El CAL tiene pendiente la aprobación del reglamento, dispuesto en las reformas a la Ley de la Función Legislativa, para hacer operativa la consulta prelegislativa.
La Constitución de 2008 incluyó entre sus textos la consulta prelegislativa, un mecanismo pensado para que los pueblos y nacionalidades pudieran participar directamente en la elaboración de leyes que les afectaran de alguna manera.
Más de 10 años después, la aplicación de este mecanismo sigue en construcción.
El tema tomó relevancia después de febrero de 2022. Entonces, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Recursos Hídricos, o Ley de Aguas, porque en su construcción no hubo consulta prelegislativa. Los magistrados determinaron que, en el trámite de esa ley, no se cumplieron los estándares constitucionales e internacionales sobre la consulta.
Por los problemas que venía generando la consulta prelegislativa, el tema fue incluidos en las reformas a la Ley de la Función Legislativa, publicadas en noviembre de 2020. Allí se crearon 18 nuevos artículos que buscaban aclarar el funcionamiento de este mecanismo.
Sin embargo, la misma ley establece que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) debe emitir un reglamento para fijar los "aspectos operativos y logísticos". Más de un año después, esta normativa aún no está aprobada, lo que ya genera reclamos.
Qué es la consulta prelegislativa
La Constitución de Montecristi reconoció como uno de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el "ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos".
Es decir que, en el trámite de las leyes que cumplan este enunciado, la Asamblea debería hacer una consulta con los habitantes del territorio afectado antes de aprobar una iniciativa.
La consulta prelegislativa busca "llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas propuestas".
Según la Ley de la Función Legislativa, para que este mecanismo llegue a aplicarse, la comisión que tramita el proyecto debe analizar si este podría afectar derechos colectivos. Si es así, en el informe para primer debate, la comisión debe sugerir la elaboración de una consulta prelegislativa sobre determinados temas del proyecto.
Durante el primer debate del proyecto de ley, el Pleno de la Asamblea deberá votar por la realización de una consulta.
Trabajando sin reglamento
El Pleno de la Asamblea, en el actual período, ha aprobado en primer debate la realización de dos consultas prelegislativas: sobre la Ley de Minería y sobre la Ley de Desarrollo Fronterizo. Pero hay más pendientes, en las que las comisiones prevén que se deberá aplicar:
- Las reformas a la Ley para la Circunscripción Especial Amazónica.
- El Código Integral Agropecuario.
- La Ley de Derechos Lingüísticos.
- El Código de Derechos Colectivos.
Y, de hecho, una iniciativa de reformas a la Ley de Aguas fue archivada el pasado 3 de mayo. El argumento fue que no hubo una consulta prelegislativa.
Pero, la falta del reglamento impide trabajar. Es por ello que, en la reunión que mantuvo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, con los presidentes de las comisiones, ese fue uno de los reclamos.
Tanto Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, como Fernando Cabascango, presidente de Garantías Constitucionales, pidieron a la Presidenta que agilice el trámite de este reglamento.
La Comisión de Biodiversidad, a cargo de las reformas a la Ley de Minería, esperaba comenzar la consulta prelegislativa el 4 de mayo. Pero, aunque instaron al CAL a aprobar dicho reglamento, hasta el momento no está listo.
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