La Procuraduría busca reducir al menos el 1% de casos judiciales contra el Estado con un nuevo modelo de gestión, que arrancará oficialmente el 1 de enero.
“Creemos estar en capacidad de crear un impacto en las finanzas del Estado ecuatoriano en procesos de defensa jurídica”, afirmó el procurador Íñigo Salvador, durante la presentación del nuevo modelo de gestión de la institución.
El evento se dio en Carondelet y contó con el respaldo del presidente Guillermo Lasso y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiará el proyecto con un préstamo de USD 5 millones, hasta 2023.
El proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría (Profip) inició en 2019, con la planificación. Este 1 de diciembre iniciará la fase de prueba y ajustes. Y el 1 de enero de 2022 comenzará su implementación, explicó Salvador.
El enfoque será ahora preventivo, con el objetivo de reducir al menos 1% de casos; lo que, según el Procurador, permitirá un ahorro aproximado al país de USD 570 millones al año.
El presidente Lasso recordó que la Procuraduría tiene pendientes 102.450 procesos nacionales y 34 internacionales activos- sin contar con los que se suman a lo largo del tiempo y los que se libran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que representan más de USD 57.000 millones en demandas.
“Si reducimos el 10% de procesos, evitaríamos pagar USD 5.700 millones, un monto
mucho menor que nuestro actual déficit fiscal. Esos recursos podrían ser direccionados a salud,
educación, empleo y seguridad”, puntualizó el Mandatario.
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