Plan de cierre del Bloque 43-ITT: la producción petrolera cae 20% a tres años del cese definitivo que planteó Petroecuador
El Bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, sigue siendo el cuarto campo petrolero más productivo de Ecuador, aunque está en proceso de cierre tras la consulta popular de 2023.
El Bloque 43 - ITT está 10 años en producción y se ubica en la provincia de Orellana.
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Cortesía Petroecuador
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A casi tres años de que la consulta popular en que una mayoría de ecuatorianos decidió cerrar el Bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, acumula una caída del 20%.
Para cumplir con el mandato popular, la petrolera estatal Petroecuador, que está a cargo del Bloque, planteó un plazo de cinco años.
¿Cuánto se ha dejado de producir hasta ahora? La producción del ITT se ubicó en 42.105 barriles diarios de petróleo entre enero y junio de 2026, una caída del 20% frente a iguales meses de 2023. La cifra del primer semestre de este año representa, además, una caída del 4,5 frente a enero y junio de 2025.
Pese a esto y a que faltan tres años para su cese de operaciones definitivo de acuerdo con el plan de Petroecuador, el Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) continúa siendo el cuarto campo petrolero con mayor producción del país, superada solo por los campos Sacha, Auca y Shushufindi.
Además, este bloque petrolero representa el 9% de la producción nacional, según datos de Petroecuador.
¿Por qué es importante el Bloque 43-ITT?
El Bloque 43-ITT empezó su producción en 2016 y es uno de los principales yacimientos petroleros de Ecuador. Allí se concentra cerca del 20% de las reservas probadas de crudo del país, es decir, una parte importante del petróleo que Ecuador todavía podría extraer comercialmente y generar miles de dólares para el país. Sin embargo, ese recurso debe permanecer bajo tierra.
El Bloque 43 forma parte del Parque Nacional Yasuní, pero ocupa una porción mínima de su territorio. Las 80 hectáreas intervenidas representan menos del 0,01% de las 1.022.736 hectáreas del parque. El Yasuní es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, hogar de miles de especies de plantas y animales, ecosistemas únicos y pueblos indígenas en aislamiento voluntario: Tagaeri-Taromenane.
El 31 de agosto de ese año, el Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados de la consulta, en la que el 59% de los votantes apoyó detener la explotación petrolera en el ITT y avanzar con el cierre progresivo del bloque.
Posteriormente, la Corte Constitucional estableció que el Estado debía ejecutar un cierre ordenado de los pozos existentes y les dio plazo hasta febrero del 2025.
El cierre del ITT avanza de forma progresiva
El 28 de agosto de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa inició oficialmente el proceso de cierre del Bloque 43-ITT.
Como primer paso, las autoridades apagaron el pozo productor Ishpingo B-56 y comenzaron las tareas técnicas para su abandono definitivo, que incluyen retirar equipos, limpiar el pozo y sellarlo con cemento. Petroecuador es la empresa encargada de ejecutar el cierre.
Según su informe de gestión de 2025, hasta diciembre de ese año se habían cerrado definitivamente 59 pozos, cerca del 24% del total previsto.
El plan contempla el cierre progresivo de los pozos durante un periodo de cinco años y cinco meses. El Gobierno sostiene que este proceso permitirá reducir la producción de manera ordenada y evitar impactos ambientales y sociales en la zona.
- Lea: Daniel Noboa pide a la Corte Constitucional que realice seguimiento al dictamen sobre el Yasuní
Yasunidos cuestiona el proceso de cierre
El colectivo Yasunidos, que impulsó la suspensión de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, considera que el Estado no ha cumplido con el mandato de la consulta popular.
Pedro Bermeo, coordinador jurídico de la organización, sostiene que la decisión ciudadana establecía que la extracción debía detenerse un año después de la proclamación oficial de resultados, es decir, hasta el 31 de agosto de 2024.
Además, agregó, que el Estado tampoco cumplió con el plazo establecido por la Corte Constitucional, que venció en febrero de del año pasado.
"No solo no se suspendió la extracción de petróleo, sino que tampoco se ha iniciado el retiro progresivo de la infraestructura petrolera", aseguró.
El vocero cuestiona, además, el cronograma de más de cinco años planteado por el Gobierno. A su criterio, ese plazo responde al declive natural de los pozos y no a un cierre efectivo de las operaciones.
Bermeo sostuvo que la consulta popular tiene carácter obligatorio, por lo que considera que el Estado incumple tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
También afirmó que el proceso desconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tagaeri-Taromenane, que, según indicó, refuerza la protección del Yasuní.
La acción de incumplimiento sigue sin respuesta
El 12 de noviembre de 2025, Yasunidos presentó una acción de incumplimiento ante en contra del Gobierno de Daniel Noboa en la Corte Constitucional para que determine si el Estado ha ejecutado correctamente la decisión que dio paso a la consulta popular.
Según Bermeo, el proceso no registra avances desde su presentación y permanece en el despacho de la jueza constitucional Claudia Salgado Levy, sin que hasta el momento exista un auto de admisión.
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