¿Qué implica para afiliados que el Biess devuelva los fondos de cesantía privados que estaba administrando?

Uno de los artículos de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad ordena al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) que devuelva a sus dueños originales un total de 37 fondos de cesantía y jubilación, que administraba desde 2024.

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Y es que la administración de esos fondos, que no tienen recursos de los afiliados, sino de empleados públicos, estaba generando pérdidas en el IESS.

Esta iniciativa fue incluida en la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad enviada por el Presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de septiembre de 2025. Para que entre en vigencia, la norma aún debe ser sancionada por el Ejecutivo. 

El origen del problema

El problema con los fondos provisionales se remonta al año 2014, cuando el entonces presidente Rafael Correa cuestionó por malos manejos financieros a estos fondos de cesantía y jubilación creados por asociaciones de empleados de ministerios y otras entidades públicas. 

Estos fondos de ahorro fueron creados por los propios servidores públicos en los años 80 y 90 como un mecanismo de ahorro de largo plazo para mejorar su jubilación. Los empleados públicos aportaban mes a mes a estos fondos, el Gobierno dijo que, en algunos casos, habían recibido también el aporte del Estado.

Expertos ven con buenos ojos esta decisión porque la administración de estos fondos, que pasaron al Biess desde 2014 por una reforma legal aprobada durante el Gobierno de Rafael Correa, estaba dejando pérdidas para el IESS. 

Entonces, el Gobierno de la época remitió una reforma legal que obligaba a los fondos a traspasar su administración al Biess. Entre ellos, los fondos de Cesantía del Magisterio (docentes), de los Servidores de la Gobernación de Tungurahua, del Banco Nacional de Fomento (hoy en liquidación), de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas. 

Esos fondos siempre defendieron que no tenía aportes del Estado o si había, estos eran mínimos, y que más bien los fondos dinamizaban la economía, pues invertían los ahorros de los servidores públicos en créditos de vivienda.

Pero una vez aprobada la Ley, en medio del rechazo de los afiliados a los fondos y con ayuda de la policía, el Biess asumió su administración.

En 2019, la Ley de Apoyo Humanitario introdujo una reforma para que el Biess devuelva la administración del fondo de cesantía más grande a sus propietarios, el del Magisterio. 

Cuantiosas pérdidas para el IESS

El banco administra unos USD 310 millones de fondos privados, que incluyen a 46.248 partícipes o socios.

Esta labor ha generado pérdidas sistemáticas, según el Biess. Así, según sus datos, solo en 2024, los ingresos que recibió el Biess por comisiones por la administración de los 37 fondos fueron de apenas USD 102.112, pero el costo operativo asociado a la administración fue de USD 221.715. 

El faltante o déficit para cubrir el costo de administrar esos fondos privados lo asumió el Biess con dinero de los afiliados del IESS. 

De hecho, este subsidio, financiado con recursos de afiliados y jubilados del IESS, ha provocado un déficit acumulado de USD 413.636 entre 2015 y 2024. 

"La situación se complica aún más debido al perfil de riesgo de estos fondos: un 11% clasificado como alto riesgo y un 33% como riesgo medio, lo que dificulta la gestión centralizada de los mismos", apunta el Biess en los considerandos del proyecto de Ley.

Para el abogado y actuario, Juan Sebastián Naranjo, la reforma es positiva porque libera al Biess de una responsabilidad que nunca debió tener, pues los 37 fondos de cesantía y jubilación tienen una naturaleza privada y nada tienen que ver con los afiliados al IESS.

De ahí que la administración de estos fondos pasará a sus propietarios originales, es decir, trabajadores municipales, funcionarios de Fuerzas Armadas.