Gobierno analiza revertir concesiones a grandes mineras que no han hecho inversiones mínimas y ni avanzado en exploración

Los voceros del sector minero reclaman que la nueva tasa de fiscalización impuesta por el Gobierno de Daniel Noboa es demasiado alta y creen que con esta se ahuyentará a las empresas que se dedican a  la exploración minera en Ecuador.

El Gobierno espera recaudar entre USD 200 millones y USD 220 millones por esa tasa que tendrán que pagar las empresas mineras.

Por otro lado, el viceministro de Minas, Javier Subía, más bien recrimina a las empresas con grandes concesiones mineras, porque desde que se cerró el catastro minero en enero de 2018, han mantenido las concesiones adjudicadas "ociosas, haciendo crecer hierba.(...) con escasos avances en la exploración", dijo.

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"¿Es conveniente que tengamos esas áreas que se entregaron hace ocho años y no se ha avanzado? El país no necesita una exploración que se transforma en una especulación", dijo el viceministro en un conversatorio con medios de comunicación el 25 de junio de 2025, organizado por HC Becdach.

"Estas áreas que se mantienen ociosas por la gran minería tienen que activarse, porque la exploración se hace explorando, trabajando".

Javier Subía, viceministro de Minas

En promedio, el área de concesión para minería a gran escala es de 5.000 hectáreas, dijo Subía, una superficie similar a la del cantón Durán, en Guayas, o a la zona de Cumbayá, en Quito.

Según el Viceministerio de Minas, antes de que se cierre el catastro minero, se adjudicaron 275 áreas de concesión para gran minería metálica; es decir, para que las empresas exploten materiales como oro, plata y cobre. 

Y de esas, Subía dijo que la mayoría se han quedado estancadas en etapa inicial.

Según datos del Viceministerio de Minas con corte a febrero de 2025, de esas concesiones otorgadas antes del cierre del catastro, solo 69 están en etapa avanzada. 

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El viceministro dijo que por ley, las empresas deben permanecer máximo cuatro años en exploración inicial, luego pasar a exploración avanzada por otros cuatro años y después pasar a la etapa de evaluación económica, previo a que se les autorice ir a explotación.

Subía criticó que seis proyectos son los que más han avanzado y están ya cerca de construir mina o ya han comenzado a construir minas.

El viceministro aseguró que las empresas a cargo de esas seis áreas son las únicas que "sí han luchado" para avanzar en los procesos. Se refiere a los proyectos:

1. Curipamba, con la mina industrial de cobre de mediana escala El Domo, ubicada en Las Naves (Bolívar), operada por la empresa ecuatoriana Curimining, cuyo accionista es Salazar Holdings de Canadá. 

• En abril de 2025, esta empresa comenzó la construcción de la mina.

2. La Plata, proyecto de extracción de cobre ubicado en Palo Quemado (Cotopaxi), a cargo de la canadiense Atico Mining.

• Se espera que la construcción de la mina comience en 2025.

3. Loma Larga (antes conocido como Quimsacocha) (Azuay), el proyecto está a cargo de la minera canadiense DPM (Dundee Precious Metals). 

• El proyecto estuvo paralizado por falta de una consulta previa, pero en mayo de 2025 la empresa informó que completó el proceso y aseguró que comenzará la construcción de la mina en 2025.

4. Mirador Norte, mina de cobre a gran escala (Zamora Chinchipe), a cargo de la empresa de capitales chinos Ecuacorriente.

• Su construcción está retrasada porque la empresa no llega a acuerdos con el gobierno sobre la construcción de una planta de generación eléctrica.

5. Cascabel, mega mina de cobre subterránea (Imbabura), a cargo de la empresa australiana SolGold. 

• La empresa firmó contrato de explotación en junio de 2024.

6. Cangregos, la mina a gran escala de oro (El Oro), concesionada a Odin Mining Ecuador, filial de la canadiense Lumina Gold. 

• El Gobierno anunció el 25 de junio de 2025, que en pocos días se firmará el contrato para la explotación del proyecto.

¿A qué empresas se le revertirán concesiones?

El Gobierno de Noboa anunció el 2 de junio de 2025, que el Estado volverá a otorgar concesiones, una función del catastro minero que quedó suspendida en enero de 2018, tras presiones de movimientos indígenas y antimineros.

Pero lo hará de manera paulatina. La entrega de nuevas concesiones a la gran minería comenzará recién en 2026, dijo Subía.

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Y dijo que no realizar las inversiones mínimas estipuladas por la ley es una causal de reversión de la concesión minera; es decir, las empresas perderían la concesión de las áreas.

"La subsecretaría de Minería Industrial analizará caso por caso, porque no podemos generalizar, pero para identificar a  aquellos que no han realizado las inversiones mínimas requeridas. Tendremos los informes antes de que se abra el catastro minero en 2026 para este tipo de minería. Primero depuramos  y luego abrimos", dijo.

Según Subía, las empresas que recibieron esas 275 concesiones tenían compromisos de inversión por alrededor de USD 1.300 millones, que no se han materializado.

En febrero de 2025, el Viceministerio de Minas informó que de esos USD 1.300 millones, solo se había ejecutado el 24,14% de ese monto; esto es USD 313,7 millones.