Excluida del toque de queda, Manabí es estratégica para la migración criminal de territorios limítrofes, dice la Policía
La amenaza criminal provocó un estado de excepción en Manabí. Sin embargo, al no estar considerada dentro del toque de queda, ha quedado arrinconada por su ubicación para que líderes o cabecillas de bandas busquen un refugio y expandan sus operaciones.

El 22 de febrero de 2026, en la vía Manta-Rocafuerte, un hombre que se movilizaba en una motocicleta fue asesinado a tiros.
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En Manabí está vigente un estado de excepción, una medida que ha sido recurrente en los últimos años, debido a la concentración de violencia criminal. Sin embargo, el blindaje de las fuerzas del orden ha dejado de ser visible en las calles porque la provincia no está incluida en el toque de queda, a diferencia de El Oro, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
Estos tres últimos territorios son limítrofes con Manabí, tanto al sur como al este, lo que significa que, según fuentes policiales, es el lugar estratégico para la migración criminal y delincuencial. Sin embargo, la provincia ha sido considerada históricamente como un “hogar” por líderes o cabecillas de bandas para refugiarse y también para ubicar sus centros de operaciones.
“Existe la alerta por parte de inteligencia de que mucha gente puede estar viniendo acá a esta provincia; nosotros estamos haciendo operativos, especialmente en carreteras… estamos trabajando; a diario traemos aquí a los sicarios, extorsionadores, secuestradores y personas que roban vehículos”.
William Calle, comandante de la Policía en la zona 4.
De hecho, es el territorio más codiciado de Ecuador por las rutas marítimas del narcotráfico y eso ha provocado una feroz disputa entre estructuras narcoterroristas. Manabí es el bastión de Los Choneros y de otros grupos armados o tácticos como Los Pepes, aliados a Los Lobos.
Pero, ¿qué ha pasado en Manabí, considerando su ubicación clave frente a las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, donde rige un toque de queda desde el 15 de marzo?

Además de las operaciones ‘Apolo’ y otras del Bloque de Seguridad (policías y militares), están en marcha las diligencias direccionadas contra la extorsión y el secuestro, aunque estas intervenciones no han frenado los ataques armados, que la fuerza pública atribuye a disputa por control territorial para el tráfico de droga. También hay otros registros.
La madrugada del 16 de marzo, un parqueadero de la zona céntrica de la ciudad de Manta fue objetivo de un ataque. Dos sujetos rociaron combustible y les prendieron fuego a varios vehículos. Por este caso, no hay detenidos y la Policía no tiene una línea clara de cuáles fueron las motivaciones.
Aunque en la provincia hay una leve reducción de muertes violentas, las autoridades policiales consideran que aquello puede ser variable, porque los “hechos ocurren en el momento menos pensado”.
Violencia en medio del estado de excepción
Tras renovarse el estado de excepción, el 28 de febrero, en nueve provincias, incluida Manabí, los registros no cesaron. Por ejemplo, el 14 de marzo, en el cantón Jaramijó, un ataque armado dentro de una vivienda dejó un muerto y dos heridos. El hecho, según la Policía, fue perpetrado por un menor de edad de 13 años, quien en la actualidad es buscado por la fuerza pública.
O el caso registrado un día antes, el 13 de marzo, en horas de la madrugada, en el cantón Tosagua, a donde sujetos llegaron hasta una vivienda y mataron a tiros a tres personas: una mujer, su hijo y a un hombre, amigo de ambos.
La noche del 19 de marzo, en el cantón Portoviejo, desconocidos llegaron caminando y dispararon contra dos hombres que se encontraban en los exteriores de una gasolinera de la Cooperativa de pasajeros Coactur.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Cristopher Alejandro Parrales Chila, oficial de un bus interprovincial, y César Alfredo Cedeño Muente, alias 'Tranza' o 'Trance', señalado por la Policía Nacional como cabecilla de la estructura criminal Los Lobos en Manabí.
Según la fuerza pública, Cedeño Muente era una de las personas que se encargaba de planificar y reunirse en los inmuebles donde vivió Leonardo Briones Chiquito, alias 'Mexicano', asesinado en julio de 2025 en Manta, para ingresar la droga a Ecuador, acopiarla en Manabí, y luego enviarla en lanchas rápidas a Centroamérica y Norteamérica.

Además, alias 'Tranza' era uno de los sospechosos en el caso Peces Dorados, en el que la Fiscalía investiga un presunto caso de lavado de activos; en esta causa, el principal involucrado era Briones Chiquito.
En julio de 2025, Pablo Dávila, comandante General de la Policía Nacional, aseguró que ‘Tranza’ y otros tres cabecillas eran los autores de operativizar la violencia criminal en Manabí.
200 muertes violentas en lo que va de 2026
Del 1 de enero al 18 de marzo de 2026, en los registros de la Policía Nacional, la provincia contabilizó 200 muertes violentas; en el mismo período en 2025, hubo 239 asesinatos. La tasa de homicidios durante ese lapso de 2025 se ubicó en 14,69 y en 2026, está en 11,55.
Las cifras evidencian una leve reducción que obliga a mantener el estado de excepción; de hecho, el 28 de febrero de 2026, cuando se renovó la medida, una evaluación de las fuerzas del orden demostró que "persiste la amenaza criminal, la reconfiguración de grupos delictivos y la violencia de alta intensidad”.
Manta y Portoviejo, los distritos más violentos y priorizados por la Policía, siguen concentrando la mayor parte de la violencia, aunque hay otros como Sucre, Pedernales, Chone y El Carmen, donde las cifras de homicidios sí muestran un incremento.

Por ejemplo, en 2025, Sucre reportó ocho muertes violentas entre el 1 de enero y el 18 de marzo. En ese mismo período de 2026 hubo 18 homicidios. O Pedernales, que pasó de siete a 12 crímenes.
Además, la declaratoria se justificaba en un informe policial que decía que el registro de varios incidentes “evidencian el impacto de la violencia organizada sobre la capacidad operativa de las instituciones de seguridad y justicia”.
Entre los casos expuestos está que al menos tres servidores policiales fueron asesinados; ocho agentes policiales recibieron amenazas directas, insultos y hostigamientos y dos casos de fiscales con amenazas explícitas, dirigidas a obstaculizar investigaciones sobre crimen organizado y narcotráfico.
Esto y los ataques múltiples (masacres) evidencian la “persistencia y agudización de los hechos de violencia”. Además, se señala que "la violencia se ha recrudecido en Manta, Portoviejo y Rocafuerte, donde los GDO disputan el control de rutas de narcotráfico y extorsión". Entre enero y febrero de 2026, en la provincia se registraron siete ataques múltiples.
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