Ecuador registra una media de 600 denuncias por desaparición de personas al mes | Este es el desafío cuando interviene el crimen organizado

Ecuador mantiene un promedio sostenido de alrededor de 600 personas desaparecidas al mes desde 2023, en el peor periodo de incremento de violencia criminal en el país. Aunque el número total de denuncias se ha estabilizado, los indicadores más críticos -víctimas halladas sin vida y, sobre todo, personas que aún siguen sin ser localizadas- reflejan un deterioro sostenido.

Según cifras del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 7.459 denuncias por desaparición involuntaria, un 5,3% más que en 2024 (7.081 casos). Al cierre del año, 854 personas continuaban sin ser halladas -el nivel más alto de la última década y un aumento del 62% frente al año anterior-, mientras que 433 víctimas fueron encontradas sin vida. Entre enero y febrero de 2026 ya se registraron 1.239 nuevos casos. 

Un caso emblemático es el de Alina Pihuave, exreina de Puerto López, desaparecida el 27 de diciembre de 2025 tras asistir al velorio de su novio. La hipótesis policial apunta a un secuestro perpetrado por actores criminales. Sin embargo, hasta la fecha no hay responsables y no se ha hallado a la víctima o a su cuerpo. Uno de los patrones recientes muestran un fenómeno recurrente de grupos de jóvenes que se desplazan a balnearios de la Costa y luego desaparecen o son posteriormente asesinados.

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Las desapariciones como mecanismo de control criminal

La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC) publicó una guía para comprender y enfrentar un fenómeno creciente de las desapariciones vinculadas al crimen organizado.

El organismo advierte que las desapariciones vinculadas a grupos criminales responden a lógicas específicas: control territorial, generación de miedo, silenciamiento de testigos o explotación en economías ilegales como la trata de personas.

A diferencia de las desapariciones forzadas atribuibles a los agentes estatales, estos casos suelen estar marcados por opacidad, fragmentación de responsabilidades y bajos niveles de esclarecimiento.

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¿Por qué ocurren las desapariciones vinculadas a grupos delictivos?

• Concepto: Se trata de situaciones en las que una persona es arrestada, detenida o secuestrada por grupos de crimen organizado (a veces en complicidad con actores estatales) y cuyo paradero o destino es desconocido para su familia.
• Motivos: El crimen organizado utiliza las desapariciones para generar miedo, consolidar el control sobre los territorios o incluso para reducir artificialmente las tasas de homicidios. También lo hacen para silenciar a quienes se oponen a sus actividades y para explotar a las víctimas en mercados ilícitos, como la trata de personas o el trabajo forzado
• Víctimas: Cualquier persona puede ser víctima. Aunque los periodistas, activistas, denunciantes y funcionarios policiales son objetivos frecuentes, también corren riesgo los migrantes, empresarios, ciudadanos comunes e incluso niños.

Este tipo de desapariciones provocan un impacto profundo a nivel local. Las víctimas directas sufren violencia física, psicológica y tratos degradantes, quedando totalmente despojadas de sus derechos. Mientras que las familias atraviesan traumas emocionales severos y desgaste económico. "El impacto emocional es inmenso, dejando a las familias en un estado de incertidumbre y dolor", señala el informe.

A esto se suman los costos de búsqueda y el peligro de sufrir extorsiones, según la guía de Gi-Toc. En las comunidades, la desconfianza y el miedo erosionan el tejido social. Además, los casos sin resolver destruyen la confianza en las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales.

Falencias institucionales y reclamos de las familias

Para Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), ni siquiera la localización de cuerpos de las víctimas cierra el duelo de las familias.

“Cuando se encuentra a una persona desaparecida sin vida, el problema sigue siendo quién la mató. De muy pocos casos se puede esclarecer qué pasó”, señala. Según la activista, las deficiencias en la investigación y la falta de información a las familias son problemas recurrentes.

A esto se suma la limitada capacidad operativa: “Los fiscales son muy pocos para la cantidad de casos. En ciudades como Quito hay apenas cuatro unidades para tres millones de habitantes; en Guayaquil la situación es aún más crítica”, advierte.

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Rueda recomienda actuar de forma inmediata ante una desaparición: no esperar horas ni días, sino acudir de forma directa a la Fiscalía y a la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro) para presentar la denuncia.

También enfatiza la importancia de activar redes de apoyo y visibilizar el caso. Sugiere contactar a organizaciones como Asfadec, que pueden brindar asesoría y presionar a las autoridades.

Según explica, la exposición pública puede tener un efecto disuasivo sobre los captores y aumentar las probabilidades de que la víctima sea liberada o abandonada, especialmente en contextos vinculados al crimen organizado. 

En ese sentido menciona los casos recientes de dos adolescentes recuperadas en Imbabura y Otavalo, drogadas y aparentemente raptadas para abuso o redes de trata de personas. Los adolescentes son el grupo etario que registra mayor incidencia en desapariciones, con el 34% de los casos en 2025. 

Estas son las recomendaciones claves de la guía de Gi-Toc:

• Si se sospecha de una desaparición, es crucial actuar de forma rápida pero estructurada, tomando pausa, si es necesario, y evaluando riesgos. Es fundamental no actuar en solitario debido a lo abrumadora que es la situación; se debe buscar apoyo en familiares, amigos o referentes comunitarios de confianza para pensar con claridad y minimizar riesgos.
• Documentar exhaustivamente la información. Se debe registrar por escrito todo lo recordado: la secuencia exacta de los hechos, posibles sospechosos, vehículos involucrados y posibles motivos.
• No se debe esperar 24, 48, ni 72 horas para reportar el caso, ya que las primeras horas son vitales en especial cuando existe riesgo de intervención de redes criminales. Al denunciar se recomienda solicitar pruebas de ADN y establecer un oficial de enlace para recibir actualizaciones del caso.
• Dado que las autoridades muchas veces carecen de recursos o voluntad, la acción colectiva comunitaria es una fuente vital de resiliencia, por lo que se encomienda construir redes y compartir información. Además, se aconseja conectar con otros grupos de apoyo a nivel local o nacional y crear mecanismos comunitarios para vigilar actividades sospechosas de forma segura.
• ¿Cómo crear conciencia y educar? Se llama a abogar por los derechos de las víctimas para reducir el estigma y, siempre que sea posible, organizar talleres comunitarios para enseñar a los habitantes a identificar señales de alarma, explotación o trata de personas.
• Se aconseja trabajar junto a organizaciones internacionales de derechos humanos (como Amnistía Internacional o Human Rights Watch) para aprovechar sus recursos, y colaborar con medios de comunicación para dar visibilidad a los casos.
• Para quienes acompañan a familiares o amigos de desaparecidos, la guía aconseja brindar apoyo emocional empático. Evitar hacer suposiciones, escuchar sin juzgar y respetar los tiempos de cada persona para procesar la situación.
• Es clave dar seguimiento constante a la labor policial, organizar protestas pacíficas, exigir rendición de cuentas y ejercer presión para lograr cambios en las políticas públicas o en los marcos jurídicos.
• La guía exhorta a las familias canalizar el dolor hacia la acción. Es decir, transformar emociones como el miedo, la ira o el duelo profundo en una fuerza movilizadora. Participar en activismo, campañas de justicia o actos de memoria puede ser una poderosa herramienta de sanación y empoderamiento. Aunque es indispensable también priorizar el bienestar personal.