La Asamblea también enfrenta una revisión de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional tiene sus ojos en la Asamblea. Esa institución evalúa, de momento, un posible incumplimiento de una sentencia, emitida en 2019, en la que la Corte ordenaba que el Legislativo expida leyes orgánicas para la consulta previa y la consulta prelegislativa.

Este seguimiento salió a la luz después de que la misma Corte destituyera a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), justamente, por incumplimiento de una sentencia. La decisión puso fin a un conflicto que venía de casi un año, entre el Consejo, la Asamblea y el Ejecutivo.

Sin embargo, esta nueva decisión de la Corte abrió la posibilidad de que algo similar suceda con la Asamblea, y de que los legisladores lleguen a ser destituidos. Han pasado tres años desde la sentencia sobre la consulta previa y prelegislativa, sin que el Legislativo haya avanzado en el trámite de esos temas.

De hecho, las dos consultas fueron uno de los temas de diálogo en tras el paro nacional de junio de 2022. Entre indígenas y el Gobierno, acordaron que las nuevas normativas comiencen a discutirse el 25 de octubre de 2022. El diálogo debía incluir a la Asamblea; pero aun así, no se han reportado avances.

La sentencia de la Corte daba a la Asamblea el plazo máximo de un año para que emita las nuevas leyes orgánicas, que se cumplían en septiembre de 2020.

La Asamblea se defiende

El 4 de enero de 2023, la Corte Constitucional notificó a la Asamblea con un oficio en el que pide que se remita "un informe detallado y debidamente documentado" sobre los avances que ha hecho en la expedición de las leyes orgánicas que regulen el derecho a la consulta previa y

prelegislativa. Le dan 10 días para hacerlo.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, respondió 20 días después, el 24 de enero de 2023. Y en su oficio, pide a la Corte que le den 15 días más para responder con el informe requerido.

La respuesta de Saquicela llegó después de que Hernán Ulloa, uno de los destituidos por la Corte del CPCCS, hiciera público este caso.

Sin embargo, los legisladores ya se adelantan a asegurar que este caso no es comparable con el del CPCCS destituido.

Esteban Torres, jefe de la bancada PSC, aseguró que a pesar de lo dispuesto en las sentencias de la Corte Constitucional, "nadie puede obligar a la Asamblea a legislar o a votar en cualquier aspecto". Para el legislador, este tipo de disposiciones carecen de eficacia jurídica.

Sin embargo, asegura que sí hay proyectos en trámite sobre estos temas. De hecho, la Comisión de Garantías tramita dos proyectos sobre consulta previa, uno presentado por Bruno Segovia (indep.) y otro por cinco asambleístas de Pachakutik.

Pero esta no es la primera vez que la Asamblea tiene problemas con sentencias de la Corte Constitucional que le disponen que legisle. Una sentencia, por ejemplo, dispuso que cree una ley para el manejo de la pandemia, que nunca llegó a aprobarse. También está pendiente (entre Ejecutivo y Legislativo) la aprobación de una nueva Ley de Aguas.

La situación actual de las consultas

La consulta previa, libre e informada debe aplicarse antes de la ejecución de proyectos extractivos que puedan afectar a comunidades o pueblos indígenas. Está establecida en la Constitución y en instrumentos internacionales.

Sin embargo, no hay una norma que la regule. Esto ha causado que las consultas previas que, según el Gobierno, sí se han aplicado reciban cuestionamientos de las comunidades. Y esto, a su vez, ha derivado en acciones constitucionales que, muchas veces, terminan en la suspensión de los proyectos, como sucedió con el minero Loma Larga.

Aun así, la ley de consulta previa no se concreta. Esta fue una de las principales exigencias en el diálogo después del paro, pero existe un proyecto de ley sobre el tema. Mientras tanto, la moratoria en 15 bloques petroleros se mantiene.

En cuanto a la consulta prelegislativa, el Ejecutivo emitió un decreto que regula la aplicación de este derecho en la construcción de los actos normativos que aprueban las instituciones del Gobierno.

Sin embargo, no hay aún un instrumento para normar la consulta prelegislativa en lo referente a la construcción de leyes. Esto tiene pausado el trabajo de la Asamblea en temas que podrían llegar a afectar a comunidades indígenas.

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