Comunidades Kichwas se manifestan en Coca contra los derrames petroleros y piden que los jueces lo visiten

Con botellas de agua de río contaminada y pancartas en mano exigiendo que paren los derrames petroleros, decenas de comuneros kichwas se concentraron este 30 de junio de 2025 a las afueras del Complejo Judicial de Francisco de Orellana, en la ciudad de Coca. 

"Más de cinco años de espera y sin justicia", decía una de las pancartas que alzaban los manifestantes. Y es que el 7 de abril de 2020, un derrame petrolero contaminó los ríos Coca y Napo, afectando a unas 105 comunidades que viven en sus riberas. En estos poblados habitan unas 27.000 personas.

Cerca de 15.800 barriles de crudo fueron derramados por roturas del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), a causa del avance de la erosión regresiva del río Coca.

Apenas dos meses antes, el 2 de febrero de 2020, la erosión regresiva había provocado el colapso de la cascada San Rafael.

Los pobladores aseguran que desde ese derrame, que incluso llegó a Perú por el río Napo, el ecosistema no volvió a ser el mismo, pero además los derrames petroleros han continuado, lo que impide la recuperación del medio ambiente. De hecho, el 16 de junio de 2025, hubo un nuevo derrame en el sector de El Reventador, provincia de Sucumbíos, donde también ocurrió el derrame de abril de 2020.

Producto de la contaminación de los ríos, los comuneros dejaron de sembrar en las islas u orillas de los ríos, que era la zona más productiva. Tampoco han vuelto a pescar, porque ya no encuentran peces.

Los manifestantes se apostaron frente al Complejo Judicial con fotos de las marcas que ha dejado en su piel el uso de agua contaminada con petróleo y de sus pies sobre la tierra manchada de crudo.

Reapertura del caso 

El 29 de abril de 2020, organizaciones indígenas, religiosas y sociales y personas defensoras de derechos humanos, interpusieron una acción de protección para solicitar la atención urgente de la autoridades a las comunidades afectadas por el derrame, y medidas cautelares para frenar "la continua violación de derechos humanos". 

Las entidades demandadas fueron el Ministerio de Energía y Minas; el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General del Estado, Petroecuador y la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

El 1 de septiembre de 2020, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, negó la acción de protección y medidas cautelares, argumentando que se debía ir por vía administrativa.

Las personas y organizaciones demandantes apelaron. Pero, en 2021, poco antes de cumplirse un año del derrame, la Corte Provincial de Orellana rechazó la apelación a la sentencia. Por ellos, las personas afectadas acudieran a la Corte Constitucional ese mismo año.

Y en noviembre de 2024, la Corte Constitucional emite una sentencia en la que determina que sí hubo vulneración al debido proceso, ordena dejar sin efecto las dos sentencias anteriores y solicita que otro juez de la Unidad Multicompetente de Francisco de Orellana resuelva la acción de protección.

Antes de proceder con la audiencia por la acción de protección, el 8 de abril de 2025, el juez de la Unidad Multicompetente Penal de Francisco de Orellana, Clemente Paz, ordenó realizar un diálogo intercultural.

El juez dispuso que el encuentro se llevara cabo el 30 de junio de 2025 en la ciudad de Coca. Sin embargo, la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) ha solicitado que el diálogo se lleve a cabo en sus territorios, con el fin de que el Juez conozca de cerca sus realidades y las afectaciones que han dejado los derrames.

No obstante, el juez negó está solicitud y además notificó que la diligencia se postegaría hasta el 25 de julio de 2025.

El presidente de la Fcunae, Luis Andi, hizo entrega el 30 junio de 2025 de un documento en el Complejo Judicial en el que invitan a las autoridades judiciales a que visiten la comuna Amaru Mesa (a 20 minutos en canoa desde el puerto Francisco de Orellana), una de las afectadas por los derrames. 

Junto al documento, representantes de las comunidades entregaron muestras de agua y tierra contaminadas de crudo.

"No sienta miedo, señor juez, nosotros también somos respetuosos. Queremos llevarlo al territorio, para que conozca de cerca cómo es nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestra alimentación", dijo Juan Licuy, socio de la comuna Sardina y uno de los demandantes, en la protesta de este 30 de junio, al frente de sus compañeros.