Jubilarse en España con aportes pasados de Ecuador: una posibilidad concreta, pero llena de lentitud y dificultades

Elena Vaca recuerda con claridad su último día de trabajo en el Hotel Palace de Madrid: fue el 26 de marzo de 2024. Tenía 68 años y le dijeron que no podía seguir trabajando por su edad. Hasta ese momento había trabajado 17 años, encadenando contratos temporales y de suplencia en el hotel, y sumando algunos aportes más que hizo como empleada de hogar. Podía jubilarse, pero en las oficinas de la Seguridad Social le advirtieron que su trámite sería distinto por el convenio que existe con Ecuador. “Yo les dije que no quería acogerme a eso, pero como había trabajado unos años antes de emigrar obligadamente tuve que hacerlo y me dijeron que tardaría de uno a dos años en que vengan los papeles de Ecuador”, cuenta.

La espera de Elena duró un año y dos meses y con la información de Ecuador, los seis años que trabajó como empleada en la fábrica de Ferrero, logró sumar 23 años de aportes y conseguir una pensión que ronda los 1.000 euros. “La espera fue tremenda, no podía cobrar paro (desempleo) ni trabajar ni hacer nada y tuve que solicitar una ayuda de menos de 300 euros a la Comunidad de Madrid para mantenerme”, comenta la mujer que ahora es parte de la estadística de los 8.018 pensiones tramitadas al amparo de la normativa internacional con Ecuador, según los datos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones de España.

Esta cifra previsiblemente aumentará en los próximos años porque hay más de 40.000 ecuatorianos en la franja de edad de 60 a 69 años en España, según el Instituto Nacional de Estadística. Estas serían las personas que están llegando a la edad general de jubilación en este país: 66 años y 8 meses, o 65 años si se han cotizado 38 años y 3 meses. Son los ecuatorianos que vinieron en los noventa, de la primera oleada de la migración, la que vivió los últimos años de la peseta.

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Para Vladimir Paspuel, de la Asociación Rumiñahui, urge tomar medidas porque no existen protocolos claros para el intercambio de información entre las administraciones de la Seguridad Social. “España dice que en Ecuador la administración es lenta y en Ecuador dicen lo mismo de España. La información no es clara, no se entiende la cotización, hay que ver que hay aportes hechos en sucres y hay problemas para determinar los montos de jubilación”, explica.

Desde Rumiñahui añaden que el convenio de Seguridad Social, en vigor desde 2011, exigía la formación de una comisión mixta para hacer seguimiento y que la asociación pidió ser parte de los observadores, pero no han recibido ninguna contestación. “Parece que le han dado la competencia al consulado de Madrid, pero no informa a profundidad. Además los ecuatorianos no estamos solo en Madrid, hay gente en Murcia y otras zonas alejadas de la capital”, dice Paspuel.

IESS tuvo campañas informativas

Del lado de Ecuador, el Instituto Seguridad Social de Ecuador mantuvo campañas informativas virtuales hasta 2022, bajo la tutela del subdirector nacional del sistema de pensiones, Gregorio Intriago, aunque la prioridad fue promover la afiliación voluntaria. “Hicimos este tipo de encuentros con los consulados en España, Italia, Estados Unidos y Chile”, recuerda a través de una llamada telefónica desde Quito.

En ese entonces ya se advertía que solicitar el informe de los aportes hechos en Ecuador podría tardar hasta 12 meses. “El talón de Aquiles era la famosa cuenta bancaria, los ecuatorianos no enviaban la certificación bancaria, y no se podía pagar la prestación”, explica Intriago. 

Otras prestaciones que solicitan los ecuatorianos

Ramón López Calero es otro migrante retirado en España. Tiene 74 años y lleva casi una década percibiendo una pensión mínima. No tenía ningún aporte en Ecuador y su trámite se resolvió en dos meses porque no pidió ninguna información a Ecuador. “Yo no tenía nada allí, trabajaba por cuenta ajena y no era obligatorio aportar”, recuerda. En España, la mayor parte del tiempo trabajó en el aeropuerto, pero al cumplir 65 años lo echaron. “Trabajé 14 años en la carga aérea y me mandaron a la casa, yo hubiese querido seguir trabajando hasta completar los 15 años, pero a los 65 años me dijeron se va porque se va”, cuenta. Su pensión es de 600 euros, pero en su casa también entra la pensión de su mujer que es similar, y la pareja va sobrellevándolo.

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El Convenio de Seguridad Social también establece prestaciones en casos de incapacidad temporal o permanente, accidente no laboral, maternidad, muerte y supervivencia. Pero muy poco se sabe al respecto y la tramitología va cambiando. Algunos ecuatorianos se enteran por las circunstancias de vida como Marcelo Cabezas, de 70 años, que tuvo un accidente en la construcción y le dijeron que podía percibir una pensión por incapacidad. “Fue algo que ni pensaba porque en ese tiempo se acababa de firmar el convenio de Ecuador con España y yo tenía mi libreta de la seguridad social y allí decía que trabajé en mi país, como arquitecto en Techint, unos 8 o 9 años, y eso me sirvió para que me sumaran los años y me dieran una pensión de 900 euros”.

Elena, Ramón y Marcelo son apenas tres nombres entre miles que han envejecido entre contratos temporales y jornadas imposibles. El Convenio de Seguridad Social que debía protegerlos ha sido una caja negra entre dos burocracias que se pasan la pelota mientras ellos han hecho cola, sin manual y sin un interlocutor claro. Y si algo deja claro esta generación de migrantes, que alcanzó a cobrar su sueldo en pesetas, es que su historia no terminó con el permiso de residencia.