Nueva Ley otorga al Gobierno amplias facultades para caducar concesiones mineras, ¿cuáles son los cambios?
La Ley de Transparencia Social o Ley de Fundaciones endurece las causales para caducar concesiones mineras, por ejemplo, por daño ambiental o por falta de inversión.
Imagen referencial de la mina a gran escala Mirador, en Zamora Chinchipe, archivo.
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La nueva Ley Orgánica de Transparencia Social (conocida también como Ley de Fundaciones) incluye reformas a la Ley de Minería, con lo que ahora se otorgan amplias facultades al Gobierno para caducar concesiones mineras, inclusive aquellas en las que las empresas ya están extrayendo minerales.
Esta nueva Ley, presentada por el Presidente Daniel Noboa fue aprobada en la Asamblea Nacional —como la mayoría de leyes que ha propuesto— y está vigente desde el pasado 28 de agosto de 2025.
¿Pero qué implica la caducidad? La concesión minera vuelve a estar libre con lo que podría entregar esa área a otro peticionario, explica el abogado especialista en minería Juan Fernando Larrea.
Por ahora, en Ecuador existen 1.536 concesiones mineras, incluyendo aquellas para extraer minerales metálicos y no metálicos sobre 1'088.865 hectáreas; esto es alrededor del 7% del territorio nacional.
El 33% del territorio concesionado corresponde al régimen de minería metálica a gran escala.
Larrea explica que antes de la nueva reforma, la Ley de Minería ya establecía entre las causales de caducidad de la concesión minera, por ejemplo:
- Falta de pago de la patente de conservación, de las regalías mineras y de impuestos.
- No presentar informes de exploración.
- Realizar movimientos mal intencionado de los hitos demarcatorios de las áreas de concesión.
Pero la Ley de Transparencia Social crea nuevas condiciones y en otros casos, endurece las que ya existían.
Caducidad de concesiones mineras por daños ambientales
Uno de los cambios más importantes es que ahora se puede declarar la caducidad cuando el Ministerio de Ambiente y Energía haya calificado y notificado la existencia de daño ambiental en la concesión minera, dice Larrea.
Antes de la reforma la Ley de Minería decía que para establecer daño ambiental se requería una declaración judicial, añade.
La nueva ley además aclara que la caducidad será automática y "de pleno derecho y sin necesidad de tramite adicional alguno" y que el concesionario que no esté de acuerdo podrá "ejercer los recursos y acciones administrativas y jurisdiccionales contemplados en la normativa".
Pero ello no suspende ni interrumpe el trámite de caducidad ya iniciado, aclara Larrea.
Larrea añade que aunque el concesionario pudiera apelar por alguna vía administrativa ante el Ministerio de Ambiente y Energía, resultaría muy difícil que obtenga una resolución a su favor ya que sería la misma entidad la que habría identificado, en primera instancia el presunto daño ambiental.
Otro cambio en la Ley es que el Gobierno podrá caducar la concesión a las empresas que no paguen las tasas que determina la legislación para el sector. Antes solo se mencionaba caducidad por falta de pago de patentes, regalías e impuestos.
Con este cambio se estaría incluyendo a la nueva tasa de fiscalización minera que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) comenzó a cobrar en junio de 2025 tanto a las empresas que recién están haciendo exploración como a las que ya están en etapa de explotación de material.
Así que con la nueva ley, aquellas empresas mineras que no han pagado esta tasa podrían estar exponiéndose a que el Estado les retire la concesión.
Según el Gobierno, la nueva tasa minera podría rendir unos USD 230 millones al año al Fisco, pero PRIMICIAS conoció que hasta lo que va de septiembre de 2025 solo se ha consignado un valor equivalente a un 10% de la meta.
De ahí que la Agencia de Control y Regulación Minero (Arcom) envió más de 1.000 comunicaciones a las empresas mineras para que se pongan al día en el pago de este valor. Caso contrario advierte con iniciar procesos de cobro coactivo, que incluiría congelamiento de cuentas bancarias.
Se trata de una de las medidas más polémicas del Gobierno. La tasa minera acumulaba seis demandas de inconstitucionalidad hasta el 20 de agosto de 2025.
Gobierno castigará a empresas que no invirtieron lo previsto
La Ley también crea una nueva causal de caducidad. Ahora, el Gobierno podrá dictar la caducidad cuando las empresas hayan incumplido con los compromisos de inversión que hicieron cuando recibieron el área de concesión, explica Larrea.
Y esto está dirigido principalmente a las empresas que se dedican a la minería a mediana y gran escala, que son las que más se ha adjudicado concesiones mineras a través de subastas y remates.
Esto ocurrió cuando estaba abierto el catastro minero para que el Estado entregue estas áreas de concesión para explotación, entre 2016 y 2018.
La nueva ley dice que las concesiones mineras obtenidas a través del proceso de subasta y remate caducan cuando la empresa "no hubieren cumplido los montos mínimos de inversión o la inversión comprometida establecida en su postura económica".
Y el texto añade que "es en base a ella (la inversión), que se motiva el acto administrativo de adjudicación y otorgamiento (de la concesión)".
Larrea explica que cuando se hicieron las subastas de concesiones, las empresas presentaban sus propuestas de inversión para un período de cuatro años y con base en eso el Estado adjudicaba las áreas.
Otro cambio que plantea la Ley de Transparencia Social es en el proceso cambios de fase dentro de la actividad minera, también con la intención de incentivar a que se concreten los compromisos de inversión.
Larrea explica que la nueva Ley establece que para que una concesión pase de la etapa de exploración inicial a la de exploración avanzada ahora debe someterse a la verificación por parte de la Arcom del cumplimiento de todas las obligaciones que se establecieron al momento de recibir el área de concesión.
"Es una revisión integral. Se trata de un informe económico y técnico del cumplimiento de todas las obligaciones de ese título minero, de los compromisos planteados en la subasta", menciona el abogado.
Y añade que antes solo se revisaba el cumplimiento de la inversión mínima que iba a realizar la empresa de año en año.
¿Por qué no se han concretado las inversiones?
Y es que tras siete años desde el cierre del catastro minero para la gran y mediana minería, buena parte de las inversiones prometidas no se han concretado, dice el Gobierno.
De ahí que con esta reforma se cumple lo que el viceministro de Minas, Javier Subía, ya había anunciado en junio pasado. En ese momento, Subía dijo que el Gobierno de Noboa analizaba revertir las concesiones a las empresas que están explorando en áreas de concesión y que no han invertido lo que prometieron.
El viceministro dijo que muchas concesiones adjudicadas están "ociosas, haciendo crecer hierba.(...) con escasos avances en la exploración".
"¿Es conveniente que tengamos esas áreas que se entregaron hace ocho años y no se ha avanzado? El país no necesita una exploración que se transforma en una especulación"
Javier Subía, viceministro de Minas
Antes de que se cierre el catastro minero en 2018, se adjudicaron 275 áreas de concesión para gran minería metálica; es decir, para que las empresas exploten materiales como oro, plata y cobre.
Y, según datos del Viceministerio de Minas con corte a febrero de 2025, de esas concesiones solo 69 están en etapa avanzada.
Para Larrea es importante que haya más inversión minera y que se busquen vías para acelerarla. No obstante, explica que hay al menos tres factores que en Ecuador suelen retrasar los planes de inversión de las concesiones que están en exploración, es decir, de donde todavía no se extrae material:
1. La minería ilegal. En Ecuador hay importantes áreas de concesiones mineras que llevan años invadidas por mineros informales, y al estar tomadas por terceros, las empresas no pueden concretar las inversiones previstas.
2. Obtener algunos permisos y autorizaciones toman años. Por ejemplo, un certificado de no afectación de aguas o una autorización de uso de aguas puede tomar entre tres y cuatro años.
3. La licencia social. Hay oposición de comunidades y grupos ambientalistas a la explotación minera en ciertas áreas.
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