"Me invitó un encebollado con el mismo dinero que me quitó", el testimonio contra un policía denunciado en Guayaquil
Asuntos Internos abrió un expediente administrativo contra un policía. Un servidor público denunció en la Fiscalía a un agente, luego de que supuestamente le exigiera USD 300 para no apresarlo por "faltarle de palabra". El uniformado cumple arresto domiciliario.
Sebastián y su hermano Alan muestran la denuncia contra un policía por haberles pedido USD 300 para liberarlo en Guayaquil.
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Ilustración hecha con Gemini/PRIMICIAS
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¿Cuál es el precio de la libertad? ¿Decenas, cientos, miles, millones de dólares? Pues la de un joven servidor público guayaquileño fue de USD 300, una tarifa supuestamente impuesta por un policía para devolverlo a su casa sano y salvo. Esta versión corresponde a un proceso que se ventila en una unidad judicial de Guayaquil y podría marcar un nuevo precedente en las filas policiales.
PRIMICIAS entrevistó a los denunciantes, quienes pidieron proteger sus identidades por temor a represalias, y esta es su historia. Era la noche del 9 de julio de 2026 cuando Alan, un ingeniero en diseño y servidor público, salió junto a su hermano Sebastián a comprar alimentos y medicinas por el sur de Guayaquil.
Alan se recuperaba de un cuadro febril y estomacal, mientras que Sebastián transitaba por un proceso médico mucho más delicado: apenas tres meses atrás había sobrevivido a un grave accidente de tránsito que lo dejó con una fractura de cráneo, por lo que llevaba una membrana protectora en la cabeza.
Alrededor de las 19:20, mientras circulaban en motocicleta por la calle Portete, cerca de la intersección con José Mascote, notaron por el retrovisor que una camioneta policial se aproximaba a gran velocidad y con las balizas encendidas. Creyendo que se trataba de una emergencia —dice la denuncia— Alan se hizo a un lado para ceder el paso y se detuvo ante la luz roja del semáforo. La patrulla se colocó a su izquierda.
Al cambiar la luz, Alan arrancó lentamente, cuidando los movimientos bruscos por la condición de su hermano. Fue entonces cuando, sin motivo aparente, la situación escaló a la violencia.
“Quieto o te disparo..."
En medio de la intersección, el copiloto de la patrulla, un policía sacó su arma de dotación. "¡Quieto delincuente... o te disparo!", le gritó el uniformado, acompañando la amenaza con insultos. Alan, asombrado, detuvo la marcha. Al intentar identificarse como servidor público y mostrar la licencia y los documentos del vehículo, el agente se los arrebató.
De inmediato, Sebastián se quitó la gorra para mostrar la enorme cicatriz en su cabeza, implorando calma debido a su delicada cirugía reciente. No hubo empatía. "Agradezcan que había mucha gente y estaban las cámaras de la calle Portete, porque si no los hubiera pateado a todos en el piso", les dijo el agente, según un audio grabado por las víctimas que está judicializado.
Tras solicitar refuerzos, llegaron al lugar entre 15 y 20 policías. Sin permitir explicaciones, y tras recibir un golpe por parte del agente, Alan fue esposado y trasladado al Distrito 9 de Octubre. Lo acusaba de "faltarle de palabra" por cuestionar esta acción respondiéndole "plata has de querer".
El "paseo" de madrugada y el precio de la libertad
Lo que siguió fue un calvario burocrático diseñado, según la defensa de Alan, para cansar y vulnerar al detenido. Del Distrito 9 de Octubre, adonde inicialmente fue llevado, fue llevado a la Unidad Judicial Florida Norte, luego al Cuartel Modelo, y nuevamente al 9 de Octubre.
Allí llegó la primera abogada defensora, quien logró acercarse al uniformado para indagar sobre la detención. La respuesta fue directa y sin tapujos: "Somos tres y queremos USD 300 en efectivo, porque no le va a salir nada barato", le dijo el agente, según consta en la denuncia.
Hacia las 22:30, una fiscal de turno en el Cuartel Modelo determinó que la supuesta falta de respeto no constituía una contravención de segunda clase que ameritara la detención, por lo que ordenó su liberación.
Pero el policía se negó, argumentando que ya había reportado el caso a sus superiores. El objetivo, según la defensa de la familia, era ganar tiempo hasta la medianoche, cuando se realizaba el cambio de turno en la Fiscalía, asegurando así que Alan pasara toda la madrugada bajo su control. En la UPC, se le negó el derecho constitucional de hablar en privado con su abogado, sostiene el denunciante.
La extorsión a domicilio
Cerca de las 03:00, mientras la familia de Alan intentaba descansar tras horas de angustia, el sonido de una patrulla rompió el silencio frente a su domicilio. El policía había llevado a Alan, aún esposado, hasta su propia casa.
El agente ingresó "de manera prepotente" al inmueble, donde se encontraban los padres de los jóvenes, dos adultos mayores con problemas de salud. La amenaza: o entregaban los USD 300 para la audiencia de la mañana, o Alan pasaría de cinco a 10 días en prisión. "Ustedes saben lo que le puede pasar en la Penitenciaría en una hora", sentenció el uniformado.
Acorralado por el miedo, Sebastián aceptó ir con el policía a un cajero de un banco. Con frialdad, encendió la grabadora de voz de su teléfono. En el trayecto, mediante preguntas cautelosas, logró que el agente confesara sus intenciones y la violencia de su accionar inicial.
Sebastián retiró el dinero y el policía lo contó minuciosamente en el pasillo de la casa familiar, prometiendo que todo se arreglaría en la audiencia.
Un desayuno pagado con miedo
A las 05:00, Alan fue devuelto a la UPC. Dos horas después, el mismo agente lo despertó para invitarlo a desayunar encebollado. Irónicamente, el uniformado pagó la cuenta con los billetes del detenido.
"(El policía) me dice 'flaco, levántate, nos vamos a desayunar'. Le respondí que no tenía dinero... pero me respondió 'tranquilo, nos vamos a comer encebollado y yo pago con los USD 300'".
Alan, el denunciante.
El policía intentó una última jugada: citó a la familia en el Distrito 9 de Octubre para "coordinar" la liberación, con el fin de evitar que el abogado defensor se presentara. Al llegar, la familia descubrió con terror que Alan no estaba allí; parecía haber desaparecido. Tras presionar a las autoridades, descubrieron que había sido trasladado a la Unidad Judicial de Florida Norte.
Allí, el abogado defensor ya los esperaba. Para poner fin a la pesadilla y garantizar la seguridad de Alan, la defensa optó por una salida rápida: una conciliación mediante disculpas públicas, lo que permitió archivar el proceso de inmediato.
Antes de despedirse, el agente estrechó la mano de Alan y le lanzó una última advertencia: "Tú y tu hermano no mencionen nada de los USD 300".
Mientras tanto, agentes de inteligencia ya le seguían los pasos por una denuncia realizada por un amigo de la familia, por lo que el policía fue detenido afuera de la Unidad Judicial de La Florida.
Hoy, el caso se encuentra en manos de la justicia, con una denuncia formal impulsada contra el uniformado por concusión e intimidación. La concusión es un delito en el que un funcionario público abusa de su cargo para exigir dinero o beneficios.
En Ecuador, la pena por el delito de concusión es de tres a cinco años de prisión. Esta sanción está tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y aumenta de cinco a siete años si el servidor público exige el pago mediante violencia o amenazas.
¿Qué dice el parte policial?
El relato registrado en el parte policial, realizado el 10 de julio, a las 03:41, sostiene que la patrulla hizo señales al motociclista para que se detuviera. El objetivo era registrarlos, pero, según el agente, hoy detenido, el conductor de la moto, Alan, no obedeció la orden y aceleró.
Unos 20 metros más adelante, la patrulla los interceptó y el policía sacó su arma para contrarrestar cualquier amenaza. Los agentes confirmaron que ni Alan ni su hermano tenían antecedentes, pero escribieron en el informe que los dos demostraron una actitud hostil contra ellos.
El parte policial, firmado por el agente, hoy detenido, asegura que Sebastián "fue descortés y desafiante" al rechazar el operativo en su contra, reclamándoles que ellos no podían detenerlos, que no servían para nada y que el procedimiento no era el correcto. "No tengo por qué darles mis documentos, no saben quién soy yo, tengo familia de abogados... plata han de querer", dice el documento.
Por el momento, el juez a cargo de la causa ordenó prisión domiciliaria para el agente, quien primero la cumplió en el UPC del Distrito 9 de Octubre, pero ahora lo hace en una vivienda en el cantón Samborondón.
La Policía activó protocolos internos
El 10 de julio, a las 11:00, la Sección de Conducta de la Zona 8 de la Policía fue alertada de la irregularidad.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia contra el policía, el juez a cargo del caso determinó el inicio de la instrucción fiscal, la cual tendrá una duración de 30 días y culminará el 14 de agosto de 2026.
Paralelamente al proceso penal, la institución policial activó sus protocolos internos. La dependencia de Asuntos Internos de la Zona 8 confirmó a PRIMICIAS que el expediente administrativo ya fue remitido a sus oficinas.
Actualmente, el caso se encuentra en fase de análisis para confirmar la presunta falta, paso previo indispensable para iniciar formalmente la etapa de investigación administrativa-disciplinaria que podría determinar la baja del uniformado.
164 policías detenidos por corrupción y otros delitos en 2026
Un informe de la Sección de Investigación de la Conducta Policial (SICP), adscrita a la Dirección Nacional de Asuntos Internos, revela cifras sobre la depuración en la Institución.
Entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026, un total de 164 miembros de la Policía de Ecuador han sido aprehendidos o detenidos por su presunta participación en actos de corrupción y el cometimiento de diversos delitos. De esta cifra, 28 corresponden a casos de concusión.
El documento oficial detalla el riguroso procedimiento administrativo disciplinario al que se someten los uniformados detenidos o procesados con arresto domiciliario.
En estos casos, la institución abre sumarios administrativos por faltas consideradas "muy graves". Estas se fundamentan principalmente en dos causales: la ausencia injustificada al lugar de servicio por más de tres días y la vinculación directa del miembro policial en posibles actos ilícitos.
Causales de destitución
La Dirección Nacional de Asuntos Internos es la encargada de iniciar estos procedimientos que terminan en la separación definitiva de los malos elementos. Según el reporte, los policías destituidos han incurrido en una serie de faltas disciplinarias comprobadas, entre las que destacan:
- Obtención indebida de beneficios.
- Alteración de información institucional.
- Omisión de denuncias.
- Demora o negligencia en la cadena de custodia.
- Ingreso fraudulento a la carrera policial.
- Acoso o abuso sexual.
- Revelación de información reservada.
¿Dónde denunciar casos se corrupción policial?
Frente a esta realidad, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional mantienen activos sus canales de transparencia para que la ciudadanía pueda reportar cualquier irregularidad de manera segura.
Las autoridades instan a la población a utilizar el Canal de Denuncias Anticorrupción, comunicarse a la línea 1800 DELITO o escribir al correo oficial habilitado para estos fines (denuncias.corrupcion@interior.gob.ec).
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