Los audios filtrados se usan como armas para el escándalo político

Política

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

17 Ene - 0:05

Los audios filtrados se usan como armas para el escándalo político

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

17 Ene - 0:05

Las grabaciones de conversaciones entre autoridades públicas han servido para crear escándalos. En un par de ocasiones incluso para alejar a sus protagonistas de la administración pública. Sin embargo, nunca se ha llegado a la judicialización efectiva del contenido de los diálogos ni se investigó cómo fueron conseguidos.

Este periodo gubernamental ha estado marcado por una tendencia tecnológica: los audios. Las filtraciones de conversaciones privadas han provocado varios escándalos políticos en los últimos dos años. Ni siquiera el presidente Lenín Moreno se ha salvado.

La primera víctima de una filtración de estas fue Eduardo Mangas, cuando era Secretario General de la Presidencia y mano derecha del Presidente. El esposo de la excanciller María Fernanda Espinosa dejó el cargo tras la polémica revelación de una conversación suya.

En dicha grabación de 33 minutos se lo escuchaba hablando de los resultados presidenciales de 2017, la imposición de la candidatura del vicepresidente Jorge Glas. Además de los casos de corrupción del régimen anterior, el proceso de diálogo del Gobierno, los asesores del expresidente Rafael Correa, la ruptura dentro de Alianza PAIS, entre otros temas.

Doce días después del escándalo llegó su renuncia. A tan solo seis meses de haber llegado al poder de la mano de Moreno, la filtración lo alejaba de la administración pública.

Mangas se mantuvo en que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y rechazó “la grabación ilegal y su manipulación como forma de hacer política”.

Después del suyo, los casos siguieron.

El patrón es el mismo siempre: la atención de la opinión pública se centra en el escándalo político momentáneamente, se advierten investigaciones o se plantean denuncias ante la Fiscalía. Meses después no hay novedades procesales y estalla una nueva polémica.

El argumento de Mangas, sobre el uso de un audio para hacer política, tuvo su ejemplo durante una pugna política entre los entonces fiscal General, Carlos Baca Mancheno, y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, en febrero de 2018.

En medio de cuestionamientos a su gestión, Baca Mancheno reveló una grabación de una conversación telefónica entre Serrano y el contralor prófugo en Miami, Carlos Pólit, en la que hablaban de la necesidad de “bajarse” al Fiscal.

La pelea entre ambos funcionarios resultó en que Serrano perdió la titularidad del Parlamento, aunque mantuvo el cargo de legislador. Y la Asamblea Nacional inició un juicio político en contra de Baca Mancheno, quien finalmente fue censurado y destituido.

¿Oportunismo político o interés fiscalizador?

Esteban Nicholls, doctor en Ciencias Políticas, explica que cuando se dan estas filtraciones se esperaría que haya por detrás un genuino interés fiscalizador. Pero que los antecedentes recientes demuestran lo contrario.

Los audios compartidos de manera anónima, por ejemplo, son “jugadas políticas que se ventilan cuando no se puede discernir tras bastidores”. Y que no siempre llegan a ser procesadas judicialmente.

Para el académico el uso de estos audios tiene una evidente su dimensión política, que probablemente “deriva de una división interna entre amigos” y que pone sombras de duda, o al menos suspicacia, sobre el escenario político. Por ejemplo, en última instancia las próximas elecciones presidenciales de 2021.

La primera filtración de este año fue presentada por la legisladora Jeannine Cruz durante el proceso de juicio político que se lleva adelante en contra de la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

El audio completo dura 10 minutos, pero la Comisión de Fiscalización lo escuchará de forma reservada. Según la asambleísta, las evidencias llegaron a su despacho y demuestran como un funcionario del CNE intervenía en procesos electorales.

Para descartar un caso de oportunismo político hay preguntas clave, según Nicholls: cuándo fueron descubiertos los audios, cuánto tiempo han estado en la mano de las autoridades correspondientes, cómo se hicieron.

Preocupa más el ‘espionaje’

La reacción habitual de los afectados por las filtraciones es dejar de lado el contenido y exigir a las autoridades respectivas iniciar investigaciones sobre cómo se obtuvieron las grabaciones y cómo se hicieron.

Esto fue lo que pasó cuando, a finales de 2018, se filtró el audio de una reunión del presidente Lenín Moreno con el Consejo de Seguridad. La cita se dio en abril de 2018, durante el secuestro del equipo periodístico de El Comercio.

En la grabación, el Mandatario hablaba de que sentía “muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación“, pero “creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado”.

Después del escándalo que causó el audio, las autoridades del Consejo de Seguridad y de Carondelet advirtieron con las repercusiones que sufriría quien divulgó la grabación porque habría investigaciones.

El Presidente incluso prometió desclasificar la información de la reunión y del caso, lo cual no ha sucedido hasta la fecha.

El juego político aquí se conduce muchas veces por puñaladas por la espalda, de alianzas que se rompen, alianzas que no son de corte ideológico.

Esteban Nicholls, doctor en Ciencias Políticas

Cuando la víctima de las grabaciones ocultas fue la extitular de la Asamblea Nacional también se habló de un caso de espionaje. En marzo del año pasado, se filtró una conversación entre la oficialista Elizabeth Cabezas y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Las funcionarias trataban sobre la votación de una moción planteada por el asambleísta correísta Ronny Aleaga, para tratar una denuncia en contra del presidente Moreno. Esto derivó en investigaciones dentro del Parlamento, para intentar dirimir cómo se había grabado la conversación.

Sin embargo, ninguna de las investigaciones abiertas o anunciadas sobre las distintas filtraciones ha dado resultados.

Pero una vez en las redes sociales, las grabaciones han servido, generalmente, para crear polémicas, que en varios casos han costado el puesto de los funcionarios cuestionados. Aunque tampoco ha habido procesos judiciales que fiscalicen el el contenido de las conversaciones.

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