Tres comisiones disciplinarias abrieron 145 procesos por reincidencias debido a faltas graves o muy graves del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. El SNAI tendrá a cargo labores de gestión penitenciaria de centros carcelarios, según decreto presidencial.
Tres comisiones de administración disciplinaria del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) conocieron tantos procesos del personal penitenciario en 2023 que, hasta finalizar el año, el 45% de los casos esperaba aún por una resolución.
Además, 145 procesos se archivaron debido a reincidencias, pues se destituyó a los servidores involucrados por sumarios administrativos anteriores. Mientras que otros 55 casos terminaron en destitución directa.
El SNAI abrió 772 procesos administrativos en 2023 por faltas graves, reincidencias o faltas muy graves de los guías penitenciarios, según la rendición de cuentas de la entidad.
La entidad terminó el año con 2.842 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP), con lo que los procesos disciplinarios afectaron a casi un cuarto del personal.
Esa cantidad de sumarios abona a la decisión del Gobierno Nacional que, tras concluir el estado de excepción de 90 días, decidió mantener la militarización de las cárceles. Es más, los centros de privación de libertad son definidos ahora como Zonas de Seguridad.
La seguridad intramuros y extramuros, física y procedimental de los centros, en el marco del conflicto armado interno, estará bajo el liderazgo coordinado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, según el decreto 218 del domingo 7 de abril, del presidente Daniel Noboa.
El mandatario explicó en su momento que el SNAI no puede desaparecer porque se requiere de un ente administrativo y responsable de los centros.
De hecho, se le encarga al organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social la “seguridad dinámica” en las prisiones, en el nuevo decreto. Es decir, “el proceso de la gestión penitenciaria" para garantizar la protección de los privados de la libertad dentro de los centros.
Un organismo "reactivo" y falto de prevención
En los sumarios administrativos tramitados el año pasado por el SNAI, en base al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), destacan 116 casos resueltos con sanción económica o pecuniaria mayor.
Además, 79 casos se archivaron por inocencia y en ocho se resolvió con suspensión sin pago, por 30 días.
Mientras, en base a la Ley Orgánica del Servicio Público y del Código del Trabajo se abrieron el año pasado otros 63 procesos de desvinculación por visto bueno.
En 2023 se registraron 67 muertes violentas, 64 suicidios y 119 muertes naturales en los centros de privación de libertad del país. De acuerdo con organismos de Derechos Humanos, los “suicidios” son a menudo producto de la violencia y se quedan sin investigar.
Los propios testimonios de privados de la libertad en el interior de complejos carcelarios como los de Guayaquil dan cuenta del nivel de amenaza que enfrentan los guías.
El SNAI trabaja en actualizar el modelo de gestión penitenciaria y en un plan de fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que incluye una reforma al COESCOP para el uso de armas letales y no letales.
Además, el SNAI tiene a cargo, entre otros proyectos, la elaboración del plan de construcción de las dos nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza.
Luis Eduardo Zaldumbide, director del SNAI desde diciembre pasado, reconoció que el Estado había perdido el control de 30 centros de privación de libertad a escala nacional. Los esfuerzos se enfocaban en ser reactivos, con poca incidencia en la prevención, informó.
También apuntó en una reciente rendición de cuentas que al recibir la institución detectaron puntos críticos y falencias en las áreas técnica y administrativa, lo que convirtió en “vulnerable y débil” al servicio de rehabilitación.
Sin extorsión, pero en medio de “maltratos”
Según Billy Navarrete, Director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa (CDH), la militarización de los centros carcelarios, ha sido una medida excepcional, justificada por niveles sin precedentes de violencia entre 2019 y 2023.
Durante este período, se registraron 670 muertes violentas en los centros carcelarios, cifra alarmante que refleja “una grave violación de los derechos humanos”.
El cambio generado por la ocupación militar ha sido notable en aspectos como la extorsión y la reducción de muertes violentas, según testimonios recabados por el CDH de familiares de personas privadas de libertad.
Se informa que ya no hay extorsión por parte de las organizaciones criminales hacia estas familias, quienes anteriormente se veían obligadas a pagar sumas mensuales significativas para garantizar la seguridad y el bienestar de sus seres queridos dentro de las cárceles.
“Habían estado pagando unos USD 300 mensuales por mantenerlos con vida, por mantener alimentación, para eventualmente medicina, por parte de las organizaciones criminales”, señaló Navarrete.
Esta reducción en la extorsión se atribuye a la presencia militar, que ha logrado ejercer un control más efectivo sobre las instalaciones carcelarias.
Sin embargo, sobre todo el período inicial de la ocupación militar, no estuvo exento de controversias.
Se denunciaron casos de tortura perpetrados por fuerzas militares en la Penitenciaría, lo que subraya la necesidad de mantener un escrutinio constante sobre las acciones de las autoridades en este contexto, según CDH.
Navarrete enfatizó que si bien se aplaude el esfuerzo del Gobierno por garantizar la seguridad y la integridad física de los reclusos, esto no justifica la violación de los derechos humanos ni el uso de la tortura.
Medidas urgentes
Insistió en que las cárceles deben ser reintegradas al Estado de Derecho y abogó por una modulación del control gubernamental, que incluya medidas para garantizar la rehabilitación social de los internos.
“La tortura no tiene ninguna utilidad en relación al control carcelario, más bien debilita el rol de las Fuerzas Armadas frente al ciudadano”.
Billy Navarrete, director del CDH.
En este sentido, el Comité insta a las autoridades a condenar enérgicamente cualquier acto de tortura y a tomar medidas para asegurar que estos abusos sean investigados y sancionados.
La Asociación Silueta X también denunció presuntos actos de violación de derechos humanos que han tenido lugar en la Cárcel Regional, en el complejo carcelario del norte de Guayaquil.
Según información recabada por esta asociación mediante testimonios de personas recluidas, se habrían perpetrado abusos contra miembros de la comunidad trans durante procedimientos de requisa.
La Asociación urgió a revisar los protocolos de actuación dentro de las instituciones carcelarias para garantizar el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.
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