Ancón presenta demanda constitucional contra el Ministerio de Economía por el 12% de utilidades petroleras

La parroquia San José de Ancón, considerada una de las cunas históricas de la explotación petrolera en Ecuador pues ahí se inició la actividad a inicios del siglo XX, continúa su lucha por recibir los recursos que, según el artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos reformada en 2010, le corresponden como zona de influencia directa. 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial, Samuel Rendón Ampuño, ha dado un paso decisivo: presentó oficialmente una acción de protección (demanda constitucional de amparo) contra el Ministerio de Economía y Finanzas por la omisión en la asignación y transferencia de los fondos correspondientes al 12% de participación en utilidades petroleras del campo Gustavo Galindo Velasco.

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Desde 2010, la reforma a la Ley de Hidrocarburos cambió el esquema de distribución de utilidades: el 3% se mantiene para los trabajadores y el 12% debe ser entregado al Estado para redistribuirlo en las zonas de influencia directa de la actividad hidrocarburífera. 

Ancón afirma que la empresa operadora ha cumplido con depositar esos recursos al Estado (alrededor de 8,6 millones de dólares hasta las utilidades de 2024 pagadas en 2025), pero la parroquia no ha recibido ni un centavo.

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Rendón ha señalado que existen comprobantes de depósito, una resolución del Ministerio de Energía y Minas que reconoce a Ancón como zona de influencia directa, y que el principal obstáculo es la falta de una normativa administrativa clara por parte del Ministerio de Finanzas para transferir estos recursos a gobiernos parroquiales fuera de la Amazonía (donde sí existe un mecanismo a través de una Secretaría Técnica). 

Esto ha generado un “cruce de responsabilidades” entre instituciones, dejando a la parroquia sin acceso a los fondos pese a los depósitos realizados.

Impacto potencial para la comunidad

El dirigente señaló que el presupuesto anual actual del GAD Parroquial de Ancón ronda los 194.000 dólares. De recibirse correctamente el 12%, se estima que llegarían aproximadamente 600.000 dólares adicionales por año. 

Estos recursos, aseguró, permitirían avanzar en obras prioritarias como:

• Renovación del sistema de alcantarillado (obsoleto desde 2022, con un costo estimado de 5,5 millones de dólares). 
• Mejoramiento de vías y otras infraestructuras básicas que la comunidad arrastra desde hace décadas.

Sobre la demanda hacia el Ministerio, mencionó que “esta decisión no fue tomada de la noche a la mañana, agotamos todas las instancias necesarias administrativas, pero no fuimos escuchados y mucho menos atendidos. Esto no es en contra de nadie, es a favor de nuestra gente” expresó el dirigente parroquial, quien enfatizó que se agotaron todas las vías administrativas desde mayo de 2023. 

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La acción de protección ya fue presentada formalmente y se espera que en las próximas semanas un juez constitucional admita o niegue la causa, dando inicio al proceso judicial. 

El GAD Parroquial ha convocado asambleas ciudadanas previas para informar y transparentar todas las gestiones realizadas. 

PRIMICIAS, solicitó una entrevista al Ministerio de Finanzas para conocer un pronunciamiento por parte de la institución, pero, pese a los acercamientos vías mensajes y correo electrónico, no se obtuvo.

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Este caso revive el debate sobre la distribución equitativa de los beneficios petroleros en zonas de influencia directa, especialmente en la Costa, donde no existe el mismo mecanismo de distribución que en la Amazonía. 

Ancón, con su historia centenaria ligada al petróleo, insiste en que estos recursos representan justicia histórica y una oportunidad para mejorar significativamente la calidad de vida de sus habitantes.