Reclutar niños sicarios o traficar armas: Estos son delitos por los que policías fueron destituidos en Manabí en 2024

Los delitos en las filas de la Policía Nacional no son nuevos y la provincia costera de Manabí, no es la excepción. En 2024, hubo casos graves que recayeron en la institución del orden. 

Hay registros que van desde un agente en servicio activo que reclutaba a menores de edad para entrenarlos como sicarios, 10 uniformados que se dedicaban a “extorsionar al público" y hasta el caso de dos servidores que fueron señalados de tráfico de drogas y armas.

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A escala nacional, de enero a octubre de 2024, Víctor Zárate, comandante de la Policía Nacional, dijo que se desvincularon 425 agentes por delitos e inconductas, como resultado de un proceso de autodepuración.

Pero, ¿a qué obedecen estos registros de casos de malos funcionarios? “Siempre han existido en las instituciones de seguridad buenos y malos elementos, porque se dejan cooptar por las organizaciones criminales por intereses económicos, ven una manera fácil de hacer dinero”, dijo Luis Lara, exjefe del departamento de Asuntos Internos de la Dirección de la Inspectoría Nacional de Policía.

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“Se investigaban los delitos y las inconductas de los policías; la mayoría era por temas de mejoramiento de su economía. Hay también amenazas contra las familias, pero son casos excepcionales”, agregó Lara.

Pero hay un factor preocupante en estos casos: Los ‘malos funcionarios’ suelen regresar a la institución mediante recursos judiciales.

En el caso de Manabí, en los operativos en los que se ha capturado a uniformados por tener algún tipo de relación con el ‘mundo criminal y delincuencial’, la Policía ha advertido que no permitirá “esta conducta de algunos uniformados que mancille el arduo trabajo”.

Además está activo el Plan de Transformación Institucional, que busca depurar la corrupción en las filas de la Institución.

A continuación, algunos de los casos públicos donde se han visto involucrados más de una docena de policías en servicio activo con la corrupción y el crimen organizado.

'Malos elementos’

Transcurría febrero de 2024 y en el sector de La Papaya, del cantón Rocafuerte, el Bloque de Seguridad, detectó que un automotor transportaba drogas desde una zona rural hasta el centro de esa localidad. 

Posteriormente se ejecutó una intervención donde dos policías en servicio activo y otras cinco personas fueron capturadas. Hallaron cuatro armas de fuego, 32 paquetes de drogas, 300 municiones de diferentes calibres, prendas de vestir de uso policial y dos chalecos antibalas.

La Fiscalía los procesó por tráfico de drogas y armas. Para mayo se reportó otro caso, hubo 16 detenidos, entre esas agentes de tránsito y 10 policías por presunta asociación ilícita.

Según la Fiscalía, todos los acusados eran parte de un grupo dedicado a cometer actos de corrupción en el “ejercicio de sus funciones de control de tránsito, al retener vehículos por contravenciones, llevarlos a patios de retención y luego liberarlos sin orden judicial, a cambio de dinero”.

Las intervenciones se realizaron en los cantones de Portoviejo, Chone, Pedernales y Bolívar.

En octubre, en Manta, otro policía en servicio activo fue detenido por conducir un vehículo reportado como robado. 

Al implicado se le abrió una investigación por receptación. Además, en el Consejo de la Judicatura (CJ), el uniformado refleja otros procesos por difusión de información de circulación restringida, delincuencia organizada y alimentos.

Sin embargo, en este caso, el policía quedó en libertad. La institución del orden rechazó la acción y pidió más apoyo para “ir depurando a nuestra institución”.

Un caso aún más grave se registró a inicios de diciembre, cuando un cabo primero de la policía en servicio activo fue capturado en Jipijapa, al sur de Manabí, acusado de reclutar a menores en situación de vulnerabilidad y entrenarlos como sicarios.

El servidor recibió 90 días de prisión preventiva y es procesado por su presunta participación en el delito de trata de personas y además, "sería parte de un grupo de delincuencia organizada que opera en la provincia".

Dicho caso sucedió en medio de la también detención de Julio César Miño en un operativo contra el narcotráfico. Miño fue excomandante de la Policía de Manabí, exjefe de la Policía Judicial del Guayas y exjefe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO).

Faltas administrativas y disciplinarias

Pero también existen otras faltas que empañan la imagen interna de la Policía. En Manabí y Santo Domingo de Los Tsáchilas -que conforman la zona 4-, según cifras oficiales, 2024 cerró con la destitución de cerca de 50 servidores, ya sean directivos y técnicos operativos por faltas administrativas y disciplinarias. 

Según el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), la destitución es un acto administrativo “mediante el cual las servidoras o servidores son cesados definitivamente del servicio o de la entidad de la que dependan orgánicamente por haber cometido una falta administrativa muy grave o por la reincidencia de dos faltas graves en un período de 365 días contados desde el cometimiento de la primera falta, o por otras causas señaladas en la ley que regula el servicio público y demás leyes vigentes que incluyan causales de destitución”.

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Además, el Coescop específica que el personal de la Policía Nacional está integrado por servidoras o servidores policiales directivos; y servidoras o servidores policiales técnicos operativos.

En el nivel directivo están quienes han completado y aprobado los estudios de formación policial y de tercer nivel, además del proceso de inducción para servidoras o servidores policiales directivos.

En la zona 4, durante 2024, existieron 45 casos por distintas acciones, de los cuales cinco servidores policiales fueron destituidos, a otros se les aplicó sanciones pecuniarias y existen al menos dos sumarios administrativos que se encuentran pendientes de resolución en 2025.

Los servidores policiales técnicos operativos son quienes “han completado y aprobado el proceso de formación policial y de inducción para servidoras o servidores policiales técnicos operativos”.

En el ámbito disciplinario y administrativo, durante 2024, se abrieron 172 procesos investigativos, de los cuales, se tramitaron 104 sumarios correspondientes a faltas administrativas clasificadas como graves y muy graves. Además hubo 44 destituciones y hay 18 casos pendientes de audiencia.