El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos obtuvo 14 fallos favorables de hábeas corpus por falta de acceso a medicinas en el estado de excepción. Un privado de la libertad con tuberculosis murió en el Hospital de Monte Sinaí.
Los pacientes remitidos desde el complejo penitenciario de Guayaquil y desde la Penitenciaría del Litoral llegan descompensados al hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad, según personal de esa casa de salud.
El Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) a menudo no identifica con su cédula a los presos enfermos trasladados al hospital. Y cuando estos mueren, tampoco notifica de forma oportuna a los familiares.
Ese es el panorama que un equipo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil constató en una visita, este 14 de marzo de 2024, tras el fallecimiento de un privado de libertad por presunto maltrato.
Hugo Cabeza Baque, de 26 años, ingresó al hospital el pasado 10 de marzo. Y falleció al día siguiente debido a una tuberculosis pulmonar y a un cuadro de desnutrición, según la ficha médica entregada a los familiares, en la que se descartó golpes o contusiones.
El SNAI nunca notificó a sus familiares del estado grave de salud de Hugo. Tampoco de su fallecimiento, aunque esta entidad cuenta con los contactos y la competencia para hacerlo, según los parientes del fallecido.
La familia había perdido contacto regular con el privado de la libertad hace dos meses, tras la declaratoria del estado de excepción y la estricta militarización de las cárceles.
Así que, cuando el departamento de trabajo social del Hospital contactó este miércoles 13 de marzo a la hermana por redes sociales, ella entró en crisis: No lo podía creer.
En 2023, media docena de privados de libertad murieron en ese hospital. Y en lo que va del año son dos presos enfermos los fallecidos. Los cuerpos de privados de la libertad han permanecido en abandono hasta por dos meses en esa casa de salud.
Pasaje de ingreso a los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, en el complejo carcelario del norte de Guayaquil. API
Vulneración del derecho a la salud
Con la ocupación militar del complejo, desde el 9 de enero, se restringieron las visitas, el ingreso de vituallas y de medicamentos para los privados de libertad, según la organización, que apunta incluso a una restricción intermitente del servicio de alimentación.
La CDH ha presentado acciones constitucionales grupales de habeas corpus. El objetico es garantizar el acceso a medicamentos y atención médica de privados de la libertad con enfermedades preexistentes y de heridos por el uso ilegítimo de la fuerza de los militares.
Se trata de demandas correctivas por la situación de salud. El organismo registra 50 denuncias sobre vulneración a derechos humanos por falta de acceso a atención médica
De ellas, en 20 denuncias se convirtieron en habeas corpus colectivos (una por violación y las demás por falta de atención médica en tuberculosis, VIH o infecciones).
María Luisa Pazmiño y Telmo Jaramillo, parte del equipo de la CDH que visitó el Hospital del Monte Sinaí, informaron sobre fallos favorables a 14 privados de la libertad. La mayoría de ellos sufre de enfermedades catastróficas como VIH y tuberculosis.
“No puede ser que tengamos que presentar un habeas corpus por cada privado de la libertad enfermo. No son problemas aislados, se requiere una solución integral”.
Telmo Jaramillo, abogado de la CDH.
Aunque también se reportan casos de fracturas y lesiones provocadas por golpes, que los presos le atribuyen a un presunto maltrato militar.
Siete de estos 14 privados de la libertad fueron "reconocidos como víctimas de maltrato en los habeas corpus y se ordenó abrir una investigación", informó la entidad.
Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante una incursión en la Penitenciaria del Litoral, en búsqueda de armas, municiones y explosivos. API
Reducción de la violencia en las cárceles
Durante 2023, el organismo de Derechos Humanos atendió más de 100 casos de personas privadas de libertad que demandaban acceso a medicinas.
A través de la instalación de mesas técnicas, la CDH busca ofrecer una respuesta articulada al problema de acceso a salud junto a instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y el propio SNAI.
Además, la institución ha receptado más de 70 casos de presunta tortura a personas privadas de libertad desde el inicio de la intervención de las Fuerzas Armadas en la Penitenciaria.
Pero se trata de denuncias que no han podido ser constatadas. La militarización condujo a una restricción de ingreso de personal civil para tareas de monitoreo; incluso se ha impedido la entrada al propio personal de la Defensoría del Pueblo de Guayas, denunció la CDH.
La comandancia de la primera Zona Naval de la Armada de Ecuador, al mando del complejo de cinco cárceles del norte de Guayaquil, ha reafirmado su compromiso con la provisión de alimentos a las prisiones y el respeto a los derechos humanos.
El personal militar desplegado en los centros carcelarios está recibiendo capacitación en Derechos Humanos.
Mientras que el SNAI, a cargo de la administración de los penales, destacó la reducción de las violencia en los centros carcelarios, con ninguna muerte violenta registrada lo que va del año, frente a los 67 crímenes ocurridos en las cárceles en 2023.
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