Los detenidos eran funcionarios de Delcorp, Ecuagran y de una firma auditora, a los que Fiscalía acusa de haber cometido falsedad documental y de información.
La justicia ecuatoriana procesó la madrugada del 1 de septiembre a nueve personas que estarían relacionadas en la compra de obligaciones y facturas comerciales negociables, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a varias instituciones públicas.
Las personas fueron detenidas en operativos realizados en Guayaquil, Durán y Samborondón, donde además de las personas, se buscaba documentos y computadoras donde podría existir información sobre el caso investigado.
"En la primera audiencia, el juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra John Roger C. T. (contador de la empresa Ecuagran) por su presunta participación en el delito de falsedad de información", informó la Fiscalía.
"En la segunda audiencia, el Magistrado dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante el Fiscal de la causa para Denisse Cristina S. A. (analista financiera de la compañía Delcorp) y Jorge Alfredo B. R.(contador) por presunta falsedad de información", añadió.
La Fiscalía investiga una denuncia presentada por la Superintendencia de Bancos en contra de la Auditora Externa SMS, que habría aprobado informes financieros con datos falsos para aparentar solvencia económica de las compañías Delcorp y Ecuagran.
"El juez resolvió prisión preventiva para Fabián Andrés D. L. y Ana Belén D. R. (gerente y supervisora de la Auditora SMS), mientras que a Einstein D. L. (presidente de Auditora SMS), Jorge Steven P. B., Carlos Damián M. D. y Alejandro Rafael P. T. (todos de Delcorp) les dictó las medidas cautelares", detalló.
Las operaciones realizadas con la información supuestamente falseada por los imputados, superarían los USD 30 millones en obligaciones y otros papeles bursátiles.
Los afectados serían el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y la Corporación Financiera Nacional. Además de inversionistas privados, como el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional.
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