Gobierno de Ecuador exige a mineras pagar la tasa minera; Agencia advierte con iniciar coactivas y congelar cuentas

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, dijo que la minería ilegal es un "desafío enorme" que enfrenta la administración de Daniel Noboa al estar  vinculada a grupos delictivos, por lo que dijo que es "firme en llamar y en exigir a las compañías que paguen la tasa minera".  

Esta tasa es un tributo que se impone en Ecuador a las actividades mineras formales para fortalecer la lucha contra la minería ilegal. El pago está vigente desde el 20 de junio de 2025 y las mineras tenían que consignar un primer pago hasta el 31 de julio, pero no todas lo han hecho. 

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La tasa se calcula por hectárea concesionada, y el monto varía según la fase del proyecto (evaluación, exploración o explotación) y el tipo de minería, pero las mineras han advertido que la tasa podría hacer que muchas empresas se vayan del país debido a su alto costo.

Según el Gobierno, la tasa podría rendir unos USD 230 millones al año. Pero PRIMICIAS conoció que hasta ahora solo se ha consignado un valor equivalente a un 10% de la meta.

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En ese contexto, la Agencia de Control y Regulación Minero (Arcom) envió más de 1.000 comunicaciones a las empresas mineras para que se pongan al día en el pago de este valor. Caso contrario advierte con iniciar procesos de cobro coactivo, que incluiría congelamiento de cuentas bancarias. 

No es el único riesgo que enfrentan las empresas, pues la Ley de Orgánica de Transparencia Social incluye un capítulo que regula la actividad minera y señala que el no pago de tasas por parte de las empresas que operan en el sector puede llevar a la caducidad de las concesiones.

Los procesos, según Arcom, empiezan la semana del 8 de septiembre de 2025. PRIMICIAS se contactó con la Cámara Nacional de Minería, pero no fue posible obtener inmediatamente un pronunciamiento sobre el tema.

La Cámara había presentado hace varias semanas una demanda de inconstitucionalidad de esta tasa ante la Corte Constitucional y pidió medidas cautelares para que se suspenda su cobro, pero el organismo aún no se ha pronunciado.