Los rumores de una posible Consulta Popular convocada por el Ejecutivo han abierto nuevamente el debate respecto a qué cambios se deberían realizar en la Función Legislativa.
A partir de una exhaustiva revisión de las redes sociales, recojo un par de propuestas que son las más se repiten y mocionan respecto a los cambios que esperan los ecuatorianos de la Asamblea y, para cada una, me permito plantear una (impopular) refutación.
1. Los asambleístas deberían ganar el sueldo básico.
No.
Un asambleísta gana alrededor de USD 4.759 mensuales; por lo que los 137 legisladores le cuestan al Estado USD 7.823.796, más beneficios. Si se redujera su sueldo mensual a USD 400, el país ahorraría poco más de USD 7 millones anuales.
Cifra interesante, sin duda, pero en relación con un Presupuesto General del Estado de USD 32 mil millones, el supuesto ahorro apenas representa un 0,02%. Prácticamente imperceptible.
Por otro lado, un asambleísta es un representante directo del ciudadano en la primera función del Estado, por lo que tal encargo debería tener un salario acorde a la magnitud de la responsabilidad dentro de los límites salariales del sector público.
Pero quizá el argumento más importante -y hasta paradójico- es que bajar el sueldo es una medida discriminatoria.
La expectativa de un sueldo bajo, hará que solo aspiren a la Asamblea aquellos ecuatorianos que tengan su situación económica resuelta; es decir, los más pudientes; y también aquellos que cuenten con una suerte de 'mecenas' que patrocine su estadía legislativa, abriendo así un peligroso espacio para los famosos favores políticos.
De hecho, una investigación del National Bureau of Economic Research señala que los salarios altos atraen candidatos con mejores perfiles y mejoran la productividad legislativa.
2. Se debería reducir el número de Asambleístas.
No.
Contrario a lo que se piensa, en relación con la población del país, el tamaño de la Asamblea Nacional no está entre las más grandes de América Latina.
Ecuador tiene un legislador por cada 128.781 habitantes, es decir, una tasa de 7,8 asambleístas por cada millón de ecuatorianos. Entre 21 países latinoamericanos, Ecuador se ubica como el séptimo parlamento más pequeño.
En nuestra democracia, cada legislador representa un territorio y a un número determinado de ciudadanos. Si hay menos legisladores, hay menos personas representadas. Llevado esto a la práctica, habrá provincias que reduzcan sus escaños a dos o, incluso, a uno.
En un sistema marcadamente multipartidista como el nuestro, esta posible reducción implicaría que muchas organizaciones políticas se queden fuera, beneficiándose los partidos mayoritarios.
A esto sumemos que históricamente nuestro país mantiene una organización política de Estado unitario altamente centralizada; lo que nos lleva inevitablemente a la misma reflexión: si no se abren nuevos canales de intermediación entre el ciudadano y el poder, la reducción simplemente implica menos representación.
¿Se puede mejorar el desempeño de la Asamblea?
Sí, por supuesto.
Es indiscutible que para mejorar el desempeño de la Asamblea se necesita contar con mejores asambleístas, pero la solución no es cambiar la forma, el tamaño o el salario.
Habrá mejores legisladores cuando tengamos un mejor sistema de partidos políticos; cuando existan mecanismos institucionales para evitar la corrupción y, sobre todo, una vez que todos los ciudadanos estemos involucrados en el quehacer político.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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