Corte Constitucional obliga a devolver beneficios de millonario contrato colectivo en CNEL
La Corte Constitucional resuelve que los jueces cometieron prevaricato en el caso del millonario contrato colectivo en CNEL, el expediente va a la Fiscalía.
Imagen referencial de trabajadores de CNEL.
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CNEL
Autor:
Redacción Primicias
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La Corte Constitucional declaró que las decisiones judiciales de primera y segunda instancia relacionadas con un millonario contrato colectivo en la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL), desnaturalizaron el objeto de la acción de protección. Se trata de la mayor distribuidora estatal de electricidad de Ecuador.
La sentencia 1788-24-EP/25, bajo la ponencia de la jueza Karla Andrade Quevedo, concluye que los jueces excedieron sus competencias al reconocer derechos que, según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no corresponden a los servidores administrativos.
La sentencia establece que dicha actuación vulneró el derecho a la seguridad jurídica, por apartarse de la finalidad de las garantías constitucionales, y ordena dejar sin efecto las sentencias impugnadas y los actos ejecutivos derivados de ellas.
Asimismo, se impone a CNEL EP la recuperación inmediata de más de USD 79 millones, sumados a medidas para investigar responsabilidades administrativas y penales en el caso.
El fallo también revisa procedimientos internos, incluyendo recusaciones y solicitudes de informes sobre posibles errores inexcusable de algunos jueces, reafirmando la necesidad de respetar los límites de la acción de protección.
El caso se originó el 28 de octubre de 2021, cuando los sindicalistas de CNEL presentaron una acción de protección para aglutinar a otros 1.800 funcionarios de CNEL, que estaban bajo la Ley de Empresas Públicas, con el argumento de que esta norma es "discriminatoria".
Con eso, el número de beneficiarios del contrato colectivo pasó de 3.500 en 2018, amparados por el Código de Trabajo, a más de 5.300 en 2022. Ya se han pagado más de USD 50 millones, indicó el Ministerio de Trabajo.
El fallo de la Corte Constitucional es de última instancia y fue aprobado por unanimidad el 14 de febrero de 2025.
Una acción similar también se presentó en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
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