Sistema judicial de Manabí, tres años bajo ataque del crimen organizado en Ecuador
Al menos diez funcionarios del sistema judicial de Manabí han sido víctimas de ataques criminales en los últimos tres años. Entre los hechos de mayor conmoción está el asesinato de dos fiscales que lideraron causas de narcotráfico y delincuencia organizada transnacional.
Las instalaciones de la Fiscalía de Manta, en Manabí, fueron atacadas a tiros el 29 de enero de 2024.
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Redacción Primicias
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En Manabí, la violencia criminal no solo ronda las calles, las alcaldías o las agencias de tránsito, sino también a las instituciones del sistema de justicia. Sobre los ataques contra funcionarios de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura (CJ), las autoridades apuntan a dos motivaciones concretas: represalias y vínculos con el crimen organizado.
En los últimos tres años, al menos una decena de ataques han sido perpetrados contra el sistema de justicia en la provincia costera, dejando al menos 10 víctimas, cinco de ellas mortales. Asimismo, infraestructuras como la Fiscalía de Manta y la Unidad Judicial Penal de Portoviejo han sido atacadas a disparos y con explosivos.
“Nuestras unidades de investigaciones e inteligencia han levantado información, hay varias líneas de investigación, pero en específico dos: represalias al buen trabajo que vienen realizando y relación o vinculación que tienen con grupos de delincuencia organizada”, dijo Giovanni Naranjo, comandante de la Policía para las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, zona 4.
Naranjo agregó que “varios funcionarios, como jueces y fiscales, tienen protección policial”, sin precisar la cantidad y los nombres por seguridad.
Estos casos, por su complejidad, son investigados por autoridades de Quito (Pichincha) y están bajo reserva, pues algunos jueces y fiscales que han sido acribillados han llevado casos polémicos como narcotráfico y crimen organizado.
La Fiscalía provincial de Manabí, en el informe de gestión de enero-diciembre 2024, presentado el 4 de julio de 2025, recomienda contar con seguridad para todos los fiscales en el “uso de sus atribuciones, ya que se deben desplazar constantemente dentro de la provincia, para la práctica de allanamientos, audiencias y diligencias”.
Hay funcionarios del sistema judicial de Manabí que han sido señalados, procesados, destituidos y enfrentan investigaciones por favorecer a redes criminales y delincuenciales.
En junio de 2025, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, reconoció que “el crimen organizado ha logrado infiltrarse en áreas sensibles del Estado, incluida la justicia”.
Como muestra, cinco funcionarios judiciales de Manabí fueron suspendidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, tras ser señalados en el caso Narcotentáculos, que investiga una presunta red de delincuencia organizada que operaba desde el sistema judicial.
Además hay otros funcionarios de la provincia que también están señalados y han sido hasta sentenciados en casos como Metástasis, Plaga y Purga.
Cronología y diligencias de ataques
El caso más reciente sucedió el 20 de junio de 2025, en la vía Chone-Tosagua, al centro norte de la provincia. Dos secretarios de la Fiscalía del cantón Chone, fueron atacados a tiros cuando se movilizaban en un vehículo.
En el ataque murió Danny Daniel Balda Palacios y su compañera quedó herida. Para esa fecha, desde la Fiscalía se informó que practicaban las primeras diligencias investigativas y condenaron el ataque armado.
Sobre el caso, la Policía dijo que continúa con las investigaciones y que ya tienen varios indicios. “Ojalá en los próximos días podamos determinar el móvil y los actores materiales”. Los funcionarios no tenían resguardo y el caso pasó a ser investigado por autoridades de Quito.
Fiscales asesinados y ataque a Fiscalía
En 2024 se registraron algunos casos violentos. El 25 de octubre, en los exteriores de la Fiscalía de Manta, ubicada en la avenida 4 de Noviembre, se registró un ataque armado en contra del fiscal Marcelo Vásconez, quien murió.
Del hecho también falleció Marco Ismael Moreno Quille, de 21 años, custodio de Vásconez, en un intento de repeler el ataque.
Vásconez tenía 45 años y llevaba casi dos décadas en la Fiscalía, abordando casos complejos, entre esos, el asesinato de la fiscal Luz Marina Delgado, el ingreso de más de una tonelada de droga a la Base Aérea de Manta y el crimen del alcalde Agustín Intriago.
Vásconez se desempeñaba como fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedotti), en Manta y de acuerdo con información policial, investigaba un caso en particular, "puede ser que por este caso ocurrió el ataque". No se especificó cuál.
“Estaríamos frente al tema de retaliación. El fiscal acusó en varios casos a personas vinculadas a grupos delincuenciales y terroristas”, informó la institución del orden.
Por el ataque, dos personas fueron detenidas. Y en la escena se levantaron 35 casquillos de tres tipos de armas: calibres 7,62, 5,56 y nueve milímetros.
Mientras que, en enero de 2024, hubo dos casos. El 29 de ese mes, las instalaciones de la Fiscalía de Manta fueron acatadas a tiros y se abrió una investigación.
La entidad dio a conocer que en la escena del tiroteo, los agentes policiales hallaron panfletos amenazantes y que llevaban como título "100% Chonero".
"Vamos a seguir atacando a las funciones públicas, hasta que dejen en paz a la familia", decía el panfleto donde había una fotografía de Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de la agrupación Los Choneros y quien recientemente fue recapturado. La Policía Nacional logró capturar a un sospechoso.
El otro hecho se registró el 17 de enero, pero en Guayaquil, donde el fiscal manabita, César Suárez, fue asesinado. Él llevaba casos de corrupción y narcotráfico y no contaba con resguardo policial, según afirmó una familiar del funcionario judicial.
Entre los casos que llevó están: peculado en hospitales públicos del IESS, sobreprecio en hospitales del Ministerio de Salud, el caso Decevale y el desfalco millonario al Isspol.
La fuerza pública atribuyó el crimen a la banda Chone Killers y cuatro implicados en el asesinato de Suárez fueron sentenciados a 34 años de cárcel.
Ataques a jueces y a una unidad penal
En 2023, Emerson Molina Díaz, funcionario de la Fiscalía de Pedernales, Manabí, fue asesinado el 31 de octubre.
Molina tenía 39 años y laboraba como asistente en un despacho fiscal de ese cantón del norte. Según el parte policial, recibió varios impactos de bala mientras conducía su vehículo.
Los sospechosos del crimen son dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta. Por el caso, no hay detenidos y las motivaciones aún son desconocidas.
El 7 de julio de ese mismo año, la unidad penal del Consejo de la Judicatura, en Portoviejo, fue atacada con explosivos, dejando tres mujeres heridas, incluyendo una niña. La Fiscalía procesó a dos detenidos por terrorismo.
El juez penal Mauro Alfredo Pinargoty Alonzo fue otra víctima. A él lo atacaron a tiros el 7 de junio mientras se movilizaba en su vehículo en Portoviejo y resultó herido.
Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el automotor en el que se encontraba el funcionario y dispararon mientras esperaba la luz del semáforo.
Mientras que el 30 de enero, la jueza Genny Guanoluiza y el secretario judicial Orly Manrique, ambos de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Paján, fueron atacados a tiros. Los funcionarios resultaron heridos.
Planificación minuciosa
De acuerdo a los registros, el crimen de la fiscal de Manta, Luz Marina Delgado, -que estuvo a cargo de la Unidad de Antinarcóticos y Delitos Transnacionales- y de su asistente Jefferson Mendoza, registrado el 25 de mayo de 2022, dio paso a una seguidilla de ataques contra funcionarios del sistema judicial.
Por el doble crimen, la Fiscalía General del Estado informó que tres mujeres fueron sentenciadas, como coautoras, a 34 años de pena privativa de libertad.
Delgado manejó casos polémicos, como la captura para fines investigativos por lavado de activos de Julia J., pareja sentimental del narcotraficante Édison Washington Prado, alias 'Gerald', conocido como 'el Pablo Escobar ecuatoriano'.
De igual forma, la fiscal también participó en el allanamiento de la Base Aérea de Manta, donde incautaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a dos militares.
Durante las diligencias de este caso, también hubo revelaciones importantes, por ejemplo, que participaron venezolanos y colombianos, lo que llevó a la Policía de Ecuador a establecer que extranjeros son reclutados por bandas del crimen organizado internacional para ejecutar asesinatos en Manabí.
Incluso la ruta fue mapeada. Un venezolano viajó desde su país hacia Colombia para reunirse con un sujeto, con quien luego viajó en bus hacia la terminal terrestre de Manta.
Llegaron 15 días antes del crimen y fueron recibidos por tres mujeres, quienes los trasladaron hasta una casa rentada en el sector de La Pradera, donde los ubicaron por orden de otra mujer.
Durante ese lapso, los asesinos reclutaron a un sicario ecuatoriano y tuvieron tiempo para ir de compras y realizar transacciones bancarias.
Además, la Dinased, detalló que, el 24 de mayo, un día antes del asesinato, las mujeres encargadas de la logística les entregaron a los atacantes un vehículo que usarían para perseguir a la fiscal y que había sido reportado como robado en Portoviejo en 2021. Es decir, hubo toda una planificación y seguimiento.
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