Superintendencia plantea normativa para proteger datos salariales de empleados públicos, tras extorsión a médicos en Guayaquil

El superintendente de Protección de Datos Personales, Fabrizio Peralta-Díaz, advirtió que se requiere una normativa para proteger la información de los salarios de funcionarios públicos, tras la denuncia de médicos del Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil, quienes fueron extorsionados y sufren amenazas de muertes después de una filtración interna de sus datos personales y remuneraciones.

Peralta-Díaz explicó que la información sobre las extorsiones a los médicos llegó a su conocimiento a través de medios de comunicación y aún no han iniciado una investigación formal, pues el requerimiento debe ser atendido en primera instancia por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Pero aunque la denuncia apunta a una presunta filtración de la información salarial de profesionales de salud a través el sistema de gestión documental y mensajería gubernamental Quipux, el caso evidencia un problema más amplio, según la Superintendencia.

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"No necesariamente uno puede llegar a saber cuánto gana un servidor público porque se envía un memorando a través del sistema Quipux. Esa información, de hecho, es pública", explicó el funcionario, señalando que los datos sobre remuneraciones están disponibles en los portales de transparencia de las instituciones estatales.

Equilibrio entre transparencia y protección

El superintendente reveló que su oficina había estado trabajando en mesas técnicas con la Defensoría del Pueblo para conciliar el derecho de acceso a la información pública (que incluye los salarios de los servidores públicos) con el derecho a la protección de datos personales.

Sin embargo, las diferencias conceptuales entre ambas instituciones llevaron a una pausa este primer intento de conciliación normativa.

"Nosotros habíamos propuesto disociar esa información de alguna manera, buscar alguna forma para que no se pueda tan fácilmente conectar el monto de remuneración con un nombre concreto", detalló Peralta-Díaz en entrevista con PRIMICIAS.

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La Defensoría considera el acceso a la información pública como "un derecho virtualmente absoluto" donde no sería aplicable la protección de datos personales, mientras que la Superintendencia defiende que se trata de dos derechos constitucionales del mismo rango, que se deben garantizar sin menoscabo de uno sobre otro. El contexto de inseguridad actual lo hace más urgente, añadió.

Hacia una regulación

El Superintendente anunció que su institución planea dictar una resolución propia para el tratamiento de información de servidores públicos, aunque reconoció que no está prevista en el plan regulatorio institucional de este año.

"Yo creo que en el futuro la Superintendencia va a tener que dictar una resolución, una regulación, para el debido tratamiento de la información salarial de los funcionarios", afirmó. La Super de Protección de Datos propone que la normativa establezca diferencias según el nivel jerárquico de los funcionarios.

Se requiere matizar el escrutinio público al que deben estar expuestos funcionarios de alto nivel jerárquico, como pueden ser alcaldes, ministros o superintendentes, respecto al derecho a la privacidad de los datos de funcionarios de menor rango, según el funcionario.

"¿Podemos decir que está sujeto al mismo nivel de escrutinio el analista, el médico o el asistente administrativo de una dependencia pública y que por ende también tiene que ventilarse de una manera tan abierta la información de sus remuneraciones? Pues no, definitivamente creo que no"

Fabrizio Peralta-Díaz, Superintendente de Datos. 

Municipio de Guayaquil ya toma medidas

Además, explicó que se debe responder a un análisis de riesgos, ya que conocer el salario y los datos de un funcionario puede facilitar su ubicación y convertirlo en objetivo de extorsionadores.

Como ejemplo, Peralta-Díaz se refirió a la practica del Municipio de Guayaquil, que ya no publica los nombres de sus empleados en el portal de transparencia, sino que utiliza códigos. "Esa puede ser muy buena práctica, que podría ser replicada e imagino que lo han hecho por la misma inseguridad", señaló.

Pero el cambio en el manejo de información de transparencia en el Municipio de Guayaquil se produjo después de un escándalo de nepotismo, en el que dos concejales de la Corporación Municipal contaban con hermanos, hijos y sobrinos empleados en la Municipalidad.

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Según la visión de la Super, disociar el monto de los sueldos de los nombres de funcionarios de bajo rango no implicaría obstaculizar la transparencia, porque los periodistas y ciudadanos aún pueden requerir los datos completos por canales formales si investigan posibles casos de corrupción.

Recomendaciones para los afectados

En el caso específico de los médicos del Hospital del Guasmo Sur, el superintendente recomendó que ejerzan sus derechos como titulares de datos personales ante el MSP, que es el responsable del tratamiento de esa información.

El Ministerio de Salud Pública debería darle respuesta al ejercicio de esos derechos que, como titulares, requieren las personas que se consideran afectadas, indicó, precisando que existe un plazo de 15 días para obtener respuesta. Aunque dijo que enviar la información salarial por el sistema de mensajería gubernamental no necesariamente es ilegal o improcedente, y podría estar debidamente justificado. 

Si no hay respuesta satisfactoria, los afectados podrían activar a la Superintendencia de Protección de Datos Personales para denunciar los hechos.

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Según la denuncia publicada por PRIMICIAS, al menos cinco médicos del Hospital del Guasmo Sur fueron víctimas de amenazas extorsivas después de que la dirección de talento humano del hospital enviara un memorando a través del sistema Quipux con información sensible como salarios, nombres completos y números de cédula. El MSP aun no ha contestado a un pedido de información de este medio, sobre la denuncia.

Los extorsionadores, identificándose como miembros de un grupo delictivo, exigen pagos de entre USD 5.000 y 10.000 a cambio de no atentar contra la vida de los médicos y sus familias. Los profesionales han tenido que esconderse, solicitar vacaciones o licencias sin sueldo para mitigar el riesgo, pues incluso les han enviado fotos de sus vehículos o de lugares que frecuentan.