La Asamblea pretende curar todos sus males con reformas 'parche'
La Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa el 8 de mayo de 2019.
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Una vez más, la Asamblea intentará pasar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para corregir los problemas que ese organismo tiene en el ejercicio sus funciones.
Es el tercer intento del Legislativo; las iniciativas aprobadas por el pleno en 2012 y 2017 recibieron objeción total del Ejecutivo y se disolvieron.
Las reformas, sin embargo, son necesarias para arreglar los vacíos que la ley tiene, y para fortalecer tareas, como la fiscalización. Por eso es una de las prioridades del presidente de la Asamblea, César Litardo. Él espera resolveralas en los próximos seis meses, antes de la inscripción de candidaturas para las elecciones de 2021.
La última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es de 2009. La siguiente propuesta, impulsada por Fernando Cordero recibió el veto total del entonces presidente Rafael Correa en 2012.
El presidente Lenín Moreno, el cambio, objetó en los primeros meses de su gobierno toda la iniciativa que había sido impulsara por Gabriela Rivadeneira.
Los problemas sin resolución
Las propuestas enterradas planteaban cambios relacionados en temas como el proceso de consulta prelegislativa, que no está claro ni en la Constitución ni en la ley vigente.
Pero hay temas más operativos que complican a la Asamblea en su trabajo diario, como las ausencias de los legisladores, los constantes y numerosos cambios en el orden del día de las sesiones, o la imposibilidad de sancionar a exministros.
Estos temas se tratan en los 50 proyectos de reformas a la Ley de la Función Legislativa que están en trámite, y que han sido presentados por legisladores de todas las bancadas desde 2017.
Por el momento, hay un informe para segundo debate que reúne parte de estas iniciativas. El presidente Litardo debe convocar a la sesión.
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Asambleístas 'faltones' sin multas importantes
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Un gran problema de la Asamblea es la facilidad que tienen los legisladores para faltar. De hecho, ninguno de los 137 legisladores ha asistido a todas las sesiones del pleno desde mayo de 2017.
La propuesta de reforma archivada en 2017, planteaba multas importantes para los legisladores que no asistan a las sesiones. La propuesta era que los legisladores que acumulen el 40% de faltas durante un mes reciban una multa de hasta el 60% de su salario.
El problema de las ausencias se mantiene. En la reconsideración del juicio político contra Raúl Pérez Torres, el número de asambleístas no llegó a las dos terceras partes de la Asamblea, por lo que la segunda votación aún está pendiente.
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Infinitos cambios en el orden del día
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Las sesiones de la Asamblea Nacional siempre comienzan con el tratamiento de los cambios en el orden del día. En estos se aprueban resoluciones y llamados a comparecencias de las autoridades.
Sin embargo, su trámite demora y hace que las sesiones se alarguen. Si los temas se dejan para el final de una sesión, generalmente quedan suspendidos.
Esto sucedió con el tratamiento de las reformas al Código de la Democracia, que se suspendieron por más de un año. El orden del día incluía el llamado a ministros que, para cuando la sesión se retomó, ya no ocupaban esos cargos.
Para corregir esto, la asambleísta Tanlly Vera (Creo) propuso que los puntos que queden relegados al final de una sesión sean retomados al comenzar la siguiente.
Además, el proyecto que está listo para segundo debate sugiere limitar a tres los cambios en el orden del día en cada sesión.
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El lobby no está normado
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El cabildeo no está normado dentro de la Asamblea. Sin embargo, agencias y empresas lo aplican a través de reuniones y conferencias con legisladores en los temas que les interesa.
La asambleísta Gabriela Larreátegui (SUMA) propuso reformas para que el lobby esté normado y tenga límites establecidos. La iniciativa plantea que las gestiones o actividades para promover o representar intereses particulares sean de carácter público.
La idea es crear un registro de agenda pública que esté disponible para la ciudadanía a través de la web.
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Juicios políticos sin efectos para exministros
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Los ministros pueden ser enjuiciados políticamente hasta un año después de dejar su cargo. El problema para el Legislativo es que cuando resuelven su censura, ya no pueden destituirlos, así que la sanción queda en nada.
La propuesta de los legisladores es que la censura implique la inhabilidad para ejercer cargos públicos por dos años. Con esto, se evitaría que estas personas que fueron censuradas por la Asamblea vuelvan a ejercer como funcionarios.
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La falta de quórum en las comisiones
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Las dificultades para escoger autoridades en las comisiones de los Trabajadores y de Gobiernos Autónomos reveló un vacío legal: la ley no determina qué hacer cuando una mesa legislativa no logra instalarse.
En la Comisión de Gobiernos Autónomos, los legisladores resolvieron no ir a las sesiones para que no puedan instalarse. El problema era que no estaban de acuerdo con el presidente seleccionado, Héctor Yépez (Creo). Después de siete meses, finalmente lograron instalarse.
Mónica Alemán (Revolución Ciudadana) planteó una reforma para que, en estos casos, los legisladores puedan autoconvocarse y escoger a un presidente.
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El trámite de la consulta prelegislativa
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La Constitución determina el derecho de los pueblos y nacionalidades a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
El proceso, sin embargo, no está claro. La primera vez que la consulta se aplicó, en el trámite del proyecto de Ley de Tierras (2014), evidenció que había problemas. Por ejemplo, la Asamblea determinó en ese entonces que los resultados no serían vinculantes.
La Asamblea trató de definir tiempos y detalles en las dos iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que fueron objetadas totalmente. El tema hasta ahora no se resuelve.
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Vía resolución, los legisladores debaten y aprueban un amplio espectro de temas. Esta semana no será la excepción: hoy, martes 10 de septiembre, los 137 legisladores tienen previsto tratar el Proyecto de Resolución para declarar a Santo Domingo capital de la carne de Ecuador.
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