El exgerente de Celec, Fabián Calero, y 11 personas más: ¿quiénes son los otros investigados por el caso Apagón?

El supuesto perjuicio de USD 100 millones que sufrió Ecuador, por los contratos de generación eléctrica que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) firmó con Progen, llegó a la justicia. La Fiscalía y la Policía realizaron 17 allanamientos en el denominado caso Apagón.

Desde la madrugada del 28 de julio de 2025, agentes inspeccionaron viviendas en Quito e instalaciones públicas pertenecientes a las centrales térmicas Guangopolo y Santa Rosa, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y Celec.

La orden judicial la emitió Hernán Barros, conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Eso significa que el caso tiene fuero nacional y que entre los investigados por peculado hay, al menos, un funcionario de alto nivel, entre los que pueden estar ministros de Estado.

El 23 de julio de 2025, Roberto Luque, quien fue ministro de Energía encargado cuando se gestionaron esos contratos, comunicó que la Fiscalía había abierto una investigación previa al respecto. Sin embargo, Luque no aparece en el listado de quienes fueron allanados.

Según información policial a la que PRIMICIAS tuvo acceso, fueron allanados los lugares de trabajo y los domicilios relacionados con 12 personas, todos funcionarios de Celec durante la emergencia eléctrica, en 2024 y 2025.

A la cabeza de ese listado aparece Fabián Calero, quien fue el gerente de Celec, entre abril y octubre de 2024, y luego fue ascendido a Viceministro de Electricidad. Los otros 11 funcionarios participaron en las etapas precontractuales y contractuales de los proyectos de generación térmica terrestre en Quevedo y El Salitral.

La Contraloría General del Estado aprobó el 21 de julio el informe de auditoría efectuado a los contratos de Celec con Progen. Según el examen, habría un perjuicio para el Estado de USD 100 millones por los pagos realizados a esta empresa: USD 70 millones corresponden a El Salitral, ubicado en Guayaquil, provincia de Guayas, y USD 30 millones a Quevedo, en Los Ríos. 

Los investigados

La Fiscalía detalló que los allanamientos en la Central Térmica Guangopolo se deben a que en ese lugar trabajan Gabriela Alexandra T. C., Holger Santiago J. S. y Marvin Bryan R. Z., tres de los otros 11 investigados por el caso apagón.

Gabriela Alexandra T. C. es ingeniera en Electrónica y trabaja en Celec —específicamente en Termopichincha— desde 2016. Ha sido asistente de mantenimiento, analista de operaciones y operadora tablerista.

En los documentos de la contratación entre Celec y Progen, el nombre de Gabriela T. consta 110 veces. El 7 de noviembre de 2024, Byron O., gerente de Termopichincha y otro de los indagados, dispuso que con el objetivo de monitorear el avance de los proyectos de generación eléctrica de Quevedo y El Salitral, los administradores de contrato emitan informes diarios de actividades.

Estos informes, según la disposición, debían ser enviados a la Gerencia de Termopichincha, la subgerencia de Producción y copiarlos a Gabriela T.

Asimismo está el caso de Holger Santiago J. S., ingeniero Mecánico y magíster en Planificación. Trabaja en Celec desde 2017. Ha sido analista de producción, especialista de Programación y Control y, desde marzo de 2024, es Jefe de Programación y Control.

En los informes de auditoría de la Contraloría no se mencionan los nombres de los funcionarios, sino sus cargos o funciones. Durante la etapa precontractual, Gabriela T. fue operadora Tablerista; y Holger J. fue jefe de Programación y Control.

Según estas denominaciones, la Contraloría determinó que estas personas elaboraron, revisaron, aprobaron y suscribieron, el 24 de junio de 2024, los informes de manifestación de interés para los procedimientos de contratación de Quevedo y El Salitral.

En el informe firmado por Gabriela T. y Holger J., según el organismo de control, "se incluyó a un proveedor (Progen) que incumplía las características técnicas establecidas, sin acreditar su condición de fabricante de las unidades de generación y cuyas propuestas presentaron inconsistencias". 

Otro mencionado es Marvin Bryan R. Z., ingeniero en Electromecánica. Trabaja en Celec desde 2021, como supervisor de mantenimiento eléctrico. Según la Contraloría, este funcionario debía revisar la información de la oferta y determinar si Progen cumplía con las características técnicas requeridas.

Sin embargo, Marvin R., junto a otros funcionarios, como parte del Comité de Calificación. "no cumplieron con los procedimientos establecidos para la elaboración del estudio de mercado ni para la revisión técnica" porque elaboraron los presupuestos con base en dos proformas que no cumplían las especificaciones técnicas.

Gerentes y subgerentes involucrados

Además de los funcionarios técnicos, la Fiscalía también apunta a servidores directivos. En la lista está Fabián Calero, como gerente de Celec, quien a mediados de junio de 2024 declaró la emergencia ante el Sevicio de Contratación Pública, como preámbulo para la contratación con Progen.

Pero, también están dos gerentes y dos subgerentes:

1. Byron Fernando O. M. figura como gerente de la Unidad Termopichincha y fue quien firmó los contratos con Progen.

2. También aparece Elizabeth Silvana P. R., quien estuvo en la gerencia de Unidad de Negocio Termopichincha antes de la firma de los contratos. Según la Contraloría, esta persona remitió documentación preliminar al informe de manifestación de intereses, que ya había sido elaborada -incluso- antes de la declaratoria de emergencia.

3. Carlos Iván V. M., en cambio, aparece como subgerente de Producción, quien —
   según la auditoría— remitió las fichas técnicas para las contrataciones emergentes de generación terrestre en Salitral y Quevedo, por 100 MW y 50 MW, respectivamente.

4. Finalmente, Christian Andrés D. Q., subgerente Jurídico, suscribió el informe de evaluación de la oferta y la recomendación con la que se adjudicó los procesos a Progen. Pero, además estuvo detrás de la elaboración de los contratos.

Por el momento, la Fiscalía no ha detenido a nadie por esta investigación. Con los allanamientos se incautaron 31 teléfonos, 18 dispositivos de almacenamiento, 11 computadoras, ocho discos duros, dos tabletas y decenas de documentos. Todavía no hay fecha para una eventual formulación de cargos.