Tres hermanos a juicio en Quito por planear el asesinato de su padre por herencia de USD 4 millones

Un nuevo caso de conflicto familiar llega a los juzgados de Quito. Mientras la ciudad permanece atenta al fratricidio de Luis Alfonso Jijón, de forma paralela se instalará la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de un adulto mayor, cuyo crimen habría sido planificado por sus propios hijos.

Según la Fiscalía General del Estado, esta diligencia se cumplirá el 10 de abril de 2026, más de cinco años después del hecho. En el proceso están involucradas seis personas, todas con algún vínculo familiar con la víctima.

Autor material se encuentra prófugo

De acuerdo con el Ministerio Público, el asesinato ocurrió el 28 de septiembre de 2020. El cadáver fue hallado cerca de un terreno de su propiedad, en el sector de El Chiche, en el nororiente de Quito.

Según la autopsia médico-legal, la víctima falleció a causa de una puñalada en el cuello. El autor material fue identificado como Luis Miguel I. J., quien habría sido contratado para quitarle la vida al adulto mayor. Actualmente, se encuentra prófugo y cuenta con difusión roja.

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El caso encendió las alertas de las autoridades porque, el mismo día del crimen, los procesados efectuaron la posesión efectiva y “empezaron a sacar el dinero; es decir, se apropiaron de todos los bienes de su padre”, según se expuso ante la jueza a cargo del proceso.

Crimen por una herencia de USD 4 millones

Esta línea permitió profundizar en el círculo familiar de la víctima. Tras recabar más de cincuenta y cinco elementos de convicción, se determinó la presunta participación como coautores de tres de sus hijos.

Se trata de María Belén V. M., quien, según versiones recogidas durante la investigación, habría mantenido conflictos económicos y habría proferido amenazas contra su padre.

A ella se suman Carlos Gustavo V. M. y Felipe Gustavo V. C., quienes también habrían tenido disputas económicas con el adulto mayor.

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Con estos antecedentes, la Fiscalía sostiene que el crimen se perpetró para acceder a bienes inmuebles de la víctima, valorados en más de USD 4 millones, además de pólizas que sumarían aproximadamente USD 800.000.

René Javier B. A., yerno de la víctima, y Ángela Rosenda V. M., pareja del adulto mayor, también fueron vinculados al proceso. Según la investigación, ella habría intentado formalizar una unión de hecho post mortem, trámite que no fue aceptado.

En versiones recabadas, los hijos del adulto mayor habrían señalado que le pedían que, en vida, les entregara la herencia que les correspondía, pero él se negaba a hacerlo.

De ser hallados culpables, los seis acusados podrían enfrentar penas de entre 10 y 13 años de prisión.