Caso Chevron: presentan acción para impedir que Ecuador pague USD 220 millones a la petrolera
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, atribuye a "caprichos y delirios del correísmo" la indemnización a Chevron dispuesta por un Tribunal Arbitral. Unión de Afectados busca impedir el pago de USD 200 millones.

Las bombas de bombeo extraen petróleo de los pozos en un área de producción de Chevron en el campo petrolífero Midway-Sunset, el más grande de California, el 17 de octubre de 2025.
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AFP
Autor:
Redacción Primicias
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Las reacciones por la decisión de un tribunal internacional que ordenó al Estado ecuatoriano a pagar USD 220 millones a la empresa petrolera Chevron empiezan a surgir. Este 9 de diciembre de 2025, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, responsabilizó del tema al correísmo, mientras la Unión de Afectados pide un embargo.
Aunque la Procuraduría General del Estado dio a conocer que Ecuador deberá pagar USD 220 millones a la petrolera estadounidense y no más de USD 3.000 millones como pretendía la compañía Morillo señaló que se trata de algo "injusto" y un problema heredado del Gobierno de Rafael Correa, hace más de una década, cuando se "politizó" esta causa.
"Los caprichos y delirios del correísmo nos cuesta 220 millones de dólares. Politizaron el proceso judicial, contaminaron una causa justa por hacer política y ganar adeptos", dijo Morillo en su cuenta de X, en alusión a que el propio Correa encabezó una campaña 'La mano negra de Chevron', cuando gobernaba.
"Injusto! Recursos que deberían ir para los más pobres, se tienen que destinar a pagar la insensatez de aquellos que se creyeron dueños del Estado. ¡Que ningún ecuatoriano lo olvide!"
Nataly Morillo, ministro de Gobierno
La de Morillo fue la primera reacción de una autoridad del Gobierno de Daniel Noboa sobre el caso Chevron. El mandatario estimaba que el monto de la indemnización superaría los USD 800 millones.
Piden embargo
La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) informó que ha presentado "un pedido al juez competente de Sucumbíos, para que ordene de forma inmediata el embargo del crédito de los USD 220,8 millones".
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la organización dijo que espera que "el juez de la causa actúe deligentemente en el caso y ordene el embargo".
Para sus integrantes, "no es adecuado ni justo que Ecuador deba pagar a Chevron", ante lo que consideran el "peor crimen ambiental en nuestra Amazonía". Además, recuerdan que han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que "establezca de una vez por todas que los derechos humanos deben prevalecer a los intereses de las transnacionales".
La Udapt también critica a la Procuraduría General del Estado, pues cree que "celebra su derrota" al informar que no tiene que pagar USD 3.130 millones, sino "solo USD 220 millones"
El caso Chevron
El largo arbitraje iniciado por Chevron contra Ecuador llegó a su fin. Un Tribunal Arbitral condenó al Estado ecuatoriano a pagar USD 220 millones a la petrolera estadounidense, un monto muy inferior a los USD 3.350 millones que reclamaba la compañía.
Así lo informó la Procuraduría General del Estado el 8 de diciembre de 2025, a través de un comunicado. Semanas atrás, el presidente Daniel Noboa había señalado que Ecuador esperaba pagar un monto de USD 800 millones, pero al final el monto fue menor. "La pretensión de las demandantes ascendía, con intereses, a más de USD 3.350 millones", dijo el organismo.
El Tribunal, aceptando la mayoría de los argumentos presentados por la defensa del Estado, determinó una indemnización total de USD 220'806,941.94 (USD 180'402,691.43 por capital y USD 40'404,250.51 por intereses pre-lauda)", precisó.
El arbitraje internacional iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum, conocido como “Chevron III” (Caso CPA 2009-23), se encontraba en su fase denominada Track III, destinada exclusivamente a la cuantificación de daños sobre una responsabilidad ya establecida en 2018.
En el Track II, mediante laudo del 30 de agosto de 2018, el tribunal arbitral había determinado la responsabilidad del Estado por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
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