"Destruyeron el departamento y no nos pagaron tres años el arriendo", la pesadilla de un arrendador en Ecuador

Más de un millón de familias vivían en arriendo en Ecuador hasta 2025. Sin embargo, no todas las relaciones entre arrendadores e inquilinos terminan bien. Carlos, de 38 años (nombre protegido), cuenta cómo la decisión de arrendar un departamento de una casa familiar terminó convirtiéndose en una pesadilla de casi tres años.

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Ecuador tiene una Ley de Inquilinato que data de 1960. La Asamblea  debate un proyecto de reforma a esta ley, que busca actualizar las normas que regulan los contratos de arrendamiento en Ecuador.  

La propuesta incorpora cambios sobre contratos, garantías, desalojos, mediación, solución de conflictos y protección de las partes. El primer debate se realizó en abril del 2026 y está el proceso su trámite legislativo.

"Se quedaron casi tres años sin pagar ni un dólar de arriendo"

"La casa donde ocurrió todo pertenece a una tía que vive en el exterior. Mi mamá es quien lo administra. El inmueble tiene varios departamentos que, durante muchos años, estuvieron ocupados únicamente por familiares. Cuando uno de esos espacios quedó desocupado, decidimos arrendarlo. Eso fue en 2023.

Hoy sé que cometimos dos errores que nos costaron muy caro.

El primero fue no buscar un agente inmobiliario ni asesoría legal para arrendarlo. Conseguimos una inquilina por recomendaciones. Ella dijo que trabajaba en un canal de televisión y que viviría únicamente con su hijo pequeño y su padre. Nos pareció una persona confiable y le arrendamos.

Nos pareció una persona confiable y le arrendamos.

El segundo error fue no hacer un contrato de arrendamiento. Todo quedó en un acuerdo verbal pagaría USD 250 por un departamento grande de tres dormitorios, cocina, sala, comedor y dos baños, en el centro oriente de Quito.

Al principio parecía que todo iba bien, aunque solo entregó la mitad de la garantía. 

Después de tres meses empezaron los problemas. Comenzó a decir que el departamento tenía daños, que las tuberías estaban malas, que se estaba levantando el parqué y que no iba a pagar el arriendo hasta que se hicieran reparaciones.

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Transcurrido cerca de dos meses les pedimos que desocupara el inmueble, pero dijo que no se iría porque iba a perder la garantía. Se quedaron por casi tres años sin pagar ni un dólar de arriendo tampoco pagaron los servicios básicos.

Las peleas eran a diario, al poco tiempo empezaron a llegar más familiares de la señora. Al final ya no vivían tres personas, sino alrededor de nueve. También trajeron un perro, aunque en la casa estaba prohibido tener mascotas para los inquilinos.

Las fiestas eran constantes. Había música a todo volumen, consumo de alcohol y drogas. Entraban y salían personas desconocidas a cualquier hora. 

Cuando les pedíamos respeto, simplemente respondían que dentro de su departamento podían hacer lo que quisieran. Tuvimos que recurrir a la justicia para que desocuparan el departamento.

Tuvimos que recurrir a la justicia para que desocuparan el departamento.

Mientras se llevaba a cabo proceso judicial, mi mamá y mi papá recibían insultos y amenazas de muerte. Yo incluso tuve que salir de la casa con mi esposa y mis hijos porque estuve a punto de enfrentarme físicamente con uno de ellos al defender a mis padres.

Los daños también fueron materiales. Rompieron cámaras de seguridad, dañaron puertas, destruyeron tuberías y deterioraron el departamento.  

Lo peor fue que empezaron a llegar personas reclamando supuestas estafas cometidas por los inquilinos. Como esa era su dirección, muchos pensaban que nosotros teníamos relación con esos hechos.

Rompieron cámaras de seguridad, dañaron puertas, destruyeron tuberías y deterioraron el departamento. 

Finalmente, perdimos el juicio de desalojo porque no existía un contrato que demostrara formalmente la relación de arrendamiento. No había forma de sacarlos de la casa.

Perdimos el juicio de desalojo porque no existía un contrato.

Ellos también utilizaban distintos recursos legales para quedarse. Alegaban condiciones de vulnerabilidad porque había un niño pequeño y un adulto mayor viviendo en el departamento. Incluso se negaban a permitir el ingreso de la Policía.

En un momento llegaron a pedirnos USD 6.000 para abandonar la vivienda. Nunca les entregamos esa cantidad.

Después de casi tres años de conflictos, amenazas y pérdidas económicas, decidieron irse por su cuenta.

Aunque recuperamos el departamento, las consecuencias fueron enormes. Perdimos ingresos durante años, el inmueble quedó muy deteriorado y el estrés afectó gravemente la salud de mi madre. El departamento en el que vivieron estas personas no ha sido arrendado por el miedo de volver a vivir una situación similar.

Si algo aprendí de esta experiencia es que nunca se debe arrendar un inmueble sin un contrato formal, sin revisar antecedentes y sin asesoría legal.

Antes me parecía exagerado que pidieran certificados laborales, referencias o antecedentes penales. Hoy entiendo que no es desconfianza. Es la única forma de proteger el patrimonio de una familia y evitar pasar por una pesadilla como la nuestra".