Los trinos de la Fiscal

La Fiscal General del Estado ejerce su cargo desde los estrados pero también a través de las redes sociales. Frente a jueces y procesados argumenta en Derecho. Frente a Twitter ensaya acciones de orden político, maniobrando entre la imparcialidad que le demandan el cargo y los limitados caracteres que la red social permite.

En el primer caso, cualquier ciudadano podría acudir a los procesos judiciales, analizar sus actuaciones y de allí formarse un criterio. En el segundo, todo se deja a la conjetura, la elucubración y las diferentes interpretaciones de quienes siguen su cuenta y leen sus trinos.

Esta semana, por ejemplo, un par de mensajes de la Fiscal han bastado no solo para reinstalar el debate sobre la independencia de la justicia respecto a la política, sino también para posicionar otro, de igual trascendencia, referido a la injerencia sobre la autonomía de los jueces vía redes sociales.

Paradójicamente, cuando la Fiscal señala que espera que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones, refiriéndose al caso del Contralor Celi, lo que en realidad hace es ejercer hacia los jueces que sustancian la causa la misma presión que denuncia.

En efecto, aunque en la mayoría de ocasiones la opinión pública se concentra en observar cómo los actores políticos buscan incidir en las decisiones judiciales, otra forma de violentar el principio de autonomía de los jueces proviene 'casa adentro', de sus colegas jerárquicamente superiores o, como en este caso, de la máxima autoridad de la Fiscalía.

Quizás la intención de la Fiscal no fue interferir en la acción de los jueces, pero su trino se presta a que esa sea una de las posibles lecturas. Ahí está el riesgo de trasladar el litigio de los tribunales de justicia a las redes sociales. 

Las lecturas siguen. La Fiscal señala inmediatamente en su cuenta de Twitter que hay procesados con privilegios y que, desde la esfera política, existen intereses corruptos que estarían detrás del caso Celi.

Reacciona el Presidente Lasso y consulta si hay funcionarios de su gobierno que están ejerciendo presión.

Los detractores del oficialismo argumentan que ahí hay una forma de aplicación del aforismo "disculpa no pedida, acusación manifiesta".

Otros, más perspicaces, dicen que aún si existieran funcionarios del gobierno actual implicados, era prácticamente imposible que la Fiscal respondiera afirmativamente a la consulta del Presidente Lasso. 

Pero ahí no queda la cosa. Cuando la Fiscal en un nuevo trino deslinda de responsabilidades a los colaboradores del actual gobierno también da espacio a que se interprete dicho mensaje como un guiño al Presidente Lasso y, como consecuencia de ello, para que se la critique por una posición eventualmente parcializada en favor del Ejecutivo.

Así pueden seguir las lecturas, unas de buena fe y otras con clara intencionalidad política. Por eso es que, para evitar que los procesos judiciales puedan verse contaminados con intereses y razones que no sean puramente jurídicas, una buena opción es que jueces y fiscales usen las redes sociales esencialmente para informar a la ciudadanía sobre la gestión del Poder Judicial.

Unos pocos caracteres en el Twitter pueden ser letales para cualquier ciudadano y más, mucho más, para quienes tienen la cívica tarea de administrar justicia.

Con la llegada de las redes sociales también se ha inaugurado una nueva fuente de afectación a la autonomía de los jueces para decidir los casos a ellos encomendados.

La presión, por tanto, ya no proviene solamente de los actores políticos o de los agentes económicos sino también del teclado o del celular.

Ahí quienes tienen un posgrado de facto son muchos abogados, sobre todo en el campo penal, que litigan sus casos con una mano en los tribunales y con otra en Twitter.

Ganar un juicio, hoy por hoy, ya no es cuestión del buen profesional solamente sino también del que de mejor forma "vende" el caso en las redes sociales. Aunque no lo puedan decir públicamente, jueces y fiscales sienten cada vez más que una de las mayores formas de presión que reciben es la que se difunde por estos medios. 

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Los trinos de la Fiscal han desatado una serie de interpretaciones que no hacen bien a su imagen ni a su gestión. Si la doctora Salazar siente que hay intereses protervos en el trámite del caso Celi o de cualquier otro, lo natural es que los denuncie a través de las vías que le franquea la ley.

Intentar disuadir a los "ciudadanos ilustres", como ella ha llamado a quienes tratan de tergiversar el curso de un proceso legal, recurriendo para ello al Twitter, no solo es una mala estrategia sino que, además, erosiona tanto su imparcialidad como la autonomía de los jueces a los que, quizás de forma inintencionada, termina por someter a una presión similar a la que denuncia.