Los asambleístas que integran la mesa legislativa se negaban a reconocer a Héctor Yépez (Creo) como presidente. La comisión recién aprobó su 'plan de trabajo' este 18 de diciembre de 2019.
Los 10 asambleístas de la Comisión de Gobiernos Autónomos estuvieron siete meses sin trabajo. Esa mesa no lograba instalarse desde que Héctor Yépez (Creo) fue seleccionado como presidente, en mayo de 2019. Seis asambleístas pedían su renuncia, lo que mantuvo a la mesa bloqueada.
La comisión logró instalarse, finalmente, el 18 de diciembre de 2019. Durante este lapso, lo único que hizo la mesa fue recibir a funcionarios y ciudadanos. Cada vez que Yépez intentaba instalar una sesión, la mayoría de legisladores faltaba y, por tanto, no había cuórum.
Yépez los convocó 12 veces y ellos no llegaron. El 15 de agosto, tras casi tres meses sin trabajar, intentó aprobar el plan de trabajo. Pero, la llamada fue en vano: otra vez su convocatoria no tuvo acogida.
Los seis legisladores que pedían la renuncia de Yépez y de la vicepresidenta, Wilma Andrade (BIN), eran los socialcristianos Javier Cadena, Raúl Auquilla y Xiomara Zambrano, los correrístas Mónica Alemán y Diego García, y Andrea Yaguana, de Alianza PAIS.
Auquilla y Yaguana fueron los votos necesarios para desbloquear la Comisión de Gobiernos Autónomos. El 18 de diciembre de 2019, se presentaron a la sesión y aprobaron el plan de trabajo.
Auquilla dijo que no había una salida que obligara a Yépez a renunciar y que cambió de opinión pues en su provincia, Loja, había críticas a la falta de trabajo de la comisión. Asegura que, ahora, es necesario redoblar los esfuerzos para despachar el trabajo que acumularon en estos meses.
Un problema que no tiene salida legal
El bloqueo de la Comisión de Gobiernos Autónomos reveló un vacío legal en la Ley Orgánica de la Función Legislativa: ante la falta de trabajo de la mesa, no hay nada que se pudiera hacer.
Seis legisladores pedían la renuncia de Yépez, pero él se negaba a hacerlo. La normativa no daba una salida y, aunque el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) intentó solucionar el problema, ninguna de las partes cedía. Tampoco está establecida ninguna sanción para los asambleístas que no asisten a las sesiones de las comisiones.
Frente a esto, la asambleísta Mónica Alemán (Revolución Ciudadana) propuso una reforma a la Ley de la Función Legislativa. La propuesta plantea que, si no hay consenso en la selección del presidente y vicepresidente de una comisión, la mayoría de miembros puedan autoconvocarse para elegir a estas dignidades.
El trabajo represado
Una de las prioridades de la Comisión de Gobiernos Autónomos será la fiscalización de la deuda del gobierno nacional con los gobiernos autónomos descentralizados.
Yépez dijo que se han enviado pedidos de información al Ministerio de Finanzas, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y los gobiernos seccionales para evaluar este tema.
El plan de trabajo que aprobó la comisión incluye el tratamiento de seis leyes que no tienen aún informe para primer debate:
- Ley de emergencia del agua potable de los cantones de Esmeraldas, Río Verde y Atacames.
- Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social.
- Reformas a la Ley de legalización de tierras.
- Ley regulatoria a las expresiones gráfica callejeras urbanas.
- Ley para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
- Reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
La comisión también tiene pendiente otras reformas al Cootad que ya tienen informe para primer debate. La propuesta está en manos del presidente de la Asamblea, César Litardo (Alianza PAIS), quien debe convocar a la sesión del Pleno para la discusión.
Entre los temas que trata esta reforma está una propuesta de cambio a la fórmula para calcular la asignación de recursos del Presupuesto General a los gobiernos seccionales. Para Auquilla, la actual fórmula es engorrosa y no toma en cuenta que algunas provincias necesitan más que otras cubrir necesidades básicas insatisfechas.
La propuesta de reforma al Cootad incluye también una propuesta de enmienda para que el porcentaje de asignación presupuestaria a los gobiernos autónomos sea mayor.
Esta propuesta es diferente a la que actualmente tramita el pleno, que tiene que ver con que el tamaño de la red vial de las provincias sea un criterio de asignación de recursos del Gobierno Central.
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