se sienten perjudicados por presuntos errores de planimetría y de coordenadas.
- Los predios transferidos al Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) para la construcción de la cárcel serían solo 39 de las 300 hectáreas, de acuerdo a la Fedecomse.
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