El Gobierno busca una reforma al COIP para que las armas confiscadas a los delincuentes puedan ser usadas por la Policía y los militares.
El 21 de abril de 2024, los ecuatorianos volverán a las urnas para responder 11 preguntas del referendo constitucional y consulta popular. En esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) optó por enlistar los casilleros de las preguntas en orden alfabético, desde la letra A hasta la letra K.
La pregunta J que consta en la papeleta electoral dice:
Esta pregunta de la consulta popular busca que las armas confiscadas a los delincuentes puedan ser utilizadas por las fuerzas del orden: Policía y Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Gobierno no explica los pasos o condiciones para que esto suceda.
El argumento es que, ante la falta de armamento, los uniformados podrían utilizar las 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones que reposaban en los Centros de Acopio de Evidencia, hasta el 31 de diciembre de 2023.
El anexo se limita a decir que, si la pregunta es aprobada, el Ejecutivo remitirá un proyecto de reformas al Código Penal a la Asamblea en cinco días y que esta deberá tramitarlo en 60 días.
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