La fiscalización de la Asamblea solo llega a enterrar muertos

Política

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

20 Ene - 1:54

El exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, en su ponencia ante el pleno, el 15 de enero de 2020. - Foto: Asamblea

La fiscalización de la Asamblea solo llega a enterrar muertos

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

20 Ene - 1:54

El Legislativo solo ha censurado a dos autoridades en funciones: Carlos Baca Mancheno y Carlos Ochoa. La mayoría de procesos de juicio político se han centrado en exfuncionarios, que no pueden ser destituidos de sus cargos.

La Asamblea Nacional se prepara para su último año en funciones con un balance agridulce en materia de fiscalización: han llevado al pleno a juicio político a seis autoridades, pero solo dos de ellas estaban en funciones.

El último caso, el del exministro de Cultura Raúl Pérez Torres, ilustra la situación. El exfuncionario enfrentó el proceso de control político en el pleno cuando ya no estaba en funciones. Y no logró la censura.

En comparación con el anterior período legislativo, las cifras favorecen a la actual Asamblea. Desde 2017, cuando los legisladores fueron posesionados, nueve juicios políticos han llegado al pleno: seis autoridades fueron destituidas, y tres más, censuradas.

Seis procesos adicionales no lograron pasar de la Comisión de Fiscalización. Entre estos está el juicio impulsado contra el exvicepresidente Jorge Glas. Los últimos corresponden a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y a los vocales del Consejo de la Judicatura de Transición-.

Actualmente está en camino un nuevo juicio contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.

La anterior Asamblea (2013-2017), con una mayoría absoluta del correísmo, no sustanció ningún proceso de control político en el pleno. La falta de fiscalización fue justamente una de las principales críticas de la oposición.

La última censura sucedió en el periodo 2009-2013. La exsuperintendenta de Bancos, Gloria Sabando, fue destituida en 2011.

En cifras, entonces, el actual Legislativo despunta. Pero apenas seis autoridades en funciones (cuatro vocales del Consejo de Participación) han logrado ser destituidas; ninguna de ellas del Ejecutivo.

La censura sin destitución

La Constitución establece que los ministros y principales autoridades del Estado pueden ser enjuiciados políticamente durante sus funciones o hasta un año después de terminado el ejercicio de su cargo.

La censura produce la inmediata destitución de la autoridad, sin embargo no establece qué sucede en el caso de las autoridades que ya no están en funciones.

La interrogante sobre qué pasa con estos funcionarios censurados que ya no están en funciones surgió en el proceso contra el excontralor Carlos Pólit. Su juicio político se sustentó después de que él renunció al cargo y abandonó el país. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Entonces se planteó una reforma legal o incluso constitucional para inhabilitar políticamente a los funcionarios censurados. El tema, sin embargo, no pasó de allí.

Los nueve juicios políticos de la actual Asamblea

El pleno de la Asamblea ha debatido nueve procesos de juicio político, con resultados diferentes. La censura y destitución fue el resultado en tres procesos; en tres no hubo los votos suficientes y en tres más solo hubo censura porque se trataba de autoridades que ya no estaban en funciones.

  • Carlos Pólit, censurado después de huir

    El excontralor del Estado, Carlos Pólit, fue censurado por la Asamblea el 4 de juicio de 2017, después de su renuncia y huida del país.

    Pólit salió de Ecuador en medio del escándalo por audios que lo relacionaban con el esquema de sobornos de Odebrecht. Entre las delaciones de José Conceiçao Santos apareció el nombre del entonces contralor.

  • La destitución del fiscal Baca

    Carlos Baca, fiscal general del Estado, fue el primer funcionario destituido por la Asamblea mediante un proceso de juicio político, mientras estaba en funciones. El 9 de marzo de 2018 el pleno resolvió su separación del cargo, y en la misma sesión los legisladores resolvieron separar a José Serrano de la Presidencia de la Asamblea.

    Baca filtró en una rueda de prensa un audio en el que Serrano y Pólit hablaban de supuestos problemas con la Fiscalía. El audio fue una de las causales para su destitución.

  • Carlos Ochoa, destituído de una institución camino a desaparecer

    El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, fue censurado y destituido el 12 de marzo de 2018. La acusación en su contra fue por incumplimiento de funciones por, supuestamente, haber incumplido la Constitución y leyes como la Orgánica de la Contraloría, del Servicio Público y acuerdos de derechos humanos.

    Dos meses después, en mayo, el Ejecutivo envió a la Asamblea un proyecto de reforma legal para que la Supercom sea eliminada de la Ley de Comunicación. La propuesta se aprobó en octubre.

  • El exministro de Finanzas no llegó a ser censurado

    Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, enfrentó el juicio político en el pleno de la Asamblea el 25 de octubre de 2018. La acusación en su contra se fundamentó en que supuestamente habría movilizado en forma “no convencional” USD 300 millones desde las cuentas de la Reconstrucción hacia la Cuenta Única del Estado.

    Los votos, sin embargo, no fueron suficientes para su censura.

  • Diego García, también censurado fuera del cargo

    El exprocurador general del Estado, Diego García, también fue censurado cuando ya no estaba en funciones. El pleno de la Asamblea resolvió el 16 de enero de 2019.

    Los legisladores, en la resolución, decidieron enviar el expediente de su proceso a la Fiscalía para que inicie una investigación en su contra.

    García fue acusado de no haber realizado una correcta defensa del Estado en el proceso judicial en contra del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

  • El proceso en contra de la entonces secretaria general de la ONU

    El pleno de la Asamblea realizó el 5 de junio de 2019 el juicio político en contra la excanciller María Fernanda Espinosa, que entonces ocupaba el cargo de secretaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Espinosa atendió a la sesión mediante video conferencia. La principal acusación en su contra se relacionaba con la frontera norte y su supuesta falta de defensa de los intereses del Estado durante la crisis, que terminó con la vida de tres periodistas de El Comercio.

    Con los votos del oficialismo en contra, Espinosa no fue censurada.

  • La exiministra de Salud, censurada en la reconsideración

    Verónica Espinosa, exministra de Salud, fue censurada en una sorpresiva reconsideración de la votación en el pleno de la Asamblea el 14 de agosto de 2019. 

    El día del juicio político, los votos no fueron suficientes para lograr la censura de la exfuncionaria. Ella era acusada de incumplimiento de funciones por problemas con las pruebas de VIH, adquiridas por el Ministerio.

    Sin embargo, dos días después, la legisladora Mae Montaño propuso la reconsideración de la votación. En esta segunda votación, Espinosa fue censurada.

  • Cuatro miembros del CPCCS, separados de sus puestos

    El sacerdote José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio fueron destituidos por el pleno de la Asamblea el 14 de agosto de 2019. Los cuatro funcionarios llevaban cerca de un mes en funciones, y fueron seleccionados mediante votación.

    La acusación en su contra fue por incumplimiento de funciones, por irrespetar un dictamen de la Corte Constitucional. Este determinó que las decisiones del Consejo de Participación Transitorio no podían ser revisadas. 

    Tuárez fue detenido en noviembre de 2019, acusado de tráfico de influencias.

  • Otra censura fallida, contra Raúl Pérez Torres

    El exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, asistió a la Asamblea el 16 de enero de 2020 para defenderse de las acusaciones en el juicio político en su contra. Los votos de los legisladores, sin embargo, no alcanzaron para la censura.

    La acusación era por un supuesto incumplimiento de la Ley de Cultura y su Reglamento, en lo que respecta a la asignación del presupuesto para la sede y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). 

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