Cuatro provincias de Ecuador acumulan más de 550 días en estado de excepción, pero registran violencia récord en 2025
Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro han permanecido en conjunto más de un año y medio dentro de un régimen constitucional excepcional, tras 17 decretos para enfrentar el alarmante incremento de la violencia criminal. Pero estas provincias registran cifras históricas de homicidios en 2025.
Una masacre con cinco víctimas se registró la mañana del 10 de junio del 2025 en el sector comercial conocido como Peca, en el km 10,5 de la vía a Daule, al norte de Guayaquil (Guayas).
- Foto
API
Autor:
Redacción primicias
Actualizada:
Compartir:
Cuatro de las provincias más golpeadas por la violencia criminal en Ecuador -Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro- acumulan más de 550 días bajo estado de excepción. Pero lejos de mostrar una reducción sostenida de los homicidios, registran en 2025 cifras históricas de muertes violentas, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, disponibles hasta noviembre.
En el Gobierno del presidente Daniel Noboa, el Ejecutivo ha emitido al menos 17 decretos de estado de excepción para enfrentar la criminalidad, alargando el régimen excepcional por más de año y medio en estos territorios. Sin embargo, el balance revela un escenario adverso: las cuatro provincias de la Costa rompieron sus propios récords de violencia este año.
Guayas concentra el 45% de los homicidios de Ecuador; Los Ríos y Manabí superan por primera vez las 1.000 muertes anuales:
- Entre enero y noviembre en Guayas se registraron 3.771 homicidios, superando los 3.495 casos del mismo periodo de 2023, que hasta ahora era considerado el año más violento. El incremento fue del 7,9% frente a 2023 y de casi 30% respecto a 2024. Guayas concentra el 45% de todos los homicidios del país, pues a escala nacional se contabilizaron 8.393 muertes violentas en ese lapso.
- En Los Ríos, la violencia cruzó un umbral inédito. La provincia cerró noviembre con 1.167 homicidios, superando por primera vez la barrera de las 1.000 muertes violentas en el mismo periodo de análisis. El repunte fue el más alto de la región: 55,8% más que el mismo periodo de 2024.
- Un escenario similar se vivió en Manabí, que también rompió su máximo histórico con 1.162 homicidios. El incremento fue de 48,7% frente a 2024.
- Por su parte, entre enero y noviembre en El Oro se reportaron 708 muertes violentas, el peor registro desde que existen datos sistematizados de homicidios intencionales. La cifra representa un aumento de 38,2% frente al mismo periodo de 2024.
“Mecanismo rutinario para enfrentar problemas estructurales”
En septiembre pasado, la Corte Constitucional ya había advertido sobre los riesgos de prolongar el uso de los estados de excepción. En un dictamen sobre el Decreto Ejecutivo 76, el juez ponente Raúl Llasag señaló que Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro habían permanecido en conjunto al menos 445 días bajo régimen constitucional excepcional.
Posteriormente, un nuevo decreto emitido el 4 de noviembre de 2025, prolongó la excepcionalidad hasta el 3 de enero de 2026, lo que extiende el régimen constitucional por año y medio en estas provincias.
Para la Corte, el estado de excepción “no debe convertirse en una respuesta rutinaria frente a fenómenos estructurales” como la delincuencia.
“Los estados de excepción no deben utilizarse como mecanismos para encubrir deficiencias estructurales ni para sustituir políticas públicas de seguridad y desarrollo”.
Raúl Llasag, juez de la Corte Constitucional.
El organismo advirtió que recurrir de forma prolongada a mecanismos extraordinarios puede derivar en una “distorsión funcional”, al sustituir la acción institucional ordinaria por medidas con limitaciones temporales que no están diseñadas para resolver las causas profundas de la violencia.
El dictamen subraya que factores como la debilidad institucional, la desigualdad y la exclusión social amplifican la criminalidad y requieren políticas públicas diferenciadas, más allá de la militarización.
Adaptación y quiebre criminal
Para Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC), la persistencia de la violencia pese a la militarización responde a la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. El Gobierno inició la estrategia a inicios de 2024, vía estados de excepción.
El profesor especializado en seguridad y economía criminal explica que la aparente contención de los homicidios en 2024 fue circunstancial porque aún no se había producido una fragmentación profunda de grupos como Los Chone Killers, Los Tiguerones o Los Lobos. También se reconfiguraron alianzas criminales, lo que a menudo incide en un proceso de pacificación temporal entre bandas, anota.
En cambio, durante 2025, la ruptura de esas estructuras, sumada a la pérdida de hegemonía de grupos históricos como Los Choneros -agravada por la extradición de su líder-, generó nuevas disputas criminales, en especial en territorios como Manabí y Los Ríos, lo que explica el repunte de homicidios.
La militarización puede tener efectos de corto plazo -explica-, pero no logra impactos sostenidos en el mediano y largo plazo en la reducción de homicidios. Rivera recordó que ciudades como Durán (Guayas), que viven episodios de militarización desde 2018 y en sucesivos estados de excepción desde 2021, no han logrado disminuir de forma estructural las muertes violentas.
El Gobierno le apunta golpear redes de lavado
Rivera también se refirió al impacto de la captura de más de una veintena de objetivos de alto valor para la Policía Nacional en 2025, una de las principales banderas del Gobierno Nacional.
La categoría de “objetivos de alto valor” es definida discrecionalmente por la Policía y suele usarse como “herramienta política” -dice el analista-, más que como parte de una política criminal integral.
En la práctica, la detención de un líder suele provocar fragmentación interna, disputas por el control de la organización y reacomodos violentos, lo que tiende a incrementar los homicidios, apunta.
Además, los aprehendidos suelen llegar a prisiones que se han convertido en centros de articulación y fortalecimiento del crimen organizado. Y aún están por verse los efectos del aislamiento al que han sido sometidos los principales cabecillas de organizaciones criminales en la cárcel de máxima de seguridad del Encuentro de Santa Elena, desde noviembre pasado.
El ministro del Interior, John Reimberg, reconoce que entre los pendientes está golpear con suficiente fuerza las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
En esa línea, se destaca la reciente extradición desde Emiratos Árabes Unidos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias “Gerente”, presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, investigado por el presunto lavado de USD 105 millones vinculado al narcotráfico.
“Estamos combatiendo la estructura económica y vamos a llegar a los cuellos blanco, a los encargados de lavar el dinero del narcotráfico y de la minería ilegal, a quienes estamos investigado”, afirmó el funcionario, quien insiste que el país se encuentra en una “guerra” contra el crimen organizado.
El ministro señaló que la estrategia para 2026 incluye "represión del delito", captura de más buscados, la instalación de cámaras y puntos de contacto ciudadano (códigos QR) y el despliegue de vehículos dotados de cámaras y de drones, que serán destinados con grupos motorizados en zonas vulnerables.
Compartir: