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Seguridad

Fuerzas Armadas alertan sobre la dispersión y reacomodo de actividades criminales tras el toque de queda en Ecuador

La reducción de homicidios en el país responde más a una dispersión geográfica del crimen que a una neutralización de la amenaza, según informes oficiales. Los Ríos registró un repunte de crímenes pese al toque de queda. Mientras Manabí y Santa Elena ascendieron en el top de incidentes violentos.

Un grupo de soldados del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno "Manabí" recorren un barrio de la ciudad de Manta (Manabí), el 17 de febrero del 2026.

Un grupo de soldados del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno "Manabí" recorren un barrio de la ciudad de Manta (Manabí), el 17 de febrero del 2026.

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Autor:

Redacción primicias

Actualizada:

07 abr 2026 - 05:55

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El crimen organizado redefine su influencia territorial en Ecuador. Los informes técnicos que sustentan el estado de excepción decretado el 2 de abril de 2026 advierten que la violencia criminal más que reducirse de forma estructural y permanente, estaría mostrando un proceso de desplazamiento territorial desde provincias tradicionalmente críticas hacia otros puntos de la Costa y la Sierra.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alerta de una reconfiguración territorial del crimen organizado, con desplazamiento de actividades criminales desde provincias como Guayas y El Oro hacia focos rurales en Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, tras el toque de queda aplicado en marzo de 2026 en estos cuatro territorios clave.

Además, Manabí y Santa Elena -fuera de las operaciones conjuntas contra economías ilícitas en el toque de queda nocturno de 15 días-, se ubicaron en marzo de 2026 como la segunda y tercera provincia respectiva con mayor número de homicidios en lo que va del año, según los datos oficiales. Y desplazaron de ese sitial a Los Ríos y El Oro, entre las más afectadas hasta finales de 2025.

  • Toque de queda en cuatro provincias de Ecuador cierra con más de 2.000 detenidos y dudas sobre su impacto

Ecuador registró en los tres primeros meses de 2026 una reducción de homicidios intencionales de 21,6% con respecto al año anterior. El país pasó de 2.407 muertes violentas en el primer trimestre del 2025 a una cifra preliminar de 1.886 crímenes en el mismo lapso de este año.

Pero esta variación no representa necesariamente “una estabilidad estructural de la seguridad”, según los informes de diágnostico de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, “sino una contención parcial atribuible a la acción del Bloque de Seguridad, en el marco de estados de excepción”.

Las actividades criminales se dispersan y redistribuyen

Un Informe Técnico Operacional de Fuerzas Armadas llama a "interpretar con cautela" la disminución de la violencia a escala nacional, pues los homicidios se mantienen en niveles similares en sitios críticos, mientras que se incrementaron en El Oro -pese al toque de queda- lo que “podría responder a una reorganización táctica o procesos de redistribución territorial de las actividades criminales”.

  • ¿Qué implica el estado de excepción decretado el 2 de abril de 2026 en Ecuador?

“Este comportamiento (de redistribución territorial) responde a patrones adaptativos (de los grupos criminales) orientados a diversificar sus áreas de influencia, consolidar nuevos corredores logísticos y reducir la presión operativa ejercida por el Bloque de Seguridad en los principales focos de violencia del litoral”.

Informe Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
  • El análisis comparativo de los homicidios intencionales registrados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026 "evidencia dinámicas de violencia asociadas a procesos de reconfiguración territorial del crimen organizado a escala nacional".
  • En enero, el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), El Oro y Guayas concentraron los mayores niveles de violencia homicida, con 251, 191 y 112 casos respectivamente, lo que representó el 67% del total nacional, según los datos oficiales.
  • Para febrero se observó una reducción relativa en estas mismas jurisdicciones (con 232 casos en el DMG, 80 homicidios en el resto de Guayas y 63 en la provincia de El Oro), pero “la disminución no refleja una neutralización estructural de la amenaza, sino más bien indicios de desplazamiento o dispersión geográfica de la violencia hacia otros territorios”, según el diagnostico oficial.
  • Durante el mes de marzo de 2026, en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas se observa un incremento de homicidios intencionales en comparación con el mes de febrero, evidenciando un aumento en los niveles de violencia delictiva.

Corredores criminales y expansión hacia nuevos nodos

El nuevo estado de excepción abarca a las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

La inclusión de La Troncal buscan contrarrestar la consolidación de corredores logísticos. Este cantón junto con El Triunfo y Naranjal (Guayas), forman el denominado “Triángulo del crimen”, una zona estratégica por su red vial, producción agrícola bananera y múltiples rutas secundarias que facilitan la movilidad de narcóticos, explosivos y armas por parte de las estructuras delictivas.

De igual forma, sectores como La Maná (Cotopaxi) funcionan como ejes de conexión utilizados para el tráfico de armas, drogas y explosivos, mientras que en Pichincha -especialmente en Quito- se configura un espacio de tránsito y redistribución más que de almacenamiento permanente.

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Miembros de las Fuerzas Armadas aguardan en un punto de control en el Puente de la Unidad Nacional en Durán, provincia de Guayas, durante un toque de queda, el 16 de marzo de 2026.API

Este es el panorama criminal por provincia en 2026:

  • Santo Domingo de los Tsáchilas constituye un punto estratégico a escala nacional debido a su ubicación geográfica y a la presencia de corredores viales que conectan la Costa con la Sierra. Esta conectividad es aprovechada por organizaciones delictivas como el grupo de delincuencia común Los "R", el grupo armado organizado "Lobos" y células de "Los Choneros" para movilizar recursos ilícitos, utilizando rutas alternas y vehículos robados para evadir controles.
  • En Manabí existe presencia de los grupos armados organizados Los Lobos y Los Choneros, quienes con sus brazos armados han logrado establecerse en la mayoría de los cantones manabitas. Estos grupos mantienen una constante disputa territorial por el control de economías ilícitas y rutas del narcotráfico, lo que ha incrementado la violencia a nivel provincial. Por su extensa franja costera y sus importantes ejes viales es un punto vulnerable para el desarrollo de actividades como el tráfico de armas, municiones, explosivos, drogas y contrabando en general.
  • Los Ríos atraviesa una escalada de violencia marcada por la presencia de Los Choneros y Los Lobos, cuyas disputas por el control territorial y delictivo han extendido su influencia en cantones estratégicos como Quevedo, Babahoyo, Buena Fe, Vinces y Valencia. La pugna por dominar el tráfico de drogas, las extorsiones y los secuestros ha detonado un repunte en los homicidios y ataques armados. En medio de este escenario, preocupa el creciente reclutamiento de niños adolescentes. Se ha identificado la existencia de zonas rurales y periféricas utilizadas como centros de acopio de armas, vehículos modificados, motocicletas sin placas e insumos logísticos. 
  • En El Oro, los grupos armados organizados como Los Lobos y sus facciones desarrollan un accionar delictivo caracterizado por microtráfico y tráfico internacional de drogas, utilizando rutas terrestres y marítimas, así como embarcaciones pesqueras y contenedores portuarios para camuflar narcóticos. Mantienen el control de sectores estratégicos mediante extorsiones y "cobro de vacunas" a comerciantes y transportistas, apoyados en amenazas, ataques armados y el uso de artefactos explosivos. La pugna territorial se refleja en homicidios por encargo.
  • En Santa Elena se evidencia la presencia de los grupos armados Choneros y Lobos y de los grupos de delincuencia Fatales y Lagartos, quienes, apoyados en sus estructuras y brazos armados operativos, han logrado establecerse en la mayoría de los cantones. Estos grupos mantienen una constante disputa territorial en torno al microtráfico de drogas, el sicariato, la extorsión y el control de rutas de tráfico, lo que ha incrementado los índices de violencia a escala provincial.
  • En Pichincha se evidencia la presencia de Los Lobos. Con sus estructuras y brazos armados han logrado establecerse en la mayoría de los cantones, lo que ha incrementado la violencia. La provincia constituye un enclave estratégico por su ubicación Al estar atravesada por corredores viales que conectan la Costa con la Sierra, cumple un rol fundamental como modo logístico de tránsito, un punto vulnerable para el paso de actividades ilícitas como el tráfico de armas, municiones, drogas y contrabando. En Quito el incremento de criminalidad está asociado a la disputa de poder territorial, económico y logístico entre Lobos, Choneros y Tiguerones.
  • Esmeraldas, clave debido a su condición fronteriza con Colombia y a su conexión con Manabí y Santo Domingo, enfrenta un escenario inestable de seguridad, caracterizado por el incremento de la violencia y disputas territoriales entre estructuras de delictivas que buscan el control del trafico de drogas, el robo de vehículos, secuestro, la extorsión y la minería ilegal. Se han identificado a Tiguerones, Lobos, Gansters, Lagartos. Los Chechenox, Zona Franca y La Siate, con mayor incidencia en los cantones Esmeraldas, San Lorenzo, Quinindé, Atacames y Eloy Alfaro.
  • En Guayas, si bien se han reducido los índices de violencia y delincuencia en relación a 2025, la mayoría de eventos violentos se ha realizado al estilo sicariato, así como eventos múltiples o desmembramientos. La provincia constituye un enclave estratégico por su ubicación y su condición portuaria, lo cual se ve reflejado en constantes enfrentamientos. En Guayaquil, las organizaciones criminales "han evolucionado hacia formas más sofisticadas y violentas, consolidándose como una amenaza crítica para la seguridad nacional", con capacidad de "controlar territorios, infiltrar economías y sostener operaciones ilícitas de gran escala"
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