El gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con grupos indígenas para declarar una moratoria temporal en 16 bloques petroleros, dijo el miércoles el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera.
El anuncio marca un punto de inflexión en las negociaciones para evitar nuevas protestas, pero también complica la política petrolera y minera del presidente Guillermo Lasso.
El presidente Lasso abrió un diálogo de 90 días para discutir la implementación de un acuerdo que puso fin en junio a más de dos semanas de protestas indígenas.
Los grupos indígenas exigían una moratoria completa a las actividades extractivas y que se declaren nulas las concesiones en zonas sensibles.
Lasso acordó suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas de protección ambiental y zonas arqueológicas.
“Damos una muestra como Estado que estamos cediendo a la petición”, añadió el ministro Vera.
La moratoria afectará a 16 bloques petroleros en el suroriente del país donde, sin embargo, no se realizan operaciones de exploración y producción.
También hay un preacuerdo para no ampliar las áreas de los bloques petroleros 14, 17, 61, 31, 43, 12 y 16, según Vera.
La medida estará vigente hasta que se establezca una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas, explicó el ministro.
Moratoria de títulos mineros
De manera similar, el Gobierno no otorgará más títulos mineros hasta que se apruebe la ley de consulta previa, dijo Vera, agregando que podría aprobarse en los próximos 12 meses.
“Nuestra posición es no a la minería, ese el punto de inicio y a partir de ahí se verá la propuesta del Gobierno”, dijo Gilberto Talahua, presidente del movimiento indígena de Bolívar, donde se ubica el proyecto Curipamba, que se convertirá en la tercera mina del país.
Los acuerdos relacionados con el petróleo y la minería podrían firmarse el viernes.
Para el viernes también se espera la firma de los acuerdos que se alcancen sobre producción agrícola y subsidios a los combustibles, dijeron los ministros que participan en el diálogo.
El Ministerio del Ambiente acordó no emitir nuevas licencias ambientales para actividades mineras hasta que no haya una normativa de consulta ambiental.
El texto de esta normativa estaría ya está casi listo para ser aprobado bajo la figura de Decreto Ley, por el presidente Lasso.
La mesa técnica de Consulta Ambiental será conformada el 21 de septiembre.
El Gobierno también ha puesto como ofertas hacer reformas a las leyes de Hidrocarburos y de Minería, aunque Vera declinó dar más detalles al respecto.
El fantasma de las protestas
El único acuerdo firmado hasta ahora es sobre la condonación de deudas a los pequeños agricultores, y algunos líderes indígenas han amenazado con abandonar las negociaciones.
“Puede ser como un juego del Gobierno y no nos queda otro camino que nuevamente la presencia en las calles”, dijo a Reuters Blanca Chancoso, expresidenta de la organización indígena Ecuarunari.
“Para nosotros el paro no se ha terminado. Esperamos que (la negociación) no sea solamente un desgaste”, agregó.
Otras áreas de negociación, que se prevé duren hasta mediados de octubre, son los controles de precios en más de 40 productos.
El Gobierno ha dicho que está comprometido con todas las demandas de los grupos sociales, pero destacó que estos no obtendrán todo lo que quieren.
Sin embargo, el exministro de Energía, Fernando Santos, dijo a Reuters que no está seguro de que se pueda llegar a un acuerdo exitoso.
“Al Gobierno lo veo débil y el presidente Lasso es una persona bastante orgullosa y no va a ceder, ni de casualidad, a las demandas indígenas y el señor Iza también está con una posición triunfalista que quiere todo o nada”, dijo Santos en referencia al líder indígena Leonidas Iza.
“Veo días difíciles”, sostuvo Santos, y agregó que la actividad petrolera y minera podrían estancarse durante el gobierno de Lasso.
El Gobierno aseguró que las conversaciones están avanzando en el tema de los subsidios a los combustibles, que este año costarán alrededor de USD 3.800 millones.
Es un valor que supera los presupuestos públicos anuales para salud, educación y seguridad.
Se revisarán cupos para la gasolina y el diésel, pero el Gobierno dice que el subsidio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) no se tocará.
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