"Nos están condenando a una muerte financiera", dice trabajadora de CNEL tras retiro de beneficios

Unos 1.795 trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) comenzaron a sentir en sus finanzas el impacto del retiro de beneficios que recibían como parte del contrato colectivo, debido a una sentencia de la Corte Constitucional, del 17 de febrero. 

La sentencia 1788-24-EP/25 dispone que esos 1.795 servidores públicos de CNEL, que en noviembre de 2021 pasaron del régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas  (LOEP) al régimen del Código de Trabajo y, con ello, a gozar de beneficios del contrato colectivo, vuelvan a estar bajo la LOEP.  

Al revertir ese traspaso, la Corte Constitucional además dispuso a CNEL recuperar todo lo que pagó la empresa pública a estos empleados, que según la sentencia se estiman en USD 79 millones. Para ello, deberá "pactar" con los trabajadores la devolución del dinero, mediante descuentos en sus roles de pago, por un plazo de 36 meses. 

Los descuentos correspondientes a la devolución de ese dinero aún no se refleja en los roles de pago de los trabajadores, pero, desde febrero de 2025, sí dejaron de recibir los beneficios que forman parte de la contratación colectiva, como: 

• Subsidio por antigüedad: 5% del salario básico, más 3% de la remuneración mensual por cada año de servicio. 
• Subsidio familiar: 3% del salario básico por cada carga familiar.
• Comisariato: USD 50 para consumo en víveres que se descontaba del rol de pagos porque era entregado como un crédito en comisariatos particulares. 

En algunos casos, la suma de esos beneficios económicos eran cerca de USD 350, y en otros, podía ser el doble de ese monto. Con ese incremento en su remuneración mensual, muchos trabajadores adquirieron créditos con las que ahora no pueden cumplir o, debido a que las cuotas del préstamo en muchos casos son descontadas del rol de pagos, el monto de salario que recibieron en la segunda quincena de febrero se redujo al mínimo o incluso a cero. 

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Sin dinero para cubrir préstamos

Verónica Vera, madre soltera de tres adolescentes, labora desde hace 20 años en la Unidad de Negocios Esmeraldas de CNEL, donde presta servicios en comercialización. 

Su sueldo es de alrededor de USD 1.500, pero también percibía los beneficios de subsidio por antigüedad, subsidio familiar y comisariato del contrato colectivo, que en su caso sumaban cerca de USD 700. Con ello, su remuneración mensual superaba los USD 2.000.  

Vera destina parte de ese dinero a los pagos de un crédito hipotecario y otro quirografario, en el Biess, que entre ambos sumaban alrededor de USD 700. Además, mantiene otro crédito en un banco privado, por el que paga cerca de USD 300 al mes, debido a una operación y tratamiento oncológico de su hija mayor, quien sufrió de cáncer de tiroides.  

También, debe cubrir los gastos de educación de sus hijos, alimentación y vivienda. De hecho, su hija mayor se encuentra estudiando la universidad en Argentina, donde le resultaba más económico que en una universidad privada en Ecuador. 

Luego de los descuentos de ley y las cuotas por préstamos en el Biess, Vera solo recibió de remuneración cerca de USD 200, en la última quincena de febrero, cuando, por lo general, percibía USD 800. Previamente, en la primera quincena de febrero y antes de la última sentencia de la Corte, la empresa le entregó como "anticipo de quincena" USD 400. 

Con la disminución de su remuneración, esta trabajadora no logró cumplir con la cuota del crédito que mantiene en un banco privado. 

"No sé qué hacer, ya dejé de pagar al banco privado. Nos están condenando a una muerte financiera", dijo Vera la mañana de 7 de marzo de 2025, a las puertas de la Corte Constitucional, donde decenas de trabajadores de CNEL realizaron un plantón para exigir a la Corte que sesione para dar respuesta a un pedido de aclaración a la sentencia. 

Otra trabajadora del área de servicio al cliente de la Unidad de Negocios CNEL Guayaquil, quien prefirió no dar su nombre, percibe un salario de USD 1.100, pero con los beneficios del contrato (subsidio por antigüedad y comisariato, su remuneración aumentaba a unos USD 1.400 al mes. 

Con ello, la empleada cubría los USD 567 de la cuota de un préstamo en una entidad financiera, al que pudo acceder al estar afiliada al sindicato de trabajadores. "Me endeudé con 20.000 para comprar una casa en Chongón y aún debo USD 18.000", dice esta trabajadora que lleva 17 años en CNEL. 

Pero ese no es el único crédito que tiene, también paga cerca de USD 94 por un quirografario del Biess. Entre los préstamos y otros descuentos, y el anticipo de quincena que recibió de la empresa a mitad de febrero, esta trabajadora percibió en neto USD 0 en la segunda quincena. Antes, recibía al menos los beneficios del contrato colectivo. 

"Fue un remezón que nos ha pegado a todos; estamos muy endeudados. Es muy injusto. Por la desesperación, vinimos hoy a la Corte. Pedimos que anulen la sentencia", dijo esta trabajadora. 

La historia de estas dos trabajadoras se repite entre cientos de trabajadores de CNEL, que hoy no saben cómo responder a sus compromisos financieros. Una situación que se agravará cuando la empresa comience a descontarles el monto que ya les pago en beneficios y que, según la sentencia de la Corte, asciende a USD 79 millones. 

Por ello, el Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL, junto a sus abogados patrocinantes, presentaron un recursos de ampliación y aclaración ante la Corte, para conocer con mayor detalle cómo será la devolución del dinero a la empresa, tomando en cuenta las necesidades básicas y obligaciones financieras adquiridas por los trabajadores. 

Otras acciones legales que emprenderán los trabajadores afectados son la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una solicitud de demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicó Xavier Garaicoa, exprocurador general del Estado y  abogado de los trabajadores de CNEL en este caso judicial.