En 45 segundos, policías hicieron control que toma nueve minutos y dejaron salir cargamento con drogas desde Ecuador a España, alega la Fiscalía

Tres policías enfrentan prisión preventiva luego de que la Fiscalía los acusara el 29 de mayo de 2025 del delito de tráfico ilícito de drogas al permitir la salida de tres contenedores de fruta que escondían 165 kilos de cocaína desde el puerto de Guayaquil hacia Madrid, España.

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“Magistrada, le ruego la mayor atención, porque aquí está en juego, no solo la libertad de mi defendido, sino su propia vida”, dijo el abogado José Luis Vega frente a la jueza para evitar que se dicte la prisión contra un servidor policial y guía canino en esta investigación transnacional que comenzó a mediados de agosto de 2024.

La mañana del 15 de agosto, la Policía española fue alertada de la contaminación de tres contenedores que venían cargados con pitahaya desde Guayaquil y que estarían contaminados con drogas. Ante la sospecha, el cargamento fue revisado en el aeropuerto de Madrid.

Así se encontró 150 paquetes tipo ladrillo, de clorhidrato de cocaína, que en la balanza pesaba 165 kilos de la sustancia blanquecina. Con esa información, los agentes españoles le pidieron a un juez una orden para vigilar la entrega del cargamento.

El operativo comenzó con la revisión de las empresas que enviaban y recibían los contenedores con pitahaya, una fruta que combate la anemia, más grande que una naranja y de color rojo brillante con escamas verdes que le dan la apariencia de un dragón, justamente el nombre que recibió esta investigación: Gran Fénix 23-Dragón.

Siguiendo la ruta de las empresas se ubicó a Francisco Javier S., representante de tres compañías que tenían como actividad la exportación directa de la fruta. El camión de una de estas firmas, custodiado por otros vehículos, acudió a retirar los contenedores. La Policía española lo seguía a corta distancia por las calles de Madrid.

“Uno de los vehículos, al percatarse de que era seguido, desvió su ruta hacia la carretera M-14 de Madrid, lo que motivó la ejecución inmediata del operativo”.

Fiscal Rolando Gualoto

Esa mañana de agosto fueron detenidos un argentino, una española y dos ciudadanos de nacionalidad albanesa. La Policía de España pidió la colaboración de la Unidad Antinarcóticos en Ecuador y comenzó el rastreo de la organización en territorio nacional.

Mediante tareas de inteligencia e información reservada, se estableció que uno de los procesados fue detenido el 14 de agosto de 2024 en Guayaquil y en su poder se encontró un teléfono celular iPhone que contenía los diálogos de los miembros de la banda:

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Voz masculina: - ¿Qué más, comando? Buenas noches. Ayer estábamos todos listos, no salieron a coger la mercadería. Dijeron que el vuelo iba a llegar más tarde, toca ver qué pasa. Quiero que me diga si van a hacer el trabajo o no, para no seguir.

Otra voz masculina: - A ver si el compa nos da otro chance para poder hacer las cosas.

Voz masculina: - Comando, comando, pilas que ya hablé con los muchachos. Ya los manes están activos también. Todo está en regla, todo está bonito, comando, por favor no falle de nuevo. Dígale al mayor que meta presión, que no falle, por ahí está la mina.

En el celular se hallaron también videos, fotografías y audios que delataban la organización del envío de la droga. “Se daban instrucciones específicas sobre el control aeroportuario en Guayaquil, indicando que los paquetes estaban numerados y que debían poner atención especial al número 77777, mientras que los números 910 y 11 eran ‘premiados’”.

Vínculos con Chone Killers

A la cabeza de la organización se ubicó al ecuatoriano Francisco Xavier S., de 56 años y residente en España, quien había contactado en Ecuador a la empresa encargada del envío de la droga y había reclutado como su coordinador a Tito Daniel Z., de 39 años, quien se encargaba de contratar las navieras, el transporte y la logística general.

“También se llegó a establecer la participación de Enrique Efraín C., alias 'Franco'. Existían múltiples comunicaciones entre él y Denis Valentino G., y Edison Rafael A. Los tres recibían información y compartían fotos de los pallets de los tres contenedores retenidos en España”, señaló la Fiscalía.

Dos de ellos, Enrique Efraín, un electricista de 49 años, y Denis Valentino, un chofer profesional de 43 años, fueron identificados por la Policía como “objetivos de intermedio valor”, pues “tenían vínculos directos con alias Negro Tulio, cabecilla del grupo terrorista Chone Killers”.

Enrique Efraín, con antecedentes desde 2008 por estafa, tráfico de estupefacientes y receptación; y Denis Valentino, procesado en 2021 por delincuencia organizada, cumplían funciones de custodios de la droga en bodegas ubicadas en Daule, según pericias fotográficas.

“¿Cómo sabemos con certeza que esa persona en la foto es Denis Valentino G.? La esposa del procesado desarrolla una actividad económica en un gabinete estético tipo spa, donde él colabora”, dijo su abogado Charley Martín en su turno para pedir que no le dicten prisión a su defendido.

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Mientras que Steven Murillo, abogado de Enrique Efraín, alegó que su cliente “padece de insuficiencia renal crónica estadio 2, diabetes e hipertensión arterial, enfermedades todas catalogadas como muy graves. Por lo tanto, es absolutamente necesario que se le apliquen medidas distintas a la prisión”.

Policías procesados

En la estructura de la organización, según expuso la Fiscalía, también se había reclutado a tres policías Edison Daniel Ch., Diego Andrés S. y Ronald Fernando M. Todos, miembros activos de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional.

Eran los encargados de revisar, hasta con canes entrenados, los contenedores para detectar la contaminación con sustancias ilícitas.

“De las grabaciones de video, señora jueza, se observa que los ciudadanos realizan una verificación superficial: inspeccionan algunas cajas y completan el procedimiento en menos de 45 segundos. Se ha contrastado con verificaciones rutinarias que el proceso suele tomar nueve minutos, lo cual genera sospechas fundadas de la actuación policial”.

Fiscal Rolando Gualoto

En su formulación de cargos, además, mostró mensajes del celular de uno de los procesados que señalaba que tenían “gente adentro” del Puerto de Guayaquil. “Casi me piteo, eso fue bien cargado, hay dos chicos allá, ellos están ahí”.

A la Fiscalía le llamó “poderosamente la atención” que los policías solamente revisaran las cajas numeradas con el 7, que un estibador puso previamente en el piso, cajas que no estaban contaminadas con droga, mientras que las que llevaban la cocaína no fueron tocadas.

La Defensora Pública que representó al policía Edison Daniel Ch. pidió que, por tener hijos menores de edad y un trabajo estable, no se le dicte prisión preventiva. Con el mismo propósito, el abogado Byron Amangangui, defensor del segundo policía Diego Andrés S. alegó que su cliente tenía “acné crónico y principios de psoriasis”.

Mientras que el abogado de Ronald Fernando M., agente policial y guía canino, afirmó que su defendido “simplemente cumplió con su trabajo, verificó el área con el can, como le fue asignado. En la Policía Nacional los servidores no eligen sus funciones, son asignadas por su superior jerárquico.”

“Que el servidor policial, con 11 años de servicio con 14 felicitaciones, realizó un registro que tomó únicamente 45 segundos, ¿ese es el pecado? Ser enviado a un centro de privación de libertad pone en riesgo su vida”, señaló el abogado y pidió a la jueza que, de ratificar la prisión, su cliente sea enviado a la cárcel 4 de Quito.

En este reclusorio se encuentran los tres policías, mientras que los otros detenidos fueron asignados a varios centros penitenciarios de Guayas, mientras dura la actual etapa de instrucción fiscal, prevista hasta fines de agosto próximo.