El presidente Daniel Noboa ha dicho a inversionistas extranjeros que impulsará la minería en el país, pero, a la par, crece la oposición de indígenas y activistas.
Durante marzo de 2024, las protestas antimineras, con fuertes enfrentamientos que incluso han dejado heridos, se han reactivado en Ecuador.
Esta oposición plantea un escenario complicado para las mineras internacionales, pero también para el presidente Daniel Noboa, que apoya el trabajo de estas industrias.
El pasado 4 de marzo, Noboa envió un potente mensaje a la industria internacional al asistir al evento más importante del sector, la feria Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).
"La minería es un motor de desarrollo nacional y es por eso por lo que estamos aquí, agradeciendo su apoyo e interés en Ecuador".
Daniel Noboa
La minería industrial es uno de los sectores que más ha crecido en Ecuador desde 2019.
En 2023, las exportaciones mineras alcanzaron los USD 3.324 millones; 20% más que en 2022, principalmente por la producción de dos minas a gran escala en Zamora Chinchipe: Mirador y Fruta del Norte.
Noboa está a favor de la minería
Stevie Gamboa, abogado especialista en el sector minero, explica que Noboa envió un mensaje de confianza a las empresas mineras en la PDAC al prometer que el catastro minero volverá a otorgar nuevas concesiones a finales de 2025.
Si la promesa se cumple podrían llegar nuevos capitales al país e incluso las empresas que ya están en Ecuador realizando exploración podrían ampliar sus áreas de trabajo, añade.
Ecuador no ha otorgado nuevas concesiones mineras desde 2018, cuando el catastro minero dejó de realizar esa función.
Consulta ambiental despertó las protestas
La consulta ambiental es una de las primeras mechas encendidas en el Gobierno de Daniel Noboa.
Este tipo de consulta es un paso previo para que el Ministerio del ramo apruebe las licencias ambientales de proyectos mineros. Pero también se requiere para proyectos de otros sectores, como camaroneras, plantas de tratamiento y gasolineras, explica el exviceministro de minas, Fernando Benalcázar.
Benalcázar dice que hay confusión en torno al proceso, pues la consulta ambiental no se realiza para consultar si las comunidades están de acuerdo con un proyecto minero.
Este proceso es para que el Ministerio de Ambiente informe sobre los posibles impactos del proyecto y recoja los comentarios. Por eso, no es vinculante.
Desde agosto de 2023, las protestas antimineras habían cesado en Ecuador, pues una decisión de la Corte Constitucional paralizó temporalmente el proceso de consulta ambiental que realizaba el Ministerio de Ambiente.
La consulta ambiental se retomó en diciembre de 2023 y, en marzo de 2024 se ha reactivado la tensión.
En el caso del sector minero, la decisión de la Corte Constitucional, de agosto de 2023, paralizó temporalmente las consultas para dos proyectos de construcción de minas:
- La mina Curipamba-El Domo, en Las Naves, en la provincia de Bolívar.
- Y la mina La Plata, en Palo Quemado, Sigchos, en la provincia de Cotopaxi.
¿Por qué se retomaron las consultas para la minería?
El Gobierno de Guillermo Lasso había emitido en mayo de 2023 el Decreto Ejecutivo No. 754 para regular la consulta ambiental.
Pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó un recurso para que el decreto se declare inconstitucional.
Por eso la Corte Constitucional suspendió temporalmente esas consultas en julio de 2023. Y luego declaró inconstitucional el decreto 754, unos meses después, en noviembre de 2023.
Sin embargo, en ese fallo, la Corte también estableció que mientras no exista una Ley de Consulta Ambiental, la Cartera de Estado puede seguir realizando el proceso de consulta ambiental con los parámetros del decreto 754, dice Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería.
Por eso, el Ministerio de Ambiente del Gobierno de Noboa retomó las consultas ambientales en diciembre de 2023.
En Palo Quemado sigue en tensión
En el caso de Curipamba-El Domo, la consulta se realizó y sin mayores problemas, la empresa a cargo recibió la licencia ambiental en diciembre, explica Benalcázar.
En cambio, Palo Quemado está en Cotopaxi, una zona en donde el movimiento liderado por Iza tiene más fuerza y el dirigente no puede perder esta batalla en esta área, añade.
En el pequeño poblado de Palo Quemado, desde el pasado 11 de marzo de 2024 se ha vuelto a perder la paz por la consulta ambiental. En la zona se han registrado fuertes enfrentamientos.
Los grupos antimineros, que se oponen a que se realice la consulta ambiental en Palo Quemado denuncian ataques y amedrentamiento de la fuerza pública.
Pero quienes apoyan la minería en la zona, porque esperan la creación de plazas de trabajo, dicen que los grupos antimineros son violentos.
Tras dos semanas de enfrentamientos, un juez multicompetente de Sigchos admitió a trámite una acción de protección con medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional de la consulta ambiental en Palo Quemado.
Está previsto que el 2 de abril se realice una audiencia para analizar la acción de protección.
Con este escenario, grupos antimineros y organizaciones como la Conaie también están movilizándose en Quito.
El 26 y el 27 de marzo de 2024 se realizaron protestas.
Ahí, Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, incluso calificó de "ignorante" y "estúpido" a Noboa, por las decisiones que ha tomado su gobierno a favor de la minería.
Años esperando una ley de consulta previa
Otro factor que ha avivado las protestas antimineras es que el Ministerio de Energía emitió el Manual para la operativización de la consulta previa, libre e informada, contenida en el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución para minería.
El manual fue emitido mediante Acuerdo Ministerial 002 del 6 de marzo de 2024.
Y en respuesta, el activista y excandidato presidencial, Yaku Pérez, presentó una acción de inconstitucionalidad de este manual y advirtió que el documento agitará los conflictos medioambientales.
Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, dice que este recurso del Ministerio de Energía no debería ser considerado inconstitucional, porque recoge los criterios de la misma Corte, para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa.
Y añade que, aunque la Corte Constitucional ha dispuesto que el derecho a la consulta previa se debe regular mediante una ley, esto no ha ocurrido.
Por eso, él cree que el manual permite garantizar que, aunque no haya ley, los pueblos ejerzan su derecho a la consulta previa.
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