La Comisión advirtió que “observará” las decisiones que tomen Ecuador y Colombia. Los familiares de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas y organizaciones de la sociedad civil también seguirán de cerca las acciones que implementen ambos estados en las investigaciones sobre el secuestro y asesinato de los periodistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) garantizó que no abandonará el caso. La entidad hará un seguimiento de las acciones y respuestas que los gobiernos de Ecuador y Colombia den al informe elaborado por el Equipo de Seguimiento Especial.
Ese documento fue presentado, ayer miércoles 12 de diciembre en Washington. En el evento participó Esmeralda Arosemena, presidenta del organismo regional.
Delante de los familiares de las víctimas, la funcionaria aseguró a los embajadores y delegados de los gobiernos de Ecuador y Colombia que el informe “no va a quedar en el aire ni en la nada”.
Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, agregó que esperan que las conclusiones y recomendaciones en materia de justicia sean “ejemplares” para una región con altas tasas de impunidad y violencia en contra de periodistas.
El documento detalla lo sucedido antes, durante y después del secuestro y asesinato del equipo periodístico que viajó a Mataje (provincia de Esmeraldas), en marzo de 2018, para cubrir la crisis de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana.
Las conclusiones son extensas y las recomendaciones precisas. Ambas apuntan a la responsabilidad de los Estados de mantener la seguridad en la frontera, enfrentar a los grupos armados y delictivos, garantizar el ejercicio periodístico y de avanzar y concluir las investigaciones sobre el caso.
El abogado y representante de las familias, Juan Pablo Albán, dijo a PRIMICIAS que harán un requerimiento formal para que se mantenga abierto el proceso de seguimiento de la CIDH, mientras los países no establezcan lo que pasó.
Dijo que confían en la palabra de la presidenta del organismo y en que, aunque los Estados lo soliciten, no se levanten las medidas cautelares otorgadas en 2018. ¿Por qué? Albán recuerda que según la CIDH las medidas estarán vigentes hasta el esclarecimiento de los hechos. Lo cual no ha ocurrido.
Además, después de escuchar el informe, el abogado espera que la misma Comisión establezca un proceso de seguimiento directo a las investigaciones en Colombia y Ecuador, cada seis meses o cada año.
Mientras tanto, las familias están evaluando el escenario y mantendrán reuniones con sus equipos de representantes. Tras 21 meses del secuestro y el asesinato de las víctimas, faltan respuestas de las autoridades y hay dos posibles vías de acción:
- Dentro de cada Estado, por vía contencioso administrativa,
- Y en sede internacional, como demanda ante la misma CIDH o la ONU.
Mire aquí la cronología del caso elaborada por la FLIP:
La reacción de Ecuador y Colombia
Durante la lectura del informe, el Estado ecuatoriano estuvo representado por el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Játiva, el subdirector Nacional de DD. HH. de la Procuraduría, Carlos Espín, y el subsecretario de la Secretaría de DD. HH., Juan Pablo Morales.
El diplomático se encargó de los saludos protocolares y agradecimientos por el trabajo del Equipo de Seguimiento Especial. Mientras tanto, Espín hizo un resumen de ese trabajo y Morales recordó la apertura del Gobierno hacia el Sistema Interamericano y ofreció que las autoridades competentes revisarán el documento y tomarán las medidas.
Sin embargo, en el informe sobre el caso, se señala que Ecuador observó las facultades del Equipo, por lo que no puede: “determinar la existencia de posibles violaciones de derechos; individualizar víctimas; sugerir una reparación a las mismas, como si el ESE se tratara de un organismo con las atribuciones convencionales y exclusivas de la CIDH”.
Por su parte, el Estado de Colombia estuvo representado por el embajador Alejandro Núñez, quien no esquivó dar una primera respuesta al informe, aunque fuera de forma preliminar.
El diplomático colombiano dijo que a lo dicho por el ESE le “falta a la objetividad y rigurosidad”, por tomar en cuenta información e investigaciones periodísticas. E hizo un llamado a la CIDH para mantener en reserva el informe final y sus anexos, porque “gran parte de información aportada por los estados es de alta sensibilidad para el desarrollo exitoso de las investigaciones penales” del caso.
Además, se quejó de que el documento tiene información sobre seguridad nacional y pública, relaciones internacionales, prevención e investigación de delitos, sobre el debido proceso y la administración de justicia.
“Por parte del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) se hace una valoración de tipo judicial y se emiten juicios de valor como si se tratara de una instancia penal internacional“, lo cual desvirtúa los objetivos para los que fue creado, dijo Núñez.
El Estado colombiano considera que el ESE excedió el mandato para el que fue creado.
Alejandro Núñez, embajador colombiano
Las conclusiones y recomendaciones de la CIDH
Durante los días del secuestro del equipo periodístico de El Comercio, sus compañeros y familiares realizaron plantones nocturnos frente a Carondelet. @nosfaltan3
Los familiares de Javier, Paúl y Efraín pidieron que el caso no quede en la impunidad y agradecieron el compromiso de la CIDH y el trabajo del ESE. Además, dijeron que este mecanismo de seguimiento crea un precedente para todos los periodistas del continente.
Su abogado, Juan Pablo Albán, descartó los argumentos de los gobiernos, que apelaron a la seguridad nacional y a la extralimitación de mandato, “se pretenda diluir la gravedad de los crímenes perpetrados”.
“No termina hoy, hoy empieza ese proceso de tratar de reconstruir una verdad histórica”, dijo el abogado. Ya que se debe identificar a los responsables del secuestro y asesinato del equipo periodístico, que no son solo individuos particulares, porque “hay omisiones groseras de funcionarios públicos en distintos niveles de la administración en ambos Estados”.
Las conclusiones del informe rechazan las tesis gubernamentales de que los periodistas buscaban a “alias Guacho” y de que fueron secuestrados en Colombia, así como la teoría de Ecuador de que por ello no podía investigar el caso.
Además, si bien hubo colaboración de ambos Estados y financiamiento por parte de Ecuador para el trabajo de investigación, el ESE señala que ninguna autoridad hizo sus mayores esfuerzos en el caso. Por lo que ser requiere un real trabajo conjunto de un equipo especializado entre ambos países, para que compartan toda la información relevante. Lo cual no ha sucedido.
En Colombia, por ejemplo, no se han realizado cotejos balísticos entre los proyectiles recuperados en las fosas, los cuerpos y las armas incautadas a la organización criminal de Oliver Sinisterra. Y ninguno ha tomado en cuenta la información que tienen sobre esta banda, que secuestró al equipo.
El ESE señala como un obstáculo para la investigación la muerte de “alias Guacho”, jefe del Frente Oliver Sinisterra, por parte de los militares colombianos, ya que se debía privilegiar su captura con vida, dada la importancia de su testimonio.
El documento concluye que hubo descoordinación entre militares y policías y falta de prevención frente al riesgo en la frontera colombo-ecuatoriana. Además de que la información sobre el manejo del secuestro y los operativos militares no ha sido desclasificada por ningún Gobierno, pese a los ofrecimientos.
Por eso la CIDH espera que los Estados acaten las recomendaciones de crear una comisión especial que investigue aspectos precisos del caso en cada país. Así como también que los países evalúen una reparación integral para los familiares de Paúl, Efraín y Javier.
Finalmente, el organismo recomienda la creación de un Comité Institucional para la Protección de Periodistas y un protocolo común para intercambiar información sobre las zonas de frontera.
El 19 de abril de 2018 se realizó una multitudinaria marcha en Quito, para exigir una respuesta del Estado frente al secuestro del equipo periodístico. @nosfaltan3
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