Crisis en CNEL: sindicatos denuncian despidos y sueldos en cero tras sentencia de la Corte Constitucional
CNEL ha despedido a 164 trabajadores tras una sentencia que ordena devolver USD 78,9 millones en beneficios. Los empleados denuncian recortes salariales extremos y piden diálogo con el presidente Daniel Noboa.

Rueda de prensa de trabajadores de CNEL en Guayaquil, el 4 de agosto de 2025.
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Los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) volvieron a alzar la voz este lunes 4 de agosto, en una rueda de prensa convocada por el Comité de Empresa en Guayaquil. Denuncian que, desde la sentencia de la Corte Constitucional del 17 de febrero de 2025, han perdido beneficios adquiridos, enfrentan despidos masivos y reducciones salariales que afectan sus condiciones de vida.
“No somos sus enemigos, señor presidente. Solo le pedimos que escuche nuestra triste realidad”, expresó Luis Lapo, secretario general del Comité de Empresa, en un mensaje directo a Daniel Noboa.
La sentencia 1788-24-EP/25 de la Corte Constitucional dispone que 1.795 trabajadores que en 2021 pasaron del régimen de la Ley de Empresas Públicas (LOEP) al Código de Trabajo vuelvan a la LOEP. Como consecuencia, CNEL debe recuperar los USD 79 millones que estos empleados recibieron bajo el contrato colectivo, mediante descuentos en sus roles de pago durante los próximos 36 meses.
“El problema no somos los trabajadores”
En su intervención, Lapo cuestionó la forma en que la empresa ha ejecutado la sentencia. Señaló que 164 trabajadores han sido desvinculados, de los cuales 112 pertenecen a áreas operativas o técnicas.
“Se recorta al personal que mantiene funcionando la empresa, mientras las pérdidas eléctricas y la cartera vencida siguen sin soluciones. La cartera supera los USD 600 millones y las pérdidas técnicas, los USD 400 millones. Pero no vemos un plan real para recuperar esos valores”.
Luis Lapo, secretario general del Comité de Empresa de CNEL.
Los dirigentes también denunciaron la contratación de compañías tercerizadoras para combatir las pérdidas, con contratos millonarios cuyos resultados —según afirman— no se evidencian en mejoras.
A ello se suma, según los voceros, la falta de transparencia en los criterios de desvinculación. “Nosotros no conocemos cómo se han hecho, qué es lo que están haciendo sobre el área”, reclamaron durante la rueda de prensa.

La sentencia y sus efectos colaterales
Franz Cabezas, secretario general del sindicato Sitra CNEL EP en Esmeraldas, calificó la sentencia como una “tragedia jurídica” que ha llevado a familias a la desesperación.
“Tenemos compañeros con discapacidad, madres solteras, personas con enfermedades catastróficas que ya no pueden acceder a medicamentos. A muchos se les descuenta tanto que su sueldo llega a cero. Esto no es un ajuste financiero, es un atentado contra la vida”, manifestó.
Cabezas añadió que más del 40 % de los trabajadores afectados por la sentencia ahora recibe sueldos en ceros, a pesar de que la Corte no dispuso explícitamente la reducción de salarios, sino la devolución de beneficios.
Un llamado a reactivar las mesas técnicas
Los trabajadores recordaron que en marzo se instalaron mesas técnicas entre CNEL, el Ministerio de Energía y representantes sindicales, pero solo se concretaron dos reuniones, los días 12 y 22 de marzo. Desde entonces, no se ha retomado el diálogo.
“Queremos contribuir con soluciones, no ser excluidos. Pedimos al presidente que convoque nuevamente a esas mesas técnicas, donde podamos plantear alternativas viables que no pasen por despidos ni recortes unilaterales”, sostuvo Cabezas.
Datos que sostienen el reclamo
Según los datos presentados por los trabajadores:
- La cartera vencida de CNEL asciende a USD 607 millones.
- Las pérdidas técnicas representan el 20 %, equivalentes a USD 400 millones adicionales.
- El impacto de la sentencia ha significado una reducción de USD 2,5 millones mensuales en beneficios laborales.
- La desvinculación de los 164 trabajadores ha supuesto un ahorro de USD 700.000 mensuales.
- El gasto en tercerización alcanza los USD 80 millones anuales, mientras que la mano de obra representa apenas el 11,3 % de los ingresos de la empresa.
Además, han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentaron revisiones en etapa de ejecución ante la propia Corte Constitucional.
“Cada despido es una familia rota, un sueño que se quiebra”, concluyó Cabezas. “No estamos pidiendo nada fuera de la ley, solo que se nos respete como seres humanos y como trabajadores que han sostenido este país con su esfuerzo”.
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