Policías y militares ya están usando 304 armas que fueron incautadas a bandas criminales

Fusiles semiautomáticos y tácticos, escopetas, subfusiles, carabinas y pistolas. Estas armas de alto calibre y tecnología, de origen estadounidense, fueron usadas por Los Choneros para cometer crímenes como secuestros y asesinatos, en 2021.

Así lo reveló la justicia estadounidense en un caso en el que fue sentenciado Jorge Chica Giler, un ciudadano ecuatoriano que hoy está preso en el país norteamericano. Chica confesó que, entre enero y agosto de 2021, compró esas armas y las envió a Ecuador a través de una empresa de courier. 

Lo hizo bajo pedido de Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'. Cuatro años después, el Jefe de Los Choneros está en una cárcel de Brooklyn y espera un juicio en el que deberá responder por siete cargos federales. Uno de estos, justamente, relacionado con el contrabando de armas desde Estados Unidos hacia Ecuador.

Y ese no es el único mecanismo a través del que las bandas criminales ecuatorianas han accedido a armamento de tipo militar, incluso —en algunos casos— más sofisticado que el que poseen las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional ecuatorianas.

En abril de 2023, la Policía de Ecuador desbarató una organización criminal que se conectaba con la operación de Chica Giler, en Estados Unidos. Un grupo de delincuentes en Manabí receptaba las armas, las desarmaban y luego replicaban sus partes en una impresora 3D. De manera que el arsenal crecía. Cada arma llegaba a costar en USD 4.000 en Ecuador.

Armas para Policía y Fuerzas Armadas

En medio de la crisis de seguridad que vive Ecuador desde 2021 y que ha llevado al país a registrar las peores tasas de muertes violentas de la región, una de las respuestas estatales se centró en armar a la Policía Nacional y las FF. AA. con parte de las armas decomisadas a grupos narcodelictivos.

La iniciativa se empezó a discutir en julio de 2023. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aprobó una resolución para que las armas decomisadas sean consideradas de interés social y pasen al rastrillo público. 

Sin embargo, esto no se concretó de inmediato porque se requerían reformas legales. En abril de 2024, el país fue a una consulta popular. Una de las preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa, justamente, fue para que esto se instrumentalice. El 'Sí' venció con el 64% de los votos válidos.

Con ese resultado, Noboa envió a la Asamblea un proyecto de reformas para la aplicación de la consulta popular. Tres nuevos artículos sobre el uso de armas de fuego fueron incluidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), a partir del 12 de julio de 2024.

Pero faltaba un paso. Según las reformas, antes de que las armas pasen al inventario estatal, tiene que haber una decisión judicial. El 9 de octubre de 2024, el Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió ampliar la competencia de los jueces de garantías penales para pronunciarse en ese sentido.

Empezó la entrega

Una vez cumplidos los procesos y reformas legales, el 28 de octubre, el presidente Daniel Noboa acudió a la Base Naval San Eduardo, en Guayaquil. Entregó el primer grupo de armas —que fueron decomisadas y aprobadas por la justicia— a las Fuerzas Armadas. Fueron 122 fusiles de calibre 5.56 y 7.62, además de 48 pistolas 9 milímetros.

PRIMICIAS consultó a la Policía Nacional y a las FF. AA. cuál es el procedimiento para que esto ocurra y cuántas armas ya han sido entregadas a sus agentes.

El proceso dura 90 días. Una vez incautadas, las armas o sus piezas pasan a custodia de las Fuerzas Armadas. Luego se identifican las que podrían ser usadas por militares y policías, según la necesidad priorizada de cada entidad, y son sometidas a pericias.

Las pericias son realizadas por Fuerzas Armadas, en cuanto a la viabilidad del uso de estas armas por su estado; pero también son analizadas por Criminalística de la Policía Nacional para "analizar su potencial vinculación a otros delitos".

Estos informes, son puestos a conocimiento de un juez de garantías penales, quien toma la decisión de declararlas de interés público. En ese momento, el Comando Conjunto de las FF. AA. tiene la facultad de repartirlas entre sus fuerzas y la Policía Nacional, según los requerimientos previos.

Según la Policía y las FF. AA., actualmente, 304 armas ya están en uso de agentes, aunque las entidades no precisaron el tipo de armas.

Sin embargo, el porcentaje de armas que pueden y han sido usadas por la fuerza pública es mínimo con relación a las que se decomisan. El resto de armas se destruyen por parte de las Fuerzas Armadas. Entre 2024 y 2025, se han destruido 5.810. Es decir, que solo se han usado el 4,97% de las armas decomisadas.

Sigue el mercado ilegal de armas

El mercado ilegal de estas armas no disminuye en el país. Según datos del Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2025, se decomisaron 5.434 armas de fuego.

El 34% de esas armas se incautó en Guayas, el 10,6% en Los Ríos y el 9,5% en Manabí. Las demás se reparten, en menor medida, en el resto de provincias.

En el primer semestre de 2024, en cambio, se incautaron 5.605 armas. Es decir. hubo una reducción del 3% para este año. Por otro lado, en 2023 —el año más violento hasta el momento— en el primer semestre hubo 5.358 armas decomisadas. Con relación a ese año, hubo un aumento del 1%.

Y esa presencia del mercado ilegal de armas impacta directamente en la violencia criminal. En los primeros 180 días de 2025, 4.069 personas fueron asesinadas con armas de fuego. En estos crimen se usaron desde pistolas hasta fusiles, ametralladoras y escopetas.

Estos asesinatos representan el 89% de los crímenes de este tipo que se cometieron en Ecuador, en el primer semestre de este año. En total la cifra de muertes violentas llega a 4.557.